Moyano le marca los tiempos a la CGT

Hugo Moyano fantasea en la intimidad con repetir una jugada que el año pasado le dio rédito. El 14 de junio de 2018 dispuso un paro sectorial de los camioneros que sirvió finalmente como factor de presión y puntapié de la huelga general que la CGT activó 11 días después. Le marcó la cancha al entonces triunvirato de mando. Es casi un espejo de lo que sucederá el martes próximo, cuando los gremios cegetistas disidentes, que anidan bajo el liderazgo del jefe camionero, activen un paro inédito , a espaldas de la principal central obrera y en un abierto desafío a su conducción.

En esta nueva cruzada, Moyano avanza con aliados circunstanciales. Cerró filas con el bancario Sergio Palazzo y los mecánicos del Smata, con los gremios aeronáuticos y portuarios, las tres vertientes de la CTA, la izquierda y los movimientos sociales. Ya sin el botón de mando para frenar el transporte público de pasajeros, el líder camionero logró hace algunos días penetrar las bases de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el influyente gremio de los colectiveros, cuyo músculo es determinante para garantizar el impacto de una huelga general.

El acercamiento fue con Miguel Bustinduy, un dirigente que se abrió de Roberto Fernández y lo intentó desafiar el año pasado en las urnas. El moyanismo extendió además sus tentáculos en la línea 60, del Grupo DOTA, un sector empresario que fogoneó entusiasmado el surgimiento de cualquier oposición a Fernández, un gremialista al que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, considera casi como un hombre propio y con el que negocia el reparto de 2600 millones de pesos mensuales en subsidios.

También se activaron gestiones para alterar el normal funcionamiento de los ferrocarriles. Moyano tiene garantizada únicamente la adhesión de Rubén Sobrero, líder de la seccional oeste de la Unión Ferroviaria, quien podría ser sancionado ya que no estaría habilitado a promover el paro si no es con el aval de la cúpula nacional del gremio, según uno de los últimos fallos de la Corte sobre el derecho a huelga.

El desafío de Moyano y sus aliados será exhibir que un paro puede ser exitoso sin la adhesión del transporte ni de los principales gremios de la CGT. Se logró en 1994, en el marco de una Marcha Federal en rechazo de las políticas de Carlos Menem. También en los meses previos a la caída de Fernando de la Rúa.

La dificultad de hacerse con esa postal de país paralizado empujó a Moyano y al resto de los organizadores de la protesta a montar un escenario en la Plaza de Mayo y llamar a una movilización, que se anticipa numerosa. El martes, desde el atril, los gremios más combativos enumerarán una serie de reclamos contra la gestión de Macri, pero también apuntarán sus críticas a la conducción cegetista.

"En la CGT está la mayoría de los gremios y decidimos no parar el 30 de abril", argumentó el barrionuevista Carlos Acuña, uno de los dos jefes de la central. La de Acuña es una verdad relativa. Primero, porque la adhesión jamás fue puesta a votación en el consejo directivo. Y segundo porque la determinación de tomar distancia del jefe camionero fue exclusiva de la denominada "mesa chica", donde tallan "los Gordos" (grandes gremios de servicios) y los autodenominados "independientes" (estatales de UPCN y AySA y la Uocra). Ni siquiera Acuña influye en demasía en ese círculo.

El 22 de agosto de 2016, cuando nació el triunvirato cegetista (hoy con dos jefes por la renuncia de Juan Carlos Schmid) votaron 1582 congresales sobre un total de 2191. En cantidad de gremios fue así: se unieron 124 sobre 213 organizaciones confederadas. Es decir, quedaron afuera 89 sindicatos. Hoy, esta cifra superaría tranquilamente los 100 a partir del alejamiento de la vida interna de la central de los gremios moyanistas, no solamente Camioneros, y del surgimiento de sectores desencantados con la conducción, como la Corriente Federal, que encabeza Palazzo, o el Movimiento de Acción Sindical, cuyo referente es el taxista Omar Viviani.

Los cortocircuitos se expandieron incluso hasta la confederación de gremios del transporte, un actor clave para forzar hace tres años el acuerdo entre Moyano (CGT Azopardo), Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca) y Antonio Caló (CGT kirchnerista) que desembocó en el triunvirato.

La unidad sindical es un deseo imposible. Más aún con el calendario electoral en marcha. Lo ratifica así la historia lejana y la más contemporánea. En medio de esta atomización, hay un dirigente que camina en silencio por los despachos gremiales explorando consensos y que sueña con reunir la mayor cantidad de piezas del rompecabezas para 2020, cuando finalice el mandato de la actual gestión. Se trata de Sergio Sasia, el reemplazante de José Pedraza en la Unión Ferroviaria.

Como parte de su estrategia, Sasia conformó un espacio político-sindical con dirigentes gremiales de varios sectores dispuestos a influir en la interna peronista para forzar una alternativa capaz de vencer en octubre a Cambiemos. Se avanzó en reuniones con precandidatos, legisladores nacionales y gobernadores. En ese círculo, se bajaron en tinta dos caminos: persuadir a Cristina Kirchner y Roberto Lavagna de participar en una gran elección interna con el resto de los aspirantes de la oposición o convencer directamente a la expresidenta de no competir por un nuevo mandato a pesar de que las encuestas la dan hoy con ventaja.

Entre los gremios, Cristina divide aguas. Hay dirigentes que prefieren hasta la continuidad de Macri antes que su vuelta. En esa disyuntiva, Moyano ya eligió. Le pidió hace unos días a su hijo Pablo que modere sus ansiedades y que no presione otra vez a Cristina con una definición. "Su silencio está paralizando al PJ", se había quejado Pablo Moyano hace un mes durante una entrevista radial. Reconciliados con la expresidenta, los Moyano ya habrían escuchado de boca de ella qué será de su futuro político.