Una confrontación en clave electoral con eje en las mafias sindicales

A pesar de que surgen cada vez más voces en el oficialismo que relativizan su influencia, la mano del ecuatoriano Jaime Durán Barba se percibe nítida con el campanazo de largada de la campaña electoral. El asesor presidencial insiste puertas adentro del laboratorio en la necesidad de demonizar a las "mafias sindicales" para eludir definiciones incómodas sobre los avatares económicos y las promesas incumplidas. Como receta para preservar al electorado macrista, advirtió recientemente sobre el rédito que suponeconfrontar con Hugo y Pablo Moyano.

Acorde con ese libreto, y urgido por el calendario electoral, Mauricio Macri reabrió ayer su disputa con los Moyano por los costos laborales y de la logística. El Presidente identifica en los jefes del sindicato de los camioneros el mayor obstáculo para avanzar con la reforma laboral, que se frustró ya en dos ocasiones en el Congreso a pesar de haber tenido el aval de un sector importante de la CGT .

La tensión guio siempre el vínculo entre Macri y Moyano, incluso en los tiempos no tan lejanos en los que fueron aliados por conveniencia para enfrentar al kirchnerismo o para tomar el control de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) después de la muerte de Julio Humberto Grondona. El enfrentamiento se agudizó y alcanzó su cima con la millonaria multa que el Estado impuso a Camioneros por incumplir una conciliación, pero también por los recientes allanamientos al sindicato y las maniobras oficiales para que la Justicia acelere una causa contra Pablo Moyano por sus vínculos y negocios con la barra brava del club Independiente.

Mientras la pelea simula embravecerse, por una determinación judicial Macri y Moyano son desde hace menos de un mes administradores de manera conjunta de OCA, la empresa postal privada más grande del país, en la que se desempeñan 7000 empleados, de los cuales unos 6300 están afiliados a Camioneros.

La decisión del juez comercial Pablo Tejada, de Lomas de Zamora, reforzó una vieja teoría de Patricio Farcuh, exdueño de la compañía y de quien se sospechó que actuó como testaferro de los Moyano a partir de movimientos financieros detectados por la Unidad de Información Financiera y que involucran instituciones sindicales y deportivas.

Farcuh, acorralado judicialmente por retención indebida de aportes de la seguridad social, repitió más de una vez, y hasta lo escribió en una carta a sus empleados, que el Poder Ejecutivo y el gremio actuaban en tándem para desplazarlo de la firma postal.

Quebrada, con una deuda con la AFIP que alcanza los $7000 millones, OCA es una empresa que se acostumbró a los abismos. Las cuestiones financieras y de recursos humanos se mantienen a cargo de uno de los tres veedores que designó el juez Tejada. Pero el timón real está hoy en manos de Rodrigo Condori, abogado de Camioneros y hombre de Moyano, y de Pablo Yannibelli, director nacional de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica. Ambos son responsables de la operatividad y de las gestiones comerciales, entre ellas, una misión difícil: recuperar a Mercado Libre como principal cliente. El miércoles próximo, a propósito, se dará un hecho curioso: Condori asistirá en representación de OCA a la Cámara de Correos, que nuclea a los empresarios del sector que negocian salarios y condiciones laborales con Moyano. ¿Se reflotará allí el debate por los costos logísticos?

Al filo del cierre de 2018, Lucas Fernández Aparicio, por entonces flamante secretario de Trabajo, gestionó en secreto un primer acercamiento con los Moyano que casi le cuesta el cargo. El reencuentro le terminó siendo útil a Sica para abrir el debate con los sindicalistas sobre la necesidad de reducir los costos laborales y de logística. No le fue bien, pero al menos reinstauró el canal de diálogo.

El mensaje de ayer de Macri carga con un simbolismo electoral, aunque también sirvió para advertir sobre un conflicto que se avecina. Camioneros está en plena negociación salarial con la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, que ya rechazó un aumento de 46% más un bono de fin de año de $20.000. Los empresarios están dispuestos a otorgar la suba salarial en línea con la inflación, pero pretenden modificar algunos puntos del convenio colectivo vinculados a la antigüedad [quieren reducirlo de 1 a 0,5%], las horas extras y el plus por kilometraje. Para ellos, Macri les facilitó un debate que creen impostergable.