El Gobierno excluye al sector público de la doble indemnización y revisa contratos

Con la mira en un conjunto de funcionarios de la gestión de Mauricio Macri que se niegan a abandonar sus cargos y reclaman su continuidad laboral o un fuerte resarcimiento económico, el Gobierno dejó ayer sin efecto el pago de la doble indemnización por despidos sin justa causa en el sector público.

Ayer, a través del decreto 156, se limitó el alcance de la doble indemnización solo al sector privado (tiene vigencia hasta junio) con la finalidad de avanzar con algunos recortes en la administración pública, según averiguó LA NACION. La iniciativa se conoce luego de que funcionarios de la administración anterior reclamaron ese beneficio.

La normativa publicada ayer en el Boletín Oficial señala: "Al disponer la doble indemnización se aludió a la dinámica del empleo asalariado registrado privado". Por lo tanto, advirtió el Poder Ejecutivo, "una interpretación que condujera a extender los alcances del referido decreto al ámbito del sector público nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma".

"No obstante ello, resulta necesario aclarar el alcance de esta última en lo referido al universo de las trabajadoras o trabajadores alcanzados, a fin de evitar eventuales distorsiones en la recta aplicación de aquélla", agregó.

El 20 del mes pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, calificó a los funcionarios macristas que se resisten a dejar sus puestos de "okupas", los tildó de "inmorales" y agregó que "no solo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".

En la Casa Rosada aseguraron no contar con un "listado" de los que califican como funcionarios "atornillados" a sus cargos.

Sin embargo, surgen algunos casos emblemáticos de continuidad forzada, como el de Mariano Federici, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) designado durante la gestión macrista. Su resistencia se extinguió con la finalización de su mandato, el pasado 27 de enero.

Pero otros continúan vigentes, o en vías de resolverse sin la aplicación de la doble indemnización, más allá de que la enorme mayoría de los funcionarios del gobierno de Cambiemos renunciaron a sus cargos el 9 de diciembre pasado, antes del traspaso de mando de Macri a Alberto Fernández.

En el Enacom, por caso, el exdiputado jujeño Miguel Giubergia argumentó que su mandato de director -que arrancó en agosto del año pasado- debería extenderse hasta ese mes de este año, aunque es el único de los designados durante el gobierno anterior (en su caso, por la comisión bicameral de análisis de la denominada ley de medios) que continúa en su puesto. Luis Uribio y Federico Storni, ambos gerentes de la gestión anterior, fueron desvinculados la semana pasada, antes del dictado del decreto 156 y dos meses después de la asunción de Alberto Fernández como presidente.

En Arsat, Raúl Martínez renunció a su cargo de presidente, pero no a su puesto en el directorio. "Reclama plata y amenaza con un juicio", afirmó una fuente oficial. Desde el gobierno anterior afirmaron que Martínez -exdirectivo de Sevel y funcionario de Macri en la gestión porteña- "no renunció para que otros empleados puedan cobrar lo que les corresponde".

En el Correo Argentino, donde fuentes oficiales aseguraron que aún quedan varios empleados del gobierno anterior, subsisten casos como el de Matías Bonelli, del área de comunicación, que continúa en su cargo a pesar de las renuncias de sus jefes de área.

"Ni de casualidad son cuarenta y tantos, Andrés [Ibarra] quería bajar el déficit del Correo Argentino, que era enorme", afirmaron cerca del exministro de Modernización de Macri.

Pablo Yanibelli, director de fiscalización del Ministerio de Producción que encabezaba Dante Sica, sigue siendo el representante del Estado en la coadministración de la empresa postal OCA junto al gremio de los camioneros que lidera la familia Moyano.

Marcos Ayerra continuó durante más de dos meses como titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), con mandato que vencía en diciembre próximo y a la espera de que el Gobierno designara a su reemplazante. Su renuncia, presentada a principios de enero, fue aceptada recién el jueves pasado, según consta en el Boletín Oficial.

Voceros de la empresa estatal Aysa afirmaron que la entidad, conducida hoy por Malena Galmarini, tuvo la intención de "no echar a nadie" y que de los siete gerentes heredados del gobierno anterior "cinco están trabajando en otras tareas", mientras que dos de ellos se consideraron despedidos e iniciaron acciones legales.

En su momento, Massa mencionó que había 60 empleados de la gestión anterior en el PAMI, pero directivos del período macrista descartaron esa cifra, aunque admitieron que "terceras líneas" pueden haber quedado en sus puestos en el organismo.

No prorrogarán la medida en el sector privado

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró ayer que no está en los planes del Gobierno extender la aplicación de la doble indemnización en el sector privado. La medida, tomada el 13 de diciembre a través de un decreto del presidente Alberto Fernández, finalizaría entonces el 11 de junio.

"La doble indemnización está vigente por el período establecido. No hay ninguna vocación de prorrogarla [el 11 de junio]", afirmó Moroni, en diálogo con Radio Continental.

A pesar de la doble indemnización, en diciembre se perdieron unos 20.000 puestos de trabajo en el rubro de la construcción, según un relevamiento realizado por la Uocra. Ayer, el jefe del gremio, Gerardo Martínez, se reunió con Moroni.