Coronavirus. La ramificación de la grieta borra el rumbo económico

Después de todo lo que pasó esta semana, el eslogan oficial "Argentina Unida" corre serios riesgos de resquebrajarse. La grieta política, que el presidente Alberto Fernández había prometido cerrar, no sólo se ensanchó en estos días entre el oficialismo y la oposición, sino dentro de cada espacio, donde reaparecieron figuras con facilidad para soltarse la cadena de la moderación en defensa de verdades incomprobables. También esa grieta se ramificó en distintas direcciones debido a la politización de la cuarentena obligatoria en la Capital Federal y el conurbano bonaerense (AMBA), ante la evidencia de que se marcha hacia el tan temido pico de contagios en los barrios más vulnerables con la incógnita de cuánto tiempo más habrá de extenderse.

Hay ahora una grieta sanitaria entre quienes apoyan (80% según una encuesta de D'Alessio/Irol) y rechazan más visiblemente la última prórroga en el AMBA, que además se manifiesta en consignas extremas como "cuarentena o muerte" y "cuarentena o libertad". Y dejan de lado la desigualdad socioeconómica estructural existente desde hace décadas dentro de la CABA y el Gran Buenos Aires, donde el promedio de contagios por circulación local del virus relativiza las diferencias de hábitat y acceso a servicios básicos de la población. Más aún entre el GBA y el resto de la provincia.

Paralelamente, se abre una grieta económica con buena parte del país que está volviendo lentamente a la normalidad (incluso con algunas conductas individuales o grupales irresponsables), pero choca con otras dificultades. No pocas cadenas productivas tienen su primer o último eslabón en el AMBA, que es el principal núcleo de consumo y producción industrial del país, con lo cual en muchos sectores cuesta vincular la oferta con la demanda o viceversa. Por caso, una planta elaboradora de papas fritas congeladas en el conurbano tiene como principales clientes a las cadenas de comida rápida que permanecen cerradas. También allí se registra la mayor caída de volumen en las ventas de combustibles.

No menos importante es la grieta institucional. Cuando se habla de Estado presente (que no suele llegar a tiempo donde más se lo necesita) se está hablando únicamente del Poder Ejecutivo, ya que el Congreso le había delegado numerosas facultades con la ley de emergencia de fin de 2019. Pero, además, el oficialismo elude ahora dar quórum para discutir con la oposición la asignación discrecional del gasto público para atender el impacto de la pandemia, que puede no tener límites mientras se financie con emisión monetaria. Por su lado, el Poder Judicial redujo al mínimo su actividad desde hace más de dos meses, además de dejar al descubierto sus falencias tecnológicas para trabajar a distancia. Un déficit que contribuyó para que Cristina Kirchner avance con el plan de auto-salvataje de las causas judiciales en su contra. Y no impidió que el Presidente anunciara el proyecto de reforma judicial y ampliación de la Corte Suprema.

A la espera del crucial desenlace de la reestructuración de la deuda y con el cepo cambiario recargado debido a la escasez de reservas del Banco Central, se agrega la desconfianza que crea un incipiente y sesgado relato económico que recuerda los peores momentos del segundo mandato de CFK. Una figurita repetida donde el culpable siempre es otro y algunas declaraciones políticas se interpretan como jugadas anticipadas.

El BCRA, por ejemplo, publicó semanas atrás un detallado informe sobre la fuga de capitales entre diciembre de 2015 y de 2019 (US$86.000 millones), a la que atribuye la crisis de endeudamiento de la gestión de Mauricio Macri. Pero el período elegido excluye deliberadamente la que se produjo durante el gobierno de CFK, de similar magnitud y con cepo cambiario incluido. Luego, el bloque K en el Senado anunció que promoverá una investigación de la comisión bicameral sobre el destino de esos fondos.

Este antecedente explica la alarma que causó en el ambiente empresario la insólita iniciativa de la diputada Fernanda Vallejos de transformar la ayuda estatal a las empresas para pagar salarios en una participación accionaria de su propiedad. Sobre todo, cuando Alberto F. tardó dos semanas en negar esa posibilidad al calificarla ahora como una "idea loca".

Pero en el mismo acto en Formosa elogió al gobernador Gildo Insfrán, que lleva 25 años ininterrumpidos en el cargo y se prepara para continuar otros cinco, en una provincia donde la actividad privada es casi inexistente, a diferencia de sus altos niveles de pobreza. Y que literalmente blindó por la cuarentena, salvo el puente que permitió que residentes en Paraguay cruzaran a cobrar el IFE con fondos de la Anses. Una remake de la calificación a Hugo Moyano como "dirigente ejemplar". Difícil encontrar peores ejemplos de democracia y sindicalismo para estimular la inversión privada, que será clave para una recuperación pospandemia.

Cuanto más se ensanche y ramifique la grieta, más lejos estará el consenso político para acordar el rumbo de la economía en los próximos años.

Más temprano que tarde habrá que sincerar que el Estado saldrá más pobre de esta crisis económico- sanitaria debido al desplome de la recaudación tributaria; que la emisión monetaria es como un respirador artificial insostenible durante demasiado tiempo y advertir que las opciones serán un plan de estabilización con amplio respaldo político o un ajuste "por las malas", con una alta inflación mensual que licue salarios, jubilaciones y gasto público; o, peor aún, con riesgos hiperinflacionarios.

El punto de partida acaba de ser graficado en un tuit por el economista Martín Rappetti (de Cippec): el PBI por habitante de la Argentina será en 2020 igual al de 1974. "Casi medio siglo perdido. El mismo ingreso, peor distribución y más pobreza. Un fracaso como sociedad. Busquemos una salida. Sin grietas", propuso.

En la misma línea otro economista, Carlos Leyba - quien cuestionó en los últimos años las políticas del kirchnerismo y el macrismo- sostuvo que con la grieta "los argentinos no podremos lograr un consenso sobre el pasado ni sobre el presente".

"Sí creo -agregó- que es posible acordar los grandes objetivos de un futuro deseado. Es un paso. Seguramente mantendremos un consenso menor, incompleto, sobre el camino, y los instrumentos para lograrlos. Pero en la medida que una política comience a aproximarse a esos objetivos aumentará el consenso sobre las políticas: duplicar el PBI en una década; pleno empleo formal; volver al porcentaje de pobreza y a la distribución del ingreso más equitativa de nuestro pasado; un Estado eficiente con planta optimizada; los resultados educativos más altos de la región; reducir los costos del sistema de salud; terminar con la ?restricción externa' y reducir drásticamente los costos logísticos", enumeró.

Dentro de estas inquietudes académicas sobre el futuro económico, Juan José Llach lanzó, en un reportaje por radio EcoMedios, la idea de reeditar una mesa de diálogo político multisectorial como la convocada en 2002 para buscar salidas a esa crisis. Ahora, con la prioridad de bajar la inflación, atender a los sectores más vulnerables y generar confianza para estimular la inversión y crear empleos genuinos. Y hasta sostuvo que, ante la opción de una emisión de pesos sin límite, preferiría una tercera moneda.