De un lado y del otro quieren evitar que se repita la pelea por la 125

Ni la dirigencia rural ni Alberto Fernández quieren repetir el conflicto de 2008 por la resolución 125. Solo así se explica que el Presidente aceptara reunirse en la Casa Rosada con los ruralistas, aun con pedidos de medidas de fuerza de productores de Santa Fe, el NOA, NEA, Buenos Aires y La Pampa. Y solo así se explica que la Mesa de Enlace descartara la convocatoria a un paro, pese a que los resultados concretos que obtuvo de la reunión de ayer hayan sido más bien escasos.

El Presidente no dio marcha atrás con la potestad que le otorgó el Congreso de subir tres puntos adicionales los derechos de exportación a la soja, al maíz y al trigo que le solicitó el campo. Tampoco, obviamente, con la actualización (aumento para los ruralistas) al 30% para la soja y al 12% de las retenciones al trigo y el maíz. Expresó, sí, su intención de impulsar un esquema diferencial de segmentación del tributo para pequeños productores y cooperativistas. Esto es música para los oídos de la Federación Agraria Argentina (FAA) y de Coninagro, las dos entidades de la Mesa de Enlace que más hicieron por allanar el camino hacia una negociación con la Casa Rosada.

En lo discursivo, además, el presidente Fernández marcó una diferencia. Les dijo a los ruralistas que necesita que al campo le vaya bien porque genera los dólares que le hacen falta al país. Un mensaje diferente al de 2008, cuando se decía que la soja era un yuyo y se hablaba de "piquetes de la abundancia".

Esos gestos, destinados a construir confianza, no diluyen sin embargo los interrogantes sobre lo que pasará en el futuro. Un cálculo del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) sostiene que el incremento en los derechos de exportación dispuesto el 14 de este mes representa una recaudación adicional de poco más de 1800 millones de dólares. Y si se aplicaran los tres puntos porcentuales autorizados por el Congreso esa cifra pasaría a 2600 millones de dólares solo por cereales y oleaginosas. Aunque este cálculo es global y no incluye los adelantos de ventas de granos que hicieron los productores para protegerse ante los anuncios de subas, ilustra el efecto que tendrá sobre el campo un incremento de esa magnitud. "No vamos a poder aportar lo que el país necesita", advirtió el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina.

En otro ejercicio de simulación, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires calculó que con el aumento ya aprobado para la campaña agrícola 2020/21, que comienza con la siembra de trigo en mayo próximo, se sembrarían 520.000 hectáreas menos que en la campaña 2018/2019. Y si rigiera la suba aprobada por el Congreso, la merma alcanzaría a 845.000 hectáreas. Esto implicaría una caída de producción de hasta cuatro millones de toneladas de granos.

Por el momento, el contexto internacional no es favorable. A diferencia de lo que le ocurrió a su actual vicepresidenta, Alberto Fernández no tiene el "viento de cola" de los buenos precios internacionales de los granos. Según calculó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los valores de la soja, el maíz y el trigo, los principales del país, son 45% inferiores en esta campaña a los de 2012 y 2014. Eso sí: quizá pueda haber un repunte si el conflicto entre Estados Unidos y China, que tiene a la soja como principal víctima, llega a su fin. O si sucede algún problema climático en un país competidor. Ambos factores, por supuesto, están lejos de la administración local. La buena fortuna es un factor que en todos los órdenes de la vida tiene su peso.