El ENRE y el Enargas aún esperan a sus interventores

Juan José Carbajales estrenó su designación oficial como subsecretario de Hidrocarburos en una reunión que tuvo el mismo día con la Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), la cámara que agrupa a Metrogas, Camuzzi y Naturgy, entre otras empresas de distribución. Allí, el funcionario les adelantó que las designaciones de los interventores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) están próximas a salir.

Se trata de los dos organismos que tienen actualmente como presidentes designados por concurso a Andrés Chambouleyron (ENRE) y a Mauricio Roitman (Enargas), pero que la ley de solidaridad y reactivación productiva le permite al Gobierno intervenir por un año. Fuentes oficiales confirmaron que las designaciones son "inminentes", aunque no se puede precisar cuándo saldrán porque deben ser publicadas por decreto.

La idea del Gobierno, además, es avanzar en una actualización de las tarifas en los próximos meses, incluso podría ser antes de que se cumpla el plazo máximo de hasta 180 días, que la ley estableció para el congelamiento de los servicios de gas y electricidad. "Puede ser que se resuelva en dos o tres meses. Queremos darlo por cerrado y volver a la normalidad los antes posible", comentó un funcionario.

Esto significa no implementar una nueva revisión tarifa integral (RTI), como se hizo en 2016, tras convocar una audiencia pública para llevar adelante el seguimiento de las tarifas por el período 2017-2022. En este caso, el Gobierno busca establecer una adenda que permita actualizar los valores y dejar todo preparado para cuando haya que hacer la nueva revisión quinquenal en dos años.

Por ahora, lo único concreto es que los aumentos serán por debajo de la inflación pasada. "No queremos ni congelamiento total ni aumentos desmedidos como sucedió en la gestión anterior", indicaron fuentes oficiales.

La idea de intervenir los entes para llevar adelante esta política hizo ruido en el sector. En el Gobierno explicaron que se dio en "un marco de emergencia más general y que fue una decisión política", pero que la idea "no es intervenir los organismos por cinco años, como se hizo en el pasado".

Para las empresas de distribución fue un alivio escuchar palabras similares de parte de Carbajales en la reunión. "Nos dijeron que la intervención de la tarifa no se iba a prolongar en el tiempo, sino que iban a trabajar rápido porque establecer el nuevo cuadro tarifario era de máxima prioridad para ellos", señalaron en una de las distribuidoras que participaron del encuentro.

La tarea no será sencilla. Las empresas señalan que tienen un atraso en la actualización de la tarifa que en noviembre era del 40%. Esto también es así para la parte de transporte de gas, donde operan TGN y TGS. Ambos componentes de la boleta representan el 35% de la tarifa total. El resto se compone entre un 40% que pesa el precio del insumo mismo (el gas) y el 25% restante son impuestos.

En la reunión, Carbajales les pidió a las empresas que le lleven propuestas para desarrollar el sector y promover el consumo interno. Una de las opciones que se habló fue la de fomentar el uso de gas licuado para transporte.

"Fue una reunión larga, de una hora y media aproximadamente, con un diálogo muy bueno. Carbajales indicó que quieren manejarse con mucha rapidez y que los 180 días era una fecha tope para cerrar esta revisión tarifaria. Insistió en la política de proteger a los que menos tienen y entonces se habló de que había espacio para mejorar y profundizar la tarifa social, como un vehículo para los que menos tienen", comentó uno de los presentes.

Una cuestión que entrará en la discusión es cómo establecer el precio del gas luego del 31 de marzo. Hasta esa fecha todavía está vigente el valor que surgió de la subasta del año pasado, de US$4,5 por millón de BTU (unidad de medida inglesa que se utiliza en el sector) a un tipo de cambio de $41, lo que en la práctica significa un precio de US$3,075, ya que el dólar mayorista se comercializa a casi $60. El tipo de cambio se tendría que haber actualizado en octubre, con la RTI, a un valor de $56, pero esta decisión también se pospuso.

Los estacioneros rechazan el pago de $4000

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) envió una carta al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en la cual le solicitan que las estaciones de servicio del país sean eximidas del pago del incremento solidario de $4000 que decretó el Gobierno. Según explicaron, en el periodo de abril de 2019 a marzo de 2020, los salarios acumularán un incremento del 55,78%, por arriba de la inflación. "El 'incremento solidario' agrava nuestra situación; si bien entendemos el objetivo, hay estaciones de servicio que no tienen espaldas para seguir asumiendo cada vez más erogaciones, máxime si la relación precio por volumen no revierte su vigente plena caída", señalaron en la carta.

55,78% suba del salario

Es el incremento que tendrán los empleados de las estaciones de servicio entre abril de 2019 y marzo de 2020, según Cecha.