Retenciones: piden detalles sobre la promesa de compensaciones

En algunas entidades del campo reclamaron más precisiones sobre la promesa del presidente Alberto Fernández de compensar a los pequeños productores y cooperativas, en medio de la suba de las retenciones.

Tras el anuncio del jefe del Estado para que en la ley de emergencia se ponga un artículo al respecto, en Coninagro valoraron el gesto, pero insistieron en que los derechos de exportación deben tener una fecha de vencimiento también por ley. Mientras tanto, desde la Federación Agraria Argentina (FAA) insistieron en que si hay medidas estas deben quedar también en la ley. La promesa oficial fue dirigida a Coninagro, que tiene agrupaciones de cooperativas adheridas, y a FAA, que representa a pequeños productores.

Carlos Achetoni, presidente de FAA, reflexionó sobre el anuncio: "Lo deja al libre albedrío. Qué es lo que va a dar será decisión del Presidente. Nosotros queremos que esté explícitamente puesto dentro del articulado de la ley".

La misma FAA luego reforzó este mensaje en Twitter. "Se necesita que, si hay medidas diferenciadas, ellas estén presentes en el cuerpo de la ley, para dar tranquilidad a los productores federados. FAA espera poder avanzar en el camino del diálogo".

Tras conocerse la promesa de Fernández, Coninagro la consideró "un gesto", pero igual rechazó las retenciones y pidió que se ponga en la ley en el Congreso una fecha de vencimiento para este tributo.

"Tomamos esta propuesta como un gesto del Presidente que muestra una consideración al sector. No obstante, ratificamos nuestro enfático rechazo a las retenciones y solicitamos que, en caso de ser aprobadas en la ley, se establezca una fecha de finalización a las mismas", dijo Coninagro.

Luego agregó: "Los derechos de exportación distorsionan el desarrollo y la inversión. Confiamos en que su política agroindustrial va a ser exitosa y el país no va a necesitar de este impuesto para recomponer la preocupante situación social con la que Coninagro se solidariza".

No es la primera vez que el kirchnerismo trata de apelar a mecanismos de compensación para convencer a los productores sobre una medida vinculada con los derechos de exportación. En 2013, Cristina Kirchner creó el Certificado de Estímulo a la Producción Agropecuaria Argentina (Cepaga) para devolver retenciones a los productores de trigo. Tuvo vigencia hasta 2015 y quedó con fondos por $560 millones en una cuenta oficial en medio de reclamos de productores por falta de pago.

Paradojas: el gobierno de Mauricio Macri usó esa plata para cancelar un plan de devolución de retenciones a la soja para productores del norte en 2016/2017.

El Gobierno pretende subir las retenciones del 30 al 33% para la soja y del 12 al 15% para el trigo y el maíz, entre otros productos.

Sin considerar este anuncio del jefe del Estado, el proyecto ya estipulaba que el 67% del valor incremental de las retenciones se iba a destinar a la Anses y otro 3%, a un fondo para el sector.

De acuerdo con un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), con el 30 y 12% de derechos el Gobierno iba a recaudar del sector US$1809 millones extras. Ahora, con retenciones al 33 y el 15% subirá a US$2665 millones.

Se trata de US$856 millones adicionales que, no obstante, considerando el fondo que se fijó para el sector, solo llegarán a ellos unos 24 millones de dólares.

Menos superficie

Para la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, entre otros efectos, el incremento de las retenciones llevará en el ciclo agrícola 2020/2021, por el impacto adverso en el precio para los granos, a una caída de 520.000 hectáreas en la superficie total.

Eso, con un impuesto a la exportación de 30% para la soja y el 12% al trigo y el maíz, entre otros productos. Sin embargo, esa merma en el área podría ser mayor con las tasas del 33% a la soja y del 15% al trigo y el maíz que el Gobierno busca que le avale el Congreso. En ese escenario, de acuerdo con el trabajo de la Bolsa de Cereales porteña, la superficie se achicaría en 845.000 hectáreas.