Para darle aire electoral al Gobierno, el plan deberá revertir la desconfianza

Muchos creyeron vivir ayer un déjà vu y una paradoja: Mauricio Macri apunta a transitar en calma los últimos meses de su gobierno (las urnas dirán este año si será el primero o el único) con la esperanza puesta en el resultado de un paquete de medidas que lo emparienta más con la administración anterior que con su esencia.

Un combo que incluye, entre otras, un acuerdo con empresas líderes para ampliar Precios Cuidados mediante el congelamiento de precios de 64 productos de primera necesidad o "esenciales" durante 6 meses; la suspensión por este año de los aumentos tarifarios previstos en gas, luz y transporte; créditos y descuentos para beneficiarios de la Anses; la venta semanal de algunos cortes de carne en el Mercado Central y un nuevo llamado al plan Procrear.

Junto con las medidas se anunció el instrumento con el que, presumiblemente, se vigilará el cumplimiento del acuerdo con las empresas en materia de precios y abastecimiento de los productos: la sanción de un nuevo régimen de Lealtad Comercial, por decreto, que apuntará a "evitar abuso de conductas monopólicas de las grandes empresas" y que "dará más facultades a la Secretaría de Comercio Interior para sancionar conductas desleales o anticompetitivas".

Tras cuatro años de insistir en que el camino era otro, el Gobierno recurrió a una receta que tenía impulsores mucho más convencidos en la administración que terminó el 10 de diciembre de 2015 que ahora. La aplicará, persuadido o no tanto, con un objetivo excluyente: lograr estabilidad macroeconómica para llegar con chances a las elecciones presidenciales.

El Gobierno intenta frenar a toda costa la dinámica inflacionaria con la que arrancó el año, muy por encima de los cálculos previos; contener el precio del dólar, elemento fundamental en esa dinámica, y promover una recomposición del poder adquisitivo real (salarios, jubilaciones) que permita revivir el consumo aunque sea un poco.

No es un plan demasiado ambicioso, pero tampoco parece que hubiera demasiado margen político ni económico para otra cosa. El propio Gobierno lo admitió al definir los anuncios como medidas para una "etapa de transición" -un período que coincide con lo que falta para el test electoral- en la que las reformas estructurales deberán esperar.

Algo de esta incomodidad quedó expuesta ayer en la conferencia de prensa de los ministros Nicolás Dujovne, Dante Sica y Carolina Stanley. La distancia entre lo deseado y lo posible los hizo incurrir en algunas contradicciones. Sica, por ejemplo, destacó el carácter voluntario del acuerdo para fijar los precios de los productos básicos (un "pacto de caballeros" lo definió Dujovne), pero también enfatizó que se reforzarán los controles y las sanciones en caso de incumplimiento.

Stanley celebró que la Anses otorgará a sus beneficiarios créditos con tasas de interés "no usurarias" pese a que es el propio Gobierno el que garantiza un piso de tasa de referencia en un nivel altísimo (62%).

El ministro de Hacienda, en tanto, dijo estar convencido de que no se debe fijar el tipo de cambio para bajar la inflación "y que después explote todo", justo un día después de que el Banco Central anunció que defenderá un tope máximo de $51,45 para el dólar hasta fin de año.

Para ser exitoso, el Gobierno tendrá por delante un desafío complejo de credibilidad: por un lado, porque en estos años prometió cosas que no pudo cumplir; segundo, porque está pidiendo a la población creer en políticas o medidas que hasta hace muy poco criticaba públicamente, y también porque hay en el horizonte unas elecciones presidenciales cuyo resultado es incierto. No se sabe si continuará y podrá seguir haciendo lo que dice que "hay que hacer" o si vendrá otro Gobierno del que no se sabe qué hará.

Ayer, a algunos analistas, la poca ambición del paquete los hacía dudar de su efectividad, pero esa tibieza también tiene un costado positivo: su potencial de daño sería también muy acotado.

¿Qué pasará cuando venza el acuerdo de precios? ¿Y cuándo se dejen de pisar las tarifas de servicios públicos? ¿Habrá un problemático "día después"? Los economistas consultados lo ven poco probable.

Señalan, por ejemplo, que el nivel del dólar que el BCRA defenderá como "techo" ya es alto y que si hubiera de aquí a fin de año un acercamiento del billete norteamericano a ese límite -en la medida en que sea progresivo y no brusco, obviamente- implicaría un aumento de un 23% que no generaría atraso cambiario si la inflación se ubicara en un 3% mensual o un atraso no muy significativo si se estaciona en 2% mensual.

También creen que el eventual atraso tarifario no sería demasiado importante al cabo del año, quizás de un 15%, porque el grueso ya se hizo antes de este mes y se descontaba que el Gobierno iba a hacer algo con los próximos aumentos, que caían muy cerca de las elecciones. Son males menores frente a la posibilidad de que todo se desmadre antes.

¿Plan Primavera?

En las redes sociales y algunos sitios web ayer encontraban en las medidas un parentesco con el Plan Primavera que lanzó Raúl Alfonsín en agosto de 1988 y que terminó traumáticamente en marzo de 1989, la antesala de la hiperinflación.

Si bien es cierto que hay algunas coincidencias: la duración de seis meses; el acuerdo de precios con las empresas (aunque entonces mucho más amplio y lanzado con una puesta en escena mucho mayor que la de ayer) y la necesidad del gobierno alfonsinista de bajar la inflación y contener el dólar para llegar a las elecciones de 1989 con posibilidades, hay también diferencias muy grandes. La inflación mensual era de 27,6% cuando se lanzó el plan, existían tres tipos de cambio y, cuando explotó el programa, las reservas de libre disponibilidad del Central eran de unos US$2600 millones.

Había sí una similitud que hoy también pesa. La posibilidad de que en lugar del oficialismo ganara la oposición, liderada entonces por Carlos Menem. La incertidumbre demostró ser a prueba de planes.