La carta de Alberto F. para diferenciarse de Cristina

Alberto Fernández afirmó en Córdoba lo que querían escuchar de su propia boca los acreedores de la Argentina, principalmente del exterior: que una salida posible para resolver el problema de la deuda es el modelo que utilizó Uruguay en 2002/2003. En otras palabras, un canje de títulos por otros con vencimientos más largos (cinco años en el caso uruguayo), no muy diferente al reperfilamiento anunciado hace un mes por el ministro Hernán Lacunza, aunque sin aclarar si también sería sin quita de capital ni intereses.

No fue estrictamente una novedad, ya que varios de los economistas que lo asesoran habían anticipado la perspectiva de una "negociación amigable" en sus frecuentes videoconferencias con inversores externos, solo que a título personal. El candidato presidencial habló de una negociación "seria y sensata con los acreedores" ante 400 empresarios de la Fundación Mediterránea y agregó dos aditamentos políticos. Uno, "hay que plantearles que para pagar la deuda primero nos tienen que dejar crecer"; casi un textual de Néstor Kirchner en 2003/2004. Otro, que "ni el cepo de Cristina ni la deuda de Macri son soluciones para una economía, son atajos".

Alberto F. sabe por experiencia que el primer paso para renegociar la deuda es demostrar voluntad de pago, porque todavía es imborrable el recuerdo del default total sobre US$100.000 millones anunciado a fines de 2001 por Adolfo Rodríguez Saá, en medio de la ovación y la lluvia de papelitos en el Congreso. También que la sola mención de Cristina Kirchner provoca pánico en los mercados, que asocian su política populista directamente con el chavismo. De modo que al dar vuelta ahora esta carta del mazo para mostrar moderación, busca marcar diferencias con ambos prontuarios.

A juzgar por la reacción de ayer, los mercados prefieren esperar y ver. A comienzos de esta semana, en una entrevista con la radio EcoMedios de Buenos Aires, Alberto Bernal (jefe de estrategia global de XP Investments de Nueva York para mercados emergentes), elogió a economistas del entorno del candidato presidencial por su idoneidad y la visión market friendly que transmiten en sus contactos con inversores externos para restablecer la confianza. Citó específicamente a Martín Redrado, Guillermo Nielsen y Emanuel Álvarez Agis. Pero enseguida repuso que en Wall Street no saben si las decisiones económicas y financieras serán finalmente adoptadas por Fernández o por CFK y La Cámpora. "Si el eventual gobierno de Alberto F. se radicaliza, difícilmente pueda financiarse en los mercados y la Argentina iría a una crisis brutal", completó.

Con más sutileza, el FMI coincidió cuando David Lipton (hasta entonces director gerente interino) declaró a la agencia Bloomberg que "no es nuestro negocio tratar de adivinar el camino político hacia adelante" [del país], al explicar por qué deberá esperar el desembolso pendiente de US$5400 millones, que no llegará antes de las elecciones ni tampoco es seguro antes del 10 de diciembre. Y si bien la búlgara Kristalina Georgieva, flamante titular del Fondo, le aseguró a Lacunza que "la Argentina está al tope de las prioridades", probablemente haya apuntado a que el país es hoy el mayor deudor del organismo, por los US$44.000 millones ya girados del crédito stand-by.

Si gana la elección, Fernández tendrá por delante otro problema más complejo en política exterior: la relación con Donald Trump y con los EE.UU. como principal accionista del FMI. Benjamin Gedan (director del Proyecto Argentina del Woodrow Wilson Center y exasesor de Barack Obama sobre América del Sur) sostiene que Venezuela es actualmente la prioridad más importante para la Casa Blanca en Latinoamérica. Y que las declaraciones del candidato del FdT sobre el régimen de Maduro, cuando dijo que las instituciones funcionan, complican las perspectivas de apoyo.

Dentro de esta incertidumbre, el pronunciamiento de Alberto F. a favor de una refinanciación "a la uruguaya" de la deuda bajo legislación extranjera y también con el FMI, baja la tensión porque coincide con la propuesta del gobierno de Mauricio Macri. Este escenario hace ilusionar a los mercados locales con una transición ordenada hasta diciembre, durante la cual hasta se podría avanzar en la negociación con los acreedores y destrabar el desembolso de US$5400 millones, para ser utilizado en la recompra de bonos a precios de default o bien como garantía de futuros pagos. Por ahora no es más que una expresión de deseos. Algún indicio podría surgir pasado mañana en el Malba, donde en un seminario organizado por el Grupo Clarín compartirán el cierre Hernán Lacunza y Matías Kulfas, a quien se menciona como probable ministro de Economía de Fernández.

En el plano local y a diferencia del forzoso compás de espera que se autoimpuso el FMI, adivinar el futuro político y económico tras un triunfo electoral de Alberto F. se está convirtiendo en una actividad más intensa, incluso para quienes no lo votarán dentro de 29 días. Cada declaración, discurso, tuit o spot de campaña del candidato, es escudriñado como pista de su programa. No es una tarea fácil, ya que muchos son genéricos o carecen de consistencia macroeconómica.

Hablar de un dólar competitivo supone salario real bajo, doble mercado cambiario o suba selectiva de retenciones. Lograr equilibrio fiscal equivale a bajar gasto público o seguir aumentando impuestos. Decir que el trabajo presidencial consiste en que cada argentino tenga trabajo significaría crear más de un millón de empleos, pero sin plazo ni si piensa en el Estado o el sector privado.

Aunque abundan las suposiciones y las interpretaciones libres alrededor de cada indicio (sin contar la alarmante reaparición de personajes silenciados a los que se les suelta la cadena), algunos ya encendieron luces amarillas entre empresarios, contribuyentes, inversores y ahorristas.

Por caso, al anticipar la convocatoria a un acuerdo social a partir del 10 de diciembre para desindexar precios y salarios, Fernández dejó de lado cómo estarán entonces los precios relativos. O sea, si el dólar se mantendrá en torno de $60/65 o subirá a $70 o más; si las tarifas de servicios públicos seguirán o no congeladas y cómo ingresarían los salarios formales tras el retroceso de 12% real este año, aun con indexación. Además, CFK incursionó por primera vez en el terreno económico con la advertencia de que será necesario discutir márgenes de ganancias. La consecuencia fue que, pese a la caída de ventas, en estos días hubo nuevos ajustes preventivos de precios, adicionales a los disparados por el salto cambiario post-PASO. Por su lado, las compañías telefónicas ya anticipan por esa vía una suba de tarifas de 22,5% en noviembre. En el flanco salarial, el gremio mercantil del veterano Armando Cavalieri no solo acordó con las cámaras del sector que el bono de $5000 podrá ser abonado en cinco cuotas iguales (aunque algunas empresas puedan pagarlo de una sola vez en octubre), sino que se aseguró para la obra social (Osecac) un aporte de 3% por cada trabajador y de 6% por cada empleador. El acta no dice que sea a cuenta de futuros aumentos salariales, cuestión que quedó pendiente para enero. Otra forma de anticiparse al futuro contexto político y económico.

Bienes personales

Paralelamente, que Alberto F. haya mencionado el ejemplo de Bolivia de "gravar severamente a los más poderosos" para equilibrar las cuentas públicas y mejorar la distribución del ingreso, fue decodificado de inmediato como un futuro impuesto sobre quienes adhirieron al blanqueo de 2016/2017.

Este régimen, que permitió exteriorizar un monto récord de US$116.000 millones no declarados con el pago de alícuotas de 10 y 15%, tuvo dos incentivos. Uno, que no había obligación de repatriar capitales depositados en el exterior y otro, la rebaja del impuesto a los bienes personales (IBP) a 0,25% en 2018. Esta ley fue sancionada por Cambiemos y el peronismo no kirchnerista, y ratificada en el Pacto Fiscal con los gobernadores que apoyan al candidato del FdT. También modificada para elevar la alícuota a 0,75% pero, tras las devaluaciones, el mínimo no imponible equivale ahora a US$20.000. El tributarista César Litvin señala que el IBP grava patrimonios sin considerar deudas y, si bien es aplicado en muy pocos países, en España el piso es de 700.000 euros y en Francia, de 1.200.000. Mejor sería crear condiciones de confianza para que los capitales declarados sean repatriados voluntariamente para que reingresen al circuito económico y aporten al crecimiento.

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