Coronavirus. Caliente como una pava

Gustavo Lazzari, dueño del frigorífico Cárdenas, suele repetir una ironía en las reuniones de Copal, la entidad que nuclea a las alimentarias. Dice que a los camioneros que pretenden cruzar la General Paz les transmite siempre esta recomendación: "Prefiero que les roben el camión, pero no los papeles: no pierdan los papeles". Economista liberal, líder de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados, Lazzari se refiere así a los 16 documentos que los transportistas deben tener cada vez que pasan de la ciudad a la provincia de Buenos Aires con mercadería.

Un clásico de la burocracia argentina. Desacople regulatorio entre jurisdicciones que ahora, en los últimos días, parece haberse extendido a la alta política sindical: a diferencia de lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que conduce Claudio Moroni, la jefa de la cartera laboral de Axel Kicillof, Mara Ruiz Malec, no ha homologado el acuerdo que firmaron el 30 de abril la Unión Industrial Argentina y la CGT. El convenio, basado en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, les permite a las empresas pagarles a empleados suspendidos una suma no remunerativa equivalente al 75% del salario neto. Resultado: aquellas que tienen planta en la provincia de Buenos Aires deben regirse entonces por el mecanismo anterior, el procedimiento preventivo de crisis, que las obliga a justificar en números razones económicas o de fuerza mayor, y los gremios rechazan en territorio bonaerense cualquier alternativa que no sea cobrar el 100%. Dirigentes industriales que se lo reclamaron a Moroni entendieron que no podía hacer nada. "Las provincias son autónomas", les contestó el ministro.

Serían solo diferencias administrativas de un país federal si no gravitara aquí, al mismo tiempo, una puja de cosmovisiones inherente al Frente de Todos. Que convive dentro de la gestión diaria y que se volverá más relevante al momento de decidir el modelo con que, después de la cuarentena, el Gobierno deberá encarar la recuperación. Hasta ahora la nebulosa del Covid disimula la magnitud de la recesión, pero quienes siguen en la UIA los números de la actividad saben que, por ejemplo, mayo será el peor mes fabril desde 2002.

Las grandes crisis obligan a los líderes a buscar soluciones pragmáticas, en general alejadas de ensoñaciones más propias de los tiempos de bonanza. ¿Cuál será aquí el proyecto de despegue?, se preguntan en el establishment económico. ¿A cuál de las pulsiones que conviven en la coalición gobernante le deberían prestar mayor atención: a las de Fernanda Vallejos, que propone nacionalizar acciones de empresas subsidiadas, o a las de Alberto Fernández, que definió anteayer en Formosa la propuesta de la diputada bonaerense como "ideas locas" y que, en cambio, promete una reforma impositiva estructural? Estas dudas explican que los empresarios salgan siempre de reuniones en despachos oficiales con la sensación de que se les ha dicho solo una parte de la verdad. ¿Deberán tomar como última versión las palabras del ministro Martín Guzmán a Carlos Miguens, Paolo Rocca, Luis Pagani, Federico Braun y Miguel Galuccio, que les dijo el miércoles por Zoom que, aunque la renegociación de la deuda estaba todavía a una distancia de 9% entre ambas posturas, el Gobierno haría lo posible por acordar? "Acá muchos quieren creer en Alberto Fernández, pero después leen a Vallejos o a Heller y tienen ganas de levantar todo", se quejó a este diario el presidente de una entidad empresarial.

Creación o distribución de la riqueza: he ahí el dilema pospandemia de un país que genera estructuralmente menos dólares que los que le requiere vivir. El martes, por ejemplo, durante la reunión semanal de la UIA, volvieron a surgir dudas respecto del programa de asistencia a empresas para pagar sueldos. Unas 280 decidieron ya devolverlo a cambio de no someterse a las condiciones que les exige el Gobierno: entre ellas, no comprar dólares mediante operaciones con acciones, no repartir dividendos y no tener conexiones directas o indirectas con paraísos fiscales. En la AFIP niegan haber modificado las reglas respecto de la normativa que regía para los salarios de abril, pero los industriales dicen que al menos las han ampliado. Lo describen así: 1) las pymes de menos de 800 empleados, a las que para recibir el subsidio del mes pasado no se les había pedido nada a cambio, pasaron ahora, para los sueldos de mayo, a tener que cumplir esos requisitos hasta diciembre de 2021; 2) a las compañías con más de 800 trabajadores se les extendió el plazo de exigencias dos años más, hasta diciembre de 2022. Conclusión: las obligaciones se ampliaron en tiempo y en universo de afectados.

Son medidas que se podrían explicar por la falta de recursos del Estado, la frágil situación cambiaria y las normas de control de lavado, pero el establishment intuye otros motivos: que detrás de estas sutilezas anida un componente ideológico que, sobre la base del desprecio a las empresas grandes, complicará cualquier política pública para alivianar los efectos del Covid-19. Prejuicios que la emergencia sanitaria no despejó y que, al contrario, la cuarentena acrecentó. Lazzari, el empresario del chiste de los camiones, es también la voz de un audio que se viralizó esta semana. "Nos obligan a no trabajar, nunca se ha visto en la historia", protesta en una conversación con el periodista Alberto Lotuf en Radio 2, y agrega que el problema de los funcionarios públicos es que, a diferencia de cualquier dueño de una pyme, están habituados a cobrar un ingreso fijo el 30 de cada mes. Lazzari se disculpa en la entrevista por estar "caliente como una pava", pero marca diferencias entre lo que significa una cuarentena para un empresario y para un político: "¡Tienen tiempo para hacer cursos de origami!", se queja. "¿Cuántas pymes habríamos trabajado con los televisores de Massa?", agrega. "Me imaginaba a la diputada Vallejos en este escritorio en el que estoy ahora o a Máximo Kirchner en el taller que tengo enfrente de la fábrica o a, no sé, Lipovetsky, cualquiera, no importa el partido, a cualquier político en un maxikiosco, una pyme, una industria, un campo. Máximo nunca fue a un banco a cubrir un cheque a las 14.50; Cristina Fernández, menos; Alberto Fernández, recontra menos. Cafiero, en esa casa, desde el abuelo, nunca nadie vio físicamente a nadie rajar a un banco".

Son los cuestionamientos de un sector privado molesto y descreído al que, guste o no, el Gobierno deberá apostar para la reactivación. Es cierto que la caída en la actividad y las urgencias de un shock de oferta como el actual obligan por lo general a idear mecanismos para generar riqueza. Aun con los proyectos distributivos más altruistas. Nicolás Maduro anunció esta semana que, por primera vez en años, el gobierno bolivariano deberá cobrarles a los venezolanos la nafta en los surtidores. Las crisis siempre duelen; a veces simplifican.