WhatsApp promete resistir, pero todo indica que la manipulación continuará

El domingo pasado, WhatsApp anunció que empezará a demandar judicialmente a las personas o entidades que realicen envíos masivos de mensajes a través de esa plataforma. Se trata de una admisión tardía por parte de WhatsApp de que en el mundo se ha instalado una industria de envíos automatizado de millones de mensajes, difundiendo fake news (noticias falsas) o simplemente propaganda política en grupos cerrados, imposibles de ser monitoreados.

La legislación electoral de la mayoría de los países no contempla ninguna herramienta para lidiar con este nuevo uso de las redes sociales para hacer propaganda política o desinformar.

A fines del año pasado, el diario Folha de São Paulo comenzó a publicar una serie de informes detallando el submundo de las campañas políticas en las redes sociales. En octubre, esos informes revelaron que las empresas estaban comprando paquetes de mensajes contra el PT (Partido de los Trabajadores) de las agencias de marketing y que preparaban una gran operación en la semana anterior al ballottage. La campaña de Jair Bolsonaro negó tener conocimiento de los mensajes en masa enviados por las agencias QuickMobile, CrocServices y Yacows.

Una semana después, la proveedora de internet UOL reveló que el PT también usó el sistema de envío de mensajes en masa, aunque sin ser financiado por empresarios. En diciembre, Folha reveló que una red de empresas recurrió al uso de nombres falsos y números de CUIT de ancianos para registrar celulares y garantizar el envío masivo de mensajes en beneficio de políticos.

En ese momento, el entonces candidato Bolsonaro negó cualquier participación. "Si hay algún empresario simpatizante conmigo que está haciendo eso, está fuera de mi control. Sé que va contra la ley. Pero no tengo control ni manera de tomar recaudos", dijo Bolsonaro, quien tiempo más tarde tildó el informe de Folha como fake news.

En Brasil está prohibido el aporte de empresas a las campañas y también son ilegales las donaciones no declaradas de personas físicas.

Además, solo un equipo de campaña oficial puede contratar servicios para impulsar contenidos electorales en las redes: ni los empresarios, ni los patrocinadores, ni ninguna otra organización no ligada de manera directa con los partidos o candidatos tienen permitido pagar para que esos contenidos se difundan por las redes. También está prohibido el uso de herramientas de automatización.

Aunque todo eso está vedado por la ley, durante la última campaña brasileña ocurrió en cantidades industriales. Y todo indica que volverá a ocurrir en la próxima campaña para las elecciones municipales de 2020, aun después de las promesas de WhatsApp de demandar judicialmente a todo aquel que use la plataforma con fines anormales.

Esa fiscalización no puede quedar solamente en manos de las empresas tecnológicas. Es necesario que las autoridades electorales entiendan que estas nuevas tecnologías de hecho son usadas en las campañas y que deben controlarlas. Uno de los grandes problemas es la dificultad de contabilizar los gastos de campaña en las redes efectuados por terceros en favor de los candidatos.

Las señales no son nada alentadoras. En Brasil, las investigaciones avanzan a paso de tortuga. Ocho meses después de que el Tribunal Superior Electoral impulsara una investigación por los mensajes masivos contra el PT, ni una sola persona fue citada a dar testimonio.

Todo indica que las campañas de manipulación de la opinión pública se llevarán a cabo libremente, sin interferencia de las autoridades.

Patricia Campos Mello