Coronavirus: La llegada de una guerra que comenzó a librarse en otros países

Cuando amenaza una crisis sanitaria de dimensiones aún desconocidas, aparecen las consecuencias de una dirigencia política local entusiasmada en perder el tiempo. La catástrofe del coronavirus, que azota ya a importantes países asiáticos y europeos, podría provocar un estrago mucho mayor aquí si llegara en condiciones parecidas a las del hemisferio norte. El sistema de salud pública argentino es endeble y carece de muchos elementos e instrumentos que sí están en los países asolados ahora por la pandemia. No es culpa de este gobierno, ni del anterior, ni del anteúltimo. Desde hace treinta años, la Argentina solo piensa en la crisis económica o en la próxima crisis económica o en el pago de la deuda pública. Las recetas económicas han pasado de la ortodoxia al keynesianismo, del keynesianismo a la heterodoxia y de la heterodoxia a la ortodoxia de nuevo. Ese vaivén explica la inexistencia de un acuerdo común sobre los trazos esenciales de la economía nacional. Y las crisis de la economía deslizan la salud pública o la educación hacia lugares secundarios entre las prioridades de cualquier administración. Hasta que llega la amenaza cierta (casi inevitable) de una epidemia sin vacuna y sin cura.

El ministro de Salud, Ginés González García, les informó a los presidentes de los bloques parlamentarios que su cartera compró todos los respiradores artificiales que había en el mercado. Son 63. Nada. Un número insignificante si se tiene en cuenta los miles de contagios que hubo en Italia, España y Francia. Los hospitales públicos sirven para curar algunas enfermedades (no todas), pero carecen de recursos y de instrumentos para afrontar una epidemia. Solo tiene la capacidad de los médicos argentinos, que son muy buenos en su gran mayoría, y su vocación para enfrentar el desastre en las peores condiciones. En Italia, el país europeo donde parece que la pandemia está fuera de control, los médicos deben decidir quién vive y quién muere por el colapso de los respiradores artificiales. Es una decisión dramática, humanamente desoladora, para los médicos, pero lo es también para la sociedad que padece esos extremos de la crisis. En ese contexto, y con buenos reflejos políticos, el Presidente tomó casi todas las decisiones que ya existen en los países con la crisis mucho más avanzada. Teme, con razón, un incremento exponencial aquí de los contagios, pero aquí no hay un sistema de salud en condiciones de soportar semejante carga. O detiene la epidemia antes de que llegue con dimensiones homéricas o las consecuencias pueden ser devastadoras. En Francia los casos se duplican cada tres días, y en España la situación es parecida o peor. En Italia colapsó la sanidad pública y la privada.

Alberto Fernández se puso personalmente al frente de la crisis. Cerró fronteras, suspendió clases, canceló los vuelos de cabotaje y los viajes de colectivos de media y larga distancia. Solo le falta las restricciones a la circulación de las personas, que llegará, tarde o temprano. La razón por la que no lo hizo todavía es porque necesita que las fábricas funcionen para mantener abastecida a la sociedad. Hay modos de que las fábricas funcionen, como lo están haciendo en los países europeos que ya restringieron la circulación de los ciudadanos. Los empresarios (algunos con ayuda de los gobiernos) se hacen cargo del traslado de sus empleados de manera segura hasta los lugares de trabajo. No hay ninguna razón para que los argentinos vacíen las góndolas de los supermercados, porque las industrias de la alimentación y de los artículos de limpieza están funcionando perfectamente. Aún en el caso de mayores restricciones, también se tomarán medidas para que el abastecimiento no se perjudique. En ningún país las restricciones a la circulación de las personas incluyeron el traslado para las compras esenciales, para concurrir a las farmacias o para ir al médico. Sucederá también aquí. Esas circulaciones necesarias y básicas estarán permitidas, en cualquier caso.

La sociedad debe entender el tamaño de la amenaza. La casa es la mejor vacuna contra el virus hasta ahora, aunque los cambios de la rutina sean siempre fastidiosos. Las madres deben hacer de ayudantes de maestras en las clases virtuales. Los padres deben acomodarse a hábitos a los que no están acostumbrados. La prevención es incómoda -cómo no-, pero la enfermedad es peor. El Presidente se quejó por el abuso del aumento de precios de elementos cruciales (y de precios, en general). Si es así, no habla bien de algunos empresarios argentinos que saben que tienen el mercado a su disposición. El Gobierno debería abrir en el acto la importación de productos más baratos si comprobara que hay especulación. Es la forma más rápida y directa de resolver el problema y defender a la sociedad.

En ese paisaje que exige frenar un crecimiento imponente de los contagios, el comportamiento de la sociedad es, en efecto, fundamental. Algunos argentinos se apuraron a desabastecer los supermercados sin tener en cuenta que otros argentinos se quedaban sin nada. Otros tomaron la suspensión de las clases o las licencias forzadas (por razones de edad o de patologías previas) como unas vacaciones alegremente imprevistas. En ambos casos, hay mucho de irresponsabilidad social. No se tienen en cuenta las necesidades del otro o son indiferentes ante la amenaza de una epidemia implacable. Debe reconocerse, con todo, que lo que prevalece en la sociedad es el temor, cuando no el pánico. Como todo debe decirse, hay que subrayar que todos los sanitaristas e infectólogos sostienen que en el país hay más casos de los que se han informado públicamente. Incluso, subrayan que seguramente hay casos de contagios locales, sin relación con viajes al exterior o con personas que viajaron. El proceso de comprobación mediante un test es muy lento, porque hasta ahora funciona solo en el Instituto Malbrán. Hay 35 lugares en el país en condiciones de tomar las muestras, pero no tienen capacidad todavía para hacer el análisis definitivo.

El Gobierno debe reconocer que la oposición se comportó según los tiempos de crisis. No hubo ninguna crítica ni actitud reprochables por parte de los que militan en la oposición al oficialismo. El Presidente debería hacer un gesto de acercamiento con los principales líderes de la oposición o con los jefes de los bloques parlamentarios de los que no piensan como él. El Congreso no funcionará durante un tiempo previsiblemente largo. ¿Cómo reunir a 250 diputados en un mismo recinto cuando el Gobierno está pidiendo precisamente distancia entre las personas? La ausencia del Parlamente deja al Presidente solo. Esa soledad no es buena en la mala hora. Podría reemplazar las reuniones del Congreso con encuentros personales con la oposición.

Hubo también actitudes inexplicables dentro de las propias instituciones. La Corte Suprema debatió más de lo que debía sobre si declaraba días inhábiles en los tribunales o si decretaba directamente la feria judicial. La mayoría de la Corte, integrada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti (Juan Carlos Maqueda estaba de vacaciones), preferían declarar días inhábiles a los fines procesales, pero no suspender absolutamente el servicio de justicia. Esa decisión estaba en la dirección de lo que decidió el propio presidente Alberto Fernández, que mantiene funcionando a la administración pública. Aquella mayoría promovía también recurrir a los recursos anticíclicos con los que cuenta la Corte para asegurar la salud de jueces, fiscales, funcionarios y empleados de la Justicia. El único que pedía una feria en toda la regla (e indirectamente no usar los fondos extraordinarios) era el expresidente del tribunal Ricardo Lorenzetti, influido también por el influyente Jorge Rizzo, con ascendiente en el Colegio Público de Abogados, y por Julio Piumato, jefe del sindicato de empleados judiciales. Los dos tienen excelente relación con Lorenzetti, quien no asistió a varias reuniones con especialistas convocada por el presidente del cuerpo, Rosenkrantz. Al final, y luego de un forcejeo que duró desde el viernes hasta el lunes, Lorenzetti firmó la acordada que declaraba días inhábiles en los tribunales. La resolución salió por unanimidad. Se resignó a que no habría feria judicial, por ahora al menos.

En la reunión con los bloques opositores, González García dijo que el país está aprendiendo sobre esta epidemia junto con el resto de los países. Es una verdad a medias. La vanguardia del aprendizaje está en Asia y ahora en Europa. La Argentina tiene la ventaja de que la guerra actual, como la bautizó el presidente francés, Emmanuel Macron, se está librando primero en otros países. La Argentina solo tiene que hacer lo que otros países hicieron, algunos tarde y mal. Y tiene la obligación de no ocultar información. La transparencia de los datos es esencial para preservar la democracia y la sociedad de los peores virus.ß