Cuadernos las coimas: el cisne negro que construyó la Justicia

Por varias razones, las 154 páginas que constituyen el pedido de elevación a juicio del caso de los cuadernos se convertirá en una pieza jurídica histórica. Por el contenido, pero también por la oportunidad.

La primera razón está dada por el tenor de los nombres entre los que se destaca, claro está, el de la expresidenta Cristina Kirchner. El fallo, además, cobra relevancia institucional por el copioso listado de empresarios y exfuncionarios que completan el elenco de los procesados. Pero más allá de todo, lo revelador viene dado por la trama que, con un detalle inédito en una investigación sobre corrupción, se describe a lo largo del escrito. Allí se percibe un sistema, no un caso aislado. Y esa es la originalidad del juicio.

Las referencias sobre lo que significa un esquema de este tipo, arraigado y silencioso, son una constante en el fallo. "Los delitos pudieron realizarse por la cobertura brindada por los funcionarios más altos del país, debiendo destacar que muchas de las conductas ilícitas han sido reconocidas por sus actores", dice el juez Claudio Bonadio en uno de los párrafos.

Inmediatamente recuerda que esas conductas chocan con lo que establece la ley 24.759: "La corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como en el desarrollo integral de los pueblos. El combate contra la corrupción fortalece a las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social".

La cita no es casual. La Argentina transita por estos días por una de las campañas electorales más atípicas de la historia que, ahora, tendrá un elemento extra. La trama que Bonadio eleva a juicio y que se conoce como la causa de cuadernos es la descripción más brutal de los negociados entre el sector público y privado, ese territorio impuro donde el Estado se relaciona con los empresarios. Corrupción a cielo abierto.

Justamente ese sistema, que según la resolución fue parte de la esencia de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, es el que se plebiscita en estos meses. Acusado por la Justicia y mayoritario en las urnas.

No es posible analizar el fallo sin tomar en cuenta la oportunidad. En la página 152 aparece un pedido del juez. "Solicítase al honorable Senado de la Nación El desafuero de Cristina Elisabet Fernández con el fin de cumplir la prisión preventiva dispuesta", se lee.

Tres renglones que desatarán un vendaval. El hierro más caliente de todo el escrito tanto para el Gobierno como para el kirchnerismo. El senador Miguel Ángel Pichetto siempre fue el defensor de la norma no escrita que dice que no hay desafuero hasta sentencia firme, al menos en la cámara alta. Tan propio es el razonamiento que la doctrina lleva su apellido. Por estos días el hombre es el vicepresidente de la fórmula del Gobierno. Un laberinto discursivo deberá aparecer en su verba para justificar, ahora, la postura sin espantar votos al binomio que integra.

La gran mayoría de los abogados defensores esperaba que la causa se eleve. Si los aires cambian y Alberto Fernández es presidente decenas de ellos van a desempolvar los libros que tratan sobre nulidades para oponerlas frente al tribunal oral que les toque en suerte. Nadie quiere que el juicio oral se sustancie.

Hace un año, exactamente el 23 de septiembre de 2018, Alberto Fernández publicó una columna en Infobae a la que tituló "Cuadernos sin gloria". Más allá del impecable título, el ahora candidato decía: "Para que la pena se alivie no hace falta solo la confesión. Hace falta aportar probanzas que demuestren los hechos. Nada de eso ha ocurrido en este caso. Solo existen confesiones claramente inducidas. Los empresarios, ofrecen declaraciones en donde cargan sobre sus hombros la responsabilidad de haber pagado coimas. Ninguno relata cómo fueron esos pagos, de dónde salieron los fondos, quién los recibió y en que cuentas quedaron depositados o de qué modo fueron gastados".

Pasó un año, y centenares de pruebas se acumularon en expedientes. Llamadas y cruces telefónicos, resúmenes de cuenta bancarias con constancias de extracciones, asientos contables o informes de organismos públicos son algunos de las pruebas que llegaron al expediente, además de las confesiones.

Desde que se conoció el caso la causa acumuló 171 procesados. Para 70 se terminó la investigación. En este tiempo, por ejemplo, se supo que aquel diligente secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, acumuló una fortuna de 140 millones de pesos de los cuales 70 se invirtieron en Estados Unidos. El resto se distribuye en diferentes inmuebles y empresas del país. Hubo allanamientos a las residencias de la expresidenta y se secuestraron centenares de cuadros. Encontraron dinero y decenas de procesados hablaron cómo se financiaba aquella herramienta. Las empresas cambiaron los directivos y la Cámara de la Construcción renovó sus autoridades sin incluir a los que tenían relación con la causa. Muchos exfuncionarios contaron al juez todas las fechorías y entregaron pruebas de cómo lo hacían.

Ahora habrá que acostumbrarse a cubrir los vericuetos procesales a los que las defensas acudirán. Y a ver cada una de las declaraciones públicas de los dueños del Poder Ejecutivo que se instalará el 10 de diciembre. Quizá de la lectura de aquella columna de Fernández se entienda el fuerte apoyo de "los encuadernados" a la fórmula que integra. El cisne negro ha llegado. Bienvenido.