Preocupa en Chile el aumento de los ataques a comisarías

SANTIAGO, Chile.- Un nuevo golpe a la debilitada autoridad de Carabineros, y un cambio en la cotidianeidad de quienes siempre pensaron que vivir al lado de un cuartel policial era garantía de máxima seguridad en Chile.

Es lo que sucede hoy en el país, a tres meses del inicio del estallido social, y con el presidente Sebastián Piñera experimentando la peor aprobación de la historia de los líderes de América Latina, con un exiguo 6%.

En medio de un contexto social aún convulsionado, los últimos días se produjeron diversos ataques a comisarías y durante enero ya se registran 37 incidentes de este tipo, concentrados en su mayoría en Santiago. El foco de violencia generó alerta en el alto mando de la policía y en los alcaldes de las comunas de la capital afectadas como Pudahuel, Puente Alto, Macul, Renca y Peñalolén.

"Es evidente que estas situaciones que están siendo más recurrentes obedecen a acciones evidentemente concertadas", advirtió el jefe de zona este de la región Metropolitana, general Enrique Bassaletti.

En la comuna de Pudahuel, ubicada en el noroeste de Santiago, y convertida en una de las localidades más afectadas, los ataques a los recintos de los uniformados se intensificaron a partir del 8 de enero.

Un hecho puntual disparó la violencia: el atropello a un joven manifestante por parte de un vehículo policial.

A partir de ese incidente, la 55» Comisaría de Pudahuel fue blanco de repetidos ataques y decenas de personas intentaron destruir sus instalaciones, a través de bombas molotov y fuegos de artificio que fueron lanzados hacia el interior del recinto policial.

"En Pudahuel, las personas que estaban apedreando la Comisaría 55» eran chicos de 8, 10 y 12 años. Por eso hacemos un llamado a los padres para que se hagan un poco más responsables de sus hijos", expresó el alcalde Johnny Carrasco, que descartó cambiar de ubicación el recinto tras los múltiples ataques.

Según información de Carabineros, un total de 166 unidades fueron vandalizadas en 349 oportunidades desde el inicio del estallido social el 18 de octubre, lo que dejó varios heridos y cuantiosos daños en los recintos.

Por ello, y tras nuevos ataques a las comisarías de las comunas Renca y Macul, el gobierno anunció querellas contra los detenidos y se comprometió con los alcaldes a reforzar las medidas de seguridad en los alrededores de las unidades policiales.

"En esto no habrá impunidad. Nosotros sabemos que los temas de fondo tienen que ver con demandas sociales, pero los ataques a las unidades policiales no tienen nada que ver con las demandas sociales", manifestó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Para la diputada oficialista Paulina Núñez, los ataques buscan aumentar la presión sobre las fuerzas de orden. "El control del orden público está en sus manos y con estas acciones se busca amedrentar a la policía, y todo esto ha sido muy duro para ellos. Pero también creo que esta es una respuesta a lo que ocurrió al inicio, como el uso de los balines y el no cumplimiento de protocolos en determinadas situaciones. Todo esto produjo un rechazo mayoritario de la ciudadanía", dijo la parlamentaria a la nacion.

Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, afirmó que estos ataques "se pueden interpretar directamente como actos de venganza y provocación".

"Una importante mayoría cree que Carabineros viola los derechos humanos incluso más que los militares. Hay un cuestionamiento generalizado a las instituciones del orden, y en los lugares más complicados de Santiago, se expresa en violencia", añadió.

La situación es diferente en las comunas más pequeñas y particularmente en las zonas rurales, donde Carabineros es visto como un socio de la comunidad y no como un enemigo", planteó Talca.

Crisis de legitimidad

Para el sociólogo Mauricio Ríos, el trasfondo de los hechos está condicionado por una crisis de legitimidad de las instituciones. "Los desfalcos y la actuación de los carabineros en los últimos meses de protesta social hicieron que la ciudadanía sienta que la institución encargada de resguardar su seguridad no le entrega las garantías de justicia y probidad necesarias", señaló Ríos.

Bajo una evidente incertidumbre con respecto a la salida de la crisis, durante el estallido social al menos 22.000 personas fueron detenidas, de las cuales 1300 fueron imputadas por eventos graves como saqueos, incendios y daños. En tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cifró en 3649 el número de heridos desde el inicio de las protestas.