Coronavirus: ahora, los inquilinos pueden respirar aliviados

El presidente Alberto Fernández se movió rápido y le "ganó" la pulseada a la oposición, que quería limitar el congelamiento a 90 días. Que sean seis meses en lugar de tres amplía el universo de inquilinos beneficiados porque las actualizaciones de los contratos -que van entre 15 y 20%- suelen ser semestrales.

El timing no es casual. Esta semana vence una gran cantidad de alquileres que, con la nueva norma, se prorrogan automáticamente, siempre que el locatario esté de acuerdo.

Un dato clave es que, esta vez, el Presidente tuvo en cuenta las necesidades de ambas partes: inquilinos y locatarios. Es decir, no sobrestimó el poder económico de quien tiene un departamento destinado al alquiler. A diferencia de otras ciudades del mundo, no son grandes inversores, ni bancos, ni compañías de seguros. Es por ello que en el país la norma exceptúa de la medida al locador que acredite que depende del alquiler para cubrir sus necesidades básicas o las de su familia. Pese al pedido de las asociaciones de inquilinos que reclamaban que la diferencia entre lo que se debía pagar y lo que efectivamente se pague por el congelamiento se financie en 12 meses, el presidente lo limitó a tres.

La intromisión del Estado en contratos entre privados siempre genera discusiones y dobles interpretaciones. Seguramente habrá "avivadas argentas": inquilinos con capacidad de pago que sacarán ventaja y también propietarios que "dibujarán" necesidades económicas.

El nuevo régimen puso foco en quiénes son los que alquilan: rige para los inquilinos monotributistas y para las micro pequeñas y medianas empresas (punto en el que implícitamente se incluye a los locales comerciales), por nombrar algunos.

La iniciativa de Fernández está en línea con las de los gobiernos del primer mundo, como Alemania, Australia y Francia.

En el sector inmobiliario agradecen que no se haya suspendido el pago de los alquileres. Reclaman alivios fiscales para los propietarios que no puedan cobrar alquileres porque los inquilinos no puedan pagar. Una realidad que sucederá con casos de propietarios que prueben depender del alquiler para vivir con inquilinos insolventes afectados por la d.

El decreto ayuda, pero no alcanza para evitar conflictos; es un alivio para una situación de emergencia. Pero será clave ver cómo se instrumentan y qué otras iniciativas las complementan.