Sergio Buenanueva: "Estamos revisando a fondo el sistema penal eclesiástico"

"Cuando estalló el caso del Próvolo en noviembre de 2016, la Conferencia Episcopal en diciembre dio el siguiente paso: que en la recepción de cualquier sacerdote que llegue a cualquier diócesis del país sea necesario una especie de certificado de buena conducta. Se trata de una declaración jurada firmada por el superior, en la que se da cuenta de que no se tienen ningún tipo de sombras o causas penales abiertas en la Justicia Civil ni canónica", señala a LA NACION monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, Córdoba, y coordinador del Consejo Pastoral de Protección de Menores y Adultos Vulnerables de la Conferencia Episcopal. Su tarea es tratar de controlar la crisis sobre los abusos en la Iglesia.

-¿Puede dar precisiones de cómo avanzan los juicios canónicos contra los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi?

-No del todo porque realmente no es mi competencia. La Iglesia normalmente espera que la Justicia diga su palabra y espera la sentencia para terminar el proceso canónico.

-Ya hay una sentencia de la Justicia. ¿Hay que esperar hasta que defina la Corte Suprema?

-Creo que en otros casos la Iglesia no ha esperado hasta que se defina la Corte. La Iglesia tiene su propio proceso canónico respecto de la justicia civil. No puedo entrar en detalles, pero en general diría que lo que se espera es la dimisión del estado clerical.

-¿Qué estado clerical tienen ahora los dos sacerdotes?

-Apenas se conocieron las denuncias del Próvolo, el Arzobispado de Mendoza decidió que no pueden ejercer el ministerio sacerdotal. Cuando se resuelva el proceso canónico seguramente se les impondrá la pena perpetua.

-La Justicia de Mendoza refirió que pidió datos a la Iglesia y nunca obtuvo respuesta

-Respecto del caso de Mendoza, no tengo información de primera mano, por lo que sería imprudente opinar. Pero en general puedo decir que se trata de otro punto crítico de los procesos canónicos. El principio de colaborar con la Justicia es claro, es una obligación que incluso ha remarcado el Papa. Una de las cosas que hay que mejorar es brindar la mejor información posible respecto de este tipo de temas a la justicia civil. La Iglesia es muy celosa en defender su autonomía, pero eso no es óbice para que se escude en ella ante delitos de esta gravedad. Este es uno de los puntos críticos en los que se ha avanzado con el paso del tiempo. Ya en muchos lugares la colaboración con la Justicia local ha avanzado mucho y el traspaso de información es como debería ser.

-En junio pasado señaló a LA NACION que comenzaron algunos intentos de hacer un índice de victimarios dentro de la Iglesia. ¿Se avanzó en ese proceso?

-No aún. Nuestro objetivo es lograr tener los datos más completos posibles del alcance real de la problemática del abuso sexual en la Argentina. No es sencillo. Están las listas que han elaborado LA NACION y otros medios; también hace poco salió otra investigación internacional que mencionó a la Argentina. En esa dirección queremos avanzar.

-En el caso de Corradi se evidenció el sistema de traslado de curas acusados de abuso: antes había sido denunciado en Italia y, después, en el Próvolo de La Plata. ¿Un índice no ayudaría a que suenen señales de alarma a la hora del traslado?

-Hay un dato que no advertí antes. Cuando estalló el caso del Próvolo en noviembre de 2016, la Conferencia Episcopal Argentina en diciembre dio el siguiente paso: que en la recepción de cualquier sacerdote que llegue a cualquier diócesis del país sea necesario una especie de certificado de buena conducta. Se trata de una declaración jurada firmada por el superior, en la que se da cuenta de que no se tienen ningún tipo de sombras o causas penales abiertas en la Justicia Civil ni canónica. Esto ya está vigente y es una medida importante de prevención.