Coronavirus: El conurbano ya está a la intemperie

Toda la concordia que parecía estar generando el Covid-19 en la política argentina empezó a extinguirse esta semana en la provincia de Buenos Aires. Bastaron unos encuentros en La Plata entre el gobernador e intendentes del PJ y de Juntos por el Cambio para insinuar la primera pelea por recursos en medio de una pandemiaque, ventajas del aislamiento, todavía no llegó en su versión más cabal. Lo que irritó en los municipios no fueron tanto las explicaciones de Axel Kicillof sobre sus penurias fiscales, que nadie objeta, como el modo en que va a repartir lo poco que hay. "Discrecionalidad objetiva", lo definió él: es la fórmula con que se propone entregar todo lo que sea adicional a los 1000 millones de pesos que ya acordó distribuir entre los 135 municipios y que los jefes comunales juzgan escaso porque, dicen, no representa ni el 5% de lo que necesitan para atenuar los efectos del virus, pagar sueldos y recolectar la basura.

Es cierto que la relación venía mal desde el inicio de la gestión. Pero habían empezado a convivir: los intendentes hablaban directamente con Alberto Fernández e intentaban no incomodarlo. "Yo me preocupo por informar todo a La Plata para que nadie se sienta mal", dijo a este diario el jefe de un municipio peronista no bien terminó la reunión del miércoles. Lo que desestabilizó las cosas fue el anticipo de que el reparto de lo que se ha empezado a prometer, un fondo de unos 8000 millones de pesos que indudablemente necesitará recursos del Tesoro nacional, dependerá de lo que disponga el gobernador según las situaciones reales de cada distrito, y no del Coeficiente Único de Distribución, el modo automático y habitual. "Me está llamando en este momento Teresa García, pero no la voy a atender", dijo esa noche otro intendente que suponía que no había nada que acordar con la ministra de Gobierno bonaerense y que repetía con énfasis el sintagma asimilado: "Discrecionalidad objetiva".

La manta es tan corta que no sería extraño que destapara también a Rodríguez Larreta. Su tregua con la Casa Rosada por los fondos de coparticipación, hija del Covid-19, empezará a alterarse el día en que la discusión pase de la pandemia a sus efectos. Hay, de todos modos, algo evidente: esta crisis dejó al conurbano a la intemperie antes de que llegara la famosa curva de contagios. En todo sentido: por razones estructurales, porque ahí nunca se terminó de cumplir o siquiera empezó verdaderamente la cuarentena, y porque la realidad cayó por su propio peso y no dio tiempo al espíritu constructivo que le reportó a Alberto Fernández un alza en las encuestas sin precedente. Fue la cohesión de todos los sectores de la vida pública, comparable a lo que las sociedades viven en situaciones de catástrofe o guerra, lo que dejó el índice de confianza en el Gobierno que confecciona la Universidad Di Tella en el nivel más alto de los últimos 19 años, solo superado por registros de 2004, apenas asumía Néstor Kirchner. Una escalada festejada por quienes, como el Presidente, llegaron en algún momento del verano a ilusionarse con un remedo de aquellos tiempos. "No entiendo por qué cada vez que llego al gobierno estamos en default. Espero que sea un déjà vu perfecto, salgamos de la deuda y arreglemos", había dicho él ante empresarios en el Hotel Alvear el 4 de marzo, exactamente 24 horas después de que se detectara el primer infectado en el país y cambiara la historia. En su ensayo Horizontes incendiados, Ortega y Gasset compendia las ventajas de una guerra para el alma humana: "Nos pone en contacto con la realidad profunda y esencial, y frente a ella, todas las otras cosas usaderas cobran su debido rango de creaciones transitorias, pierden su mixtificada autoridad y robustez", dice.

Pero ese espíritu no terminó de consolidarse con Kicillof, tal vez porque en la provincia todo es más arduo e inmediato: más que fraternidad, la cuarentena desparramó ahí primero sus efectos económicos. Como si ya no se estuviera viviendo la guerra, sino el día después. Por eso tampoco sorprende la presión de intendentes para que, sin recursos fiscales, algunos sectores puedan volver a trabajar. Es en realidad lo mismo que reclaman las empresas, donde reverbera la pregunta de quién pagará los salarios. ¿Alcanza con emitir moneda y gravar, como pretenden en el Instituto Patria, a las grandes fortunas? ¿O habrá que hacer caso también a iniciativas que empiezan a oírse sobre eventuales instrumentos y aportes del sector financiero, el único de la economía que Kirchner ubicaba en la categoría de intocable? "Sabemos que con la ayuda estatal no va a ser suficiente", dijo a este diario el secretario general de un gremio que participó el martes de una teleconferencia con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y referentes de la Unión Industrial Argentina.

Lejos de apaciguar tensiones, el subsidio para complementar salarios que el Gobierno anunció el domingo las recrudeció: Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, le recriminó al ministro que no les hubiera adelantado la decisión a los sindicatos, que venían de aceptar recortes salariales para los trabajadores suspendidos. Lo lógico es que si el Estado subsidia, el empresario pague lo que corresponde, razonan ahora en la CGT: un 100% del sueldo para quienes se quedan en las casas y un adicional del 20% para los que se arriesgan saliendo a la calle.

Es probable que ninguno de estos planteos prospere. En las empresas los juzgan ajenos a la realidad. Las de alimentos, por ejemplo, los equiparan con una intención gubernamental que seguramente desencadenará más controversias: nuevas prórrogas para los precios máximos ya fijados al 6 de marzo. Es inevitable que la puja, por ahora teórica, termine igual que todos estos controles en el transcurso de la historia económica mundial: faltante de productos. Como el alcohol en las farmacias. Lo que, en cambio, no se pudo intervenir porque opera mayoritariamente en negro, como la oferta y la demanda de frutas y verduras, ajustó por la otra vía, el precio, que dio un salto significativo durante la cuarentena. De poco servirán al respecto el decreto 351, que faculta a intendentes a fiscalizar centros de compra, o el 177, con que Kicillof creó el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales: la emergencia tiene sus reglas.

Como el virus, que atiende solo a las de la física y la química. Son criterios nuevos para la dirigencia política. Que ya ha aceptado que la estrategia elegida por Alberto Fernández, el aislamiento temprano, celebrado en el establishment como acierto, tendrá múltiples contraindicaciones. A la provincia, por ejemplo, le adelantó los tiempos. Un militar retirado del Ejército, organización relevante de ahora en más en territorio bonaerense, recordaba en estos días que, después de las guerras, es siempre más importante la situación de los vivos que el número de muertos. En estado de supervivencia nunca hay mucho que elegir.