Lavado: los millonarios negocios de una familia ligada históricamente al mundo narco

Diego Di Sipio tiene 43 años y hasta principios de este mes vivía en una lujosa torre de edificios de Puerto Madero. Entre 2011 y 2018 tuvo un incremento patrimonial que, según especialistas de la Policía Federal Argentina (PFA), no podría justificar. En 2013 cerró el año con un patrimonio de $2.542.171,44. En cinco años, su capital creció más de 1000% y, según sus declaraciones juradas, en 2018 sus activos ascendían a $25.611.885,60. Además, en 2012 y 2013, había comprado un departamento y cocheras en Barcelona.

Paola Pérez tiene 48 años. Su último domicilio fue en un barrio privado de San Fernando. En el ejercicio contable de 2016 se abrazó al beneficio de la ley de sinceramiento fiscal [blanqueo de capitales] y declaró la adquisición de seis inmuebles. En 2017, según contadores de la PFA, con sus ingresos no podía justificar la compra de un vehículo.

Lilia Di Sipio, de 76 años, a pesar de que solo podría justificar ingresos como jubilada, tenía ciertos porcentajes en diferentes inmuebles

G. B. D. S., vecino del barrio cerrado Santa Bárbara, de Tigre, no podría justificar la incorporación a su patrimonio de varios bienes y activos. Según sus ingresos declarados, le resultaría imposible incrementar su tenencia de dinero en efectivo, tanto en dólares como pesos.

Los cuatro, integrantes de una misma familia, algunos de ellos con pasado en el narcotráfico transnacional, habían sido detenidos el 3 de este mes y acaban de ser procesados con prisión domiciliaria (la jubilada ya gozaba de ese beneficio) por el juez federal de Morón Néstor Barral, por el delito de lavado de activos de origen espurio.

Hubo una quinta persona investigada, pero la acción penal en su contra quedó extinguida con su fallecimiento: era Norberto Blanco, esposo de Lilia Di Sipio, padre de G. B. D. S. y suegro de Paola Pérez.

"Desde fines de la década del 90, integrantes del clan Blanco–Di Sipio habrían tenido intervenciones en la comisión de delitos vinculados con el comercio de drogas, lo cual permitió suponer importantes percepciones de sumas de dinero que habrían motivado el inicio de un proceso de legitimación de dichos activos para intentar disfrazar el origen ilícito con distintas operaciones, siendo una de ellas la creación de sociedades, que si bien posteriormente adquirirían dinero de forma lícita, encuentra su origen en los delitos precedentes por narcotráfico", según se desprende del expediente judicial.

A principios de mes, personal del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la PFA, por orden del juez federal Barral, detuvo a los cuatro sospechosos e hizo una serie de allanamientos en Puerto Madero, en los countries Santa Bárbara, en Tigre, y Ayres Chico, en San Fernando; en una guardería náutica de Tigre, y en un inmueble de Pinamar, entre otros lugares. Se secuestraron tres vehículos Mercedes-Benz, un Chevrolet Corvette, un Ford Mustang, una camioneta VW Amarok, una camioneta Jeep Wrangler y un Fiat 600 de colección, entre otros autos. También se decomisaron motos BMW, Harley Davidson, Honda, Yamaha y Kawasaki, además de 3.470.000 pesos en efectivo.

Operaciones sospechosas

La causa comenzó después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) pusiera la lupa sobre tres operaciones inmobiliarias. Con una diferencia de ocho meses, G. B. D. S., según detectó aquel organismo, adquirió tres propiedades en San Isidro, Tigre y Pilar.

Es más, los detectives policiales y judiciales que participaron de la investigación estiman que años atrás parte de los sospechosos hicieron negocios ilícitos con la mafia calabresa y que después invirtieron las ganancias en la Argentina.

“La UIF revisó los antecedentes laborales de G. F. D. S., María Di Sipio y Paola Alejandra Pérez, determinando inconsistencias en las actividades declaradas para justificar la adquisición de los inmuebles”, según se explicó en la resolución firmada por el juez federal Barral.

Las sospechas de la UIF fueron remitidas a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que dio inicio a la investigación, a la que se sumó el fiscal federal Santiago Marquevich.

Al analizar información y expedientes judiciales, los investigadores advirtieron que la mayoría de los sospechosos habían sido imputados o condenados en causas de narcotráfico. En julio de 2002, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de San Martín le fijo a Pérez una pena de siete años y seis meses de prisión por comercio de estupefacientes. En esa misma causa su marido, Rodrigo Blanco, que después falleció, recibió una pena de 12 años.

En ese expediente había estado procesado Diego Di Sipio, pero finalmente fue absuelto. Sí, según el expediente judicial, tiene una causa abierta en la Sección Novena de la Audiencia Provisional de Barcelona. Ya se celebró el juicio en España; resta conocer la sentencia.

"En su escrito de acusación contra Diego Di Sipio, el fiscal provincial de Barcelona, Roberto Valverde Megías, sostuvo que durante la primera década de los años 2000 tanto el acusado Diego Alejandro Di Sipio como sus hermanos Fabián Osvaldo, Sergio Fernando, Gustavo Daniel y Fabrizio desarrollaron una intensa actividad delictiva vinculada con el tráfico de drogas entre España, Italia y la Argentina. Así, tanto el acusado Diego Alejandro Di Sipio como sus hermanos Fabián Osvaldo y Sergio Fernando fueron investigados por la jurisdicción italiana en el curso de una operación contra el narcotráfico investigada por la Sección Anticrimen de las fuerzas policiales de la ciudad italiana de Trento", detalló el juez Barral.

Sin actividad laboral declarada en España, Diego Di Sipio había tenido a su nombre bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y productos financieros.

Beneficios económicos

"Durante el tiempo en que la familia Di Sipio desarrolló la actividad delictiva se generaron en provecho de la misma cuantiosos beneficios económicos. Por ello, a fin de introducir en el circuito económico legal las ganancias obtenidas por los Di Sipio en su continuada actividad ilícita, ocultando con ello su origen delictivo, el acusado Diego Alejandro Di Sipio ideó la realización de diferentes actuaciones financieras y de compra de bienes inmuebles", afirmó el juez Barral en el auto de procesamiento.

Después de analizar la información registrada en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por Diego Di Sipio, la Unidad Investigativa contra la Corrupción de la PFA concluyó: "Del análisis hecho se puede advertir el mecanismo al cual recurre en reiteradas veces el investigado, el cual consiste en incrementar su patrimonio año a año sin demostrar ingresos suficientes para ello, teniendo que recurrir a tomar deuda principalmente con personas físicas y en menor medida con sociedades vinculadas al grupo familiar con el fin de tratar de justificar su evolución patrimonial. Llama poderosamente la atención que el investigado comienza con un patrimonio, en 2013, de $2.542.171,44 y lo aumenta del 2015 al 2016 en un 824%, totalizando un patrimonio de $ 24.728.773,42. Finaliza el periodo 2018 con un patrimonio de $ 25.611.885,60, aumentándolo desde el 2013 a un 1007%".

Para el juez Barral, G. B. D. S., Paola Pérez, Diego Di Sipio y Lilia Di Sipio, desde una fecha incierta y hasta el 3 de este mes –el momento de sus detenciones–, formaron una asociación criminal estable “dedicada a poner en circulación en el sistema financiero argentino y en el extranjero bienes provenientes de maniobras de tráfico de estupefacientes desplegadas tanto en la Argentina como así también por fuera de los límites del territorio nacional, las que específicamente se habrían concretado en España y en Italia, con el objeto que adquieran apariencia lícita, mediante una serie de actos tales como la adquisición de propiedades inmuebles, vehículos y participaciones societarias”.

Durante sus indagatorias, los sospechosos hicieron uso de su derecho constitucional de negarse a declarar y contestar preguntas. Diego Di Sipio, por intermedio de sus abogados defensores, sí presentó un descargo en el que explicó que no tenía vinculación alguna con las actividades que se le imputan, que si bien habría tenido procesos judiciales abiertos había sido absuelto en ellos, y adelantó que presentará la documentación para acreditar la procedencia legal de sus bienes.

Según consta en el expediente judicial, en una de las causas en las que fueron condenados sus hermanos por tráfico de cocaína y éxtasis desde la Argentina hacia Italia y España, Diego Di Sipio fue absuelto por falta de evidencias.