El reseteo de la economía

Nada es lo que era en la economía argentina ni mundial desde que la pandemia de coronavirus pasó a ocupar el centro de la escena. Todo parece antiguo y transitorio aunque haya ocurrido hace apenas una semana. Ninguna medida oficial puede ser considerada la última -como tampoco sus plazos de vigencia-, en medio de la tensión entre la necesidad de un mayor aislamiento social para evitar la espiralización de la curva de contagios (con riesgo de un colapso sanitario) y la de atenuar sus efectos sobre los raquíticos niveles de actividad, empleo e ingresos.

Esta inédita combinación de crisis sanitaria y económica afecta la oferta y demanda de bienes y servicios, obliga a dejar de lado los dogmatismos y a actuar día a día, con prueba y error, como si fuera una guerra contra el "enemigo invisible de la humanidad", según acaba de definirlo la OMS. Cuando está en juego la vida de miles de personas, lo demás pasa a segundo plano.

La cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández, con el apoyo de toda la oposición, es similar a las ya aplicadas por países asiáticos y europeos (en algunos casos demasiado tarde). No solo impone un reseteo de hábitos personales, familiares y laborales, sino también de la macro y la microeconomía durante un lapso todavía incierto. Nadie puede estar seguro de que regirá hasta fin de mes, ya que es prorrogable y por ahora abarca 12 días, de los cuales solo cinco son hábiles. Pero pocas veces como ahora fue más válido el axioma de que vale más prevenir que curar. Máxime en un país que tiene una de las economías más cerradas del mundo y hasta hace pocos días era extremadamente abierto a los flujos turísticos y migratorios. También requiere una amplia responsabilidad individual, sin la cual no puede hablarse de solidaridad social, que en estos días mostró varias y condenables conductas, en contraste con el emotivo "aplausazo" a los médicos y personal sanitario.

En el terreno estrictamente económico, el propio Presidente admitió que el coronavirus provocará una ralentización de la actividad, lo cual es previsible si se considera que solo están exceptuados del aislamiento obligatorio las cadenas de producción, transporte, distribución y comercialización de alimentos; medicamentos y vacunas; productos de higiene y limpieza (todos con sus respectivos insumos); petróleo, gas y combustibles; servicios esenciales y transporte de caudales para garantizar el sistema de pagos. La libre circulación de camiones no deja de ser un avance ya que, poco antes de disponerse la cuarentena, nada menos que siete provincias habían cerrado sus accesos viales y hubieran complicado el abastecimiento de productos agroindustriales.

En cambio, industrias como la automotriz, textil, indumentaria y calzado reducirán al mínimo o frenarán la producción y numerosos rubros del comercio minorista (salvo ferreterías) permanecerán cerrados. Este parate se agrega al que ya venían sufriendo por la pandemia muchos servicios privados.

También Fernández anunció anteanoche medidas de alivio para monotributistas (presumiblemente para las categorías más bajas) y trabajadores informales (en negro), que resultan necesarias en función de la estructura laboral y social argentina, aunque su instrumentación es una incógnita. Según un informe de Idesa, el 55% de los jefes de hogar son empleados en relación de dependencia (16% de los cuales son pobres), en tanto que otro 22% se compone por asalariados no registrados (con 43% de pobreza) y el 23% restante, por cuentapropistas sin ingresos fijos (y 35% de pobres).

Aunque hoy parezca lejano, el paquete anunciado el último martes por los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas incluyó medidas de emergencia dentro de la misma lógica de la ley de fin de diciembre, con cierta dosis de prudencia fiscal, ya que consisten en pagos extras por única vez. Las más inmediatas y concretas son el adicional de $3100 en las asignaciones por hijo y embarazo (junto con una mayor provisión de alimentos a comedores comunitarios) y el bono de $3000 que percibirán en abril los jubilados y pensionados con haberes mínimos, además de la postergación de las deudas con la Anses de ese mes y mayo. Paralelamente, el Banco Central reglamentó la línea especial de crédito a MiPyMEs por $350.000 millones a una tasa de interés de 24% anual para capital de trabajo y flexibilizó los parámetros de clasificación de deudores hasta septiembre.

Dentro de este conjunto de anuncios, están pendientes la eximición de aportes patronales para los sectores más afectados por la crisis (ayer se dispuso la reducción por 90 días solo para prestadores de servicios de salud, que además tendrán un alícuota menor para el impuesto al cheque); la ampliación del programa Repro para evitar despidos en el sector privado; el refuerzo del seguro de desempleo, y el plan de obras públicas por $100.000 millones que debería ejecutarse este año.

Inyección de recursos

La consultora Analytica calcula que la inyección de recursos con estas medidas alcanza a casi $500.000 millones (sin incluir el Repro y con el subsidio de tasa por dos meses) y, aunque llegan a tiempo y van en la dirección correcta, tendrán un impacto de 0,8% en el PBI, que no alcanzaría a contrarrestar la caída de -2/-2,5% estimada ahora para 2020, salvo que surjan nuevas fuentes de financiamiento interno o externo.

Otro reseteo provocado por el Covid-19 es que la controvertida ley de góndolas, sancionada a fin de febrero y promulgada esta semana con un plazo de reglamentación de 90 días, fue reemplazada de hecho por la lista de precios máximos para 2000 productos básicos que regirá por 30 días corridos. Se trata de una medida de efecto político más que práctico, ya que los "precios claros" al 6 de marzo tomados como base no difieren demasiado de los que se exhiben en las góndolas, salvo en pocos casos puntuales. Y los faltantes obedecen más al explosivo incremento de las compras preventivas de los últimos diez días que a una oferta insuficiente solo verificable para el alcohol en gel. Según la consultora Nielsen, solo en la primera semana de marzo las ventas de antisépticos subieron 367%; las de insecticidas, 259%, y las de jabón de tocador, 82%, comparadas con enero de este año.

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