Minería: el Gobierno de Mendoza promulgó la polémica ley y ahora Nación mostró "preocupación"

En medio de las fuertes protestas en Mendoza contra los cambios de la "Ley Antiminera", el Gobierno provincial decidió avanzar ayer con su plan de reactivar el sector y promulgó la reforma de la controversial norma, que habilita el uso de sustancias tóxicas como el cianuro. En tanto, el Ejecutivo nacional se despegó de la polémica y ahora mostró "preocupación" por el impacto popular de las modificaciones aprobadas de manera express en la Legislatura local.

A pesar de las masivas manifestaciones de los mendocinos, que incluyeron incidentes en la explanada del Palacio Cívico y marchas con cacerolazos pacíficos por las principales calles de la capital provincial, el flamante gobernador radical Rodolfo Suarez publicó el martes en el Boletín Oficial los cuestionados cambios de la ley 7.722, que en sus primeros y principales artículos establece ahora la autorización para la utilización de sustancias químicas contaminantes, como el cianuro y el ácido sulfúrico, en la extracción de minerales.

Asimismo, la normativa dispone que las Declaraciones de Impacto Ambiental no deberán pasar más por el filtro legislativo, sino que deberán tener el aval de informes técnicos de organismos oficiales. Ya hay una veintena de proyectos mineros en espera para poder ver finalmente la luz en tierra cuyana, al tiempo que desde el Gobierno aseguran que se podrán generar unos 50.000 puestos de trabajo.

Mientras las autoridades locales encaminan el plan minero, desde Nación lanzaron la primera voz de alerta, que se contradice con el apoyo que el presidente Alberto Fernández le dio al mandatario mendocino en la última semana. El jefe del Ejecutivo nacional, tras la última marcha, pidió reunirse el lunes con la legisladora nacional kirchnerista y excandidata a la Gobernación, Anabel Fernández Sagasti, para que le explicara "qué está pasando en Mendoza con el debate minero". Vale recordar que la senadora fue una de las artífices del pacto político entre oficialismo y oposición para que la Casa de las Leyes mendocina avanzara con la controversial ley.

Por su parte, ayer, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se mostró distante de la decisión provincial, aunque mostró su "preocupación" por el clima social que se vive en Mendoza. "La competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial. El Gobierno nacional no interviene en la materia, solo puede extremar su recaudo a favor de que esa actividad se realice con acuerdo social y con preservación del ambiente", indicó el ministro.

Asimismo, prometió que trabajará en "la formulación, implementación y ejecución de la política ambiental y su desarrollo sostenible como política de Estado". "Se dispuso que las áreas correspondientes analicen una ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental de la actividad minera, que sirva como instrumento de gestión ambiental, otorgando un piso mínimo de protección y respetando el dominio originario de los recursos naturales", indicaron desde Ambiente.

Mientras, el Gobierno provincial promete dar pelea, según confió a LA NACION una alta fuente del Ejecutivo. "Aguantaremos la parada con los incrédulos y a los otros habrá que bancarlos y detenerlos en la medida que vayan sacando los pies del plato", indicó el funcionario, en referencia a los incidentes con piedrazos, gases lacrimógenos y postas de goma que terminaron con una veintena de policías heridos y varios "encapuchados" detenidos, quienes recuperaron la libertad.

En tanto, el reclamo popular, principalmente de ambientalistas, productores y defensores del agua, no deja de hacerse sentir en las principales calles de la provincia, y promete potenciarse en los próximos días, tras los festejos navideños, poniendo en el centro de la escena la desconfianza hacia los controles ambientales oficiales, por lo que aseguran que de no lograr la marcha atrás del Gobierno, irán a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma.