El chavismo busca restarle votos a la reelección de Guaidó

CARACAS.- El chavismo, en un nuevo capítulo de su "conspiranoia" constante, anunció ayer que el encarcelamiento del diputado Gilber Caro, realizado el último viernes, fue consecuencia de la puesta en marcha de la "Operación Navidad Sangrienta", en la que fueron implicados la oposición democrática y los gobiernos de Colombia, Brasil y Perú. Lo más llamativo es que el asalto a un cuartel militar en la zona de las minas de oro tuvo lugar anteayer, cuando el parlamentario de Voluntad Popular (VP) ya cumplía 36 horas en una mazmorra del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Como si se tratara de la remake criolla de Minority Report, película distópica de Steven Spielberg donde el personaje de Tom Cruise actuaba contra delincuentes antes de que estos cometieran un supuesto delito.

Un militar rebelde, al frente de un grupo de indígenas, protagonizó una acción confusa y llena de interrogantes que acabó con su detención y con la muerte de un soldado en esa especie de Far West venezolano. Las fuerzas gubernamentales recuperaron el centenar de armas robadas horas antes. "Querían derribar un avión militar de la fuerza colombiana para luego decir que se habían utilizado cohetes de las fuerzas armadas venezolanas y así generar un falso positivo", aseguró Rodríguez.

La realidad es que la revolución chavista prosigue a toda máquina la persecución y hostigamiento en contra de los diputados que deben reelegir el 5 de enero a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (AN) y, por lo tanto, como presidente encargado. El encarcelamiento del diputado Gilber Caro supone la pérdida de un escaño y resta apoyos a la oposición en una votación trascendental para mantener el desafío al chavismo.

Entre los supuestos implicados figura el diputado Ismael León, también sin suplente, que además se había destacado en las últimas semanas al denunciar los "maletines verdes", cargados de dólares, para comprar voluntades políticas. Representa un voto menos para Guaidó. Las filas opositoras calculan ahora 92 votos cuando les hacen falta al menos 84 para alcanzar el quorum necesario, a sabiendas de que el oficialismo continuará en su tarea de caza y captura de diputados. "Nuestro dilema es que no sabemos cuántos puedan faltar ese día o incluso cambien de bando", develó el parlamentario opositor Carlos Berrizbeitia a LA NACIÓN.

La treintena de exiliados se concentrarán en Bogotá y Madrid para intentar "comparecer" a través de nuevas tecnologías, tal y como se estableció en una reforma del Reglamento que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tardó pocas horas en declarar "nula de toda nulidad". "Lo ideal es que el voto presencial obtenga los 84 apoyos necesarios", concluyó Berrizbeitia. En la actualidad, dos diputados están encarcelados, el chavismo persigue a una docena y más de 30 ya están exiliados.

"Rechazamos categóricamente las nuevas alucinaciones del oficialista Jorge Rodríguez", anunció desde EE.UU. el embajador Carlos Vecchio. La propia AN también se pronunció en el mismo sentido.

El diputado Gilber Caro y su ayudante, el periodista Víctor Ugas (preso político durante cuatro años), cumplieron ayer su tercer día encarcelados. Durante los días previos a su detención, el parlamentario recibió varias propuestas de soborno, según ha revelado su familia. No aceptarlos le costó la cárcel. Una decena de diputados han abandonado las filas opositoras en los últimos días.

Caro, militante de Voluntad Popular (VP), es una de las víctimas favoritas de la revolución. El diputado fue capturado por primera vez en enero de 2018 por el recién creado entonces Comando Antigolpe. Permaneció en prisión durante cinco meses, pese a disponer de inmunidad parlamentaria, bajo acusaciones jamás comprobadas. Fue liberado por las medidas de gracia adoptadas por Maduro tras ser reelegido en unas elecciones presidenciales no reconocidas ni por la oposición ni por buena parte de la comunidad internacional.

El via crucis de Caro continuó este año durante casi dos meses, en los que volvió a las mazmorras de la revolución, sin juicio y sin pruebas. Una nueva represalia que Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, logró reconducir antes de su histórico viaje a Caracas. En esta última ocasión, la libertad le ha durado cinco meses y unos pocos días.