El Gobierno prepara su respuesta a un duro pedido de la ONU

El gobierno de Mauricio Macri trabaja contra reloj en su respuesta a un duro pedido de informes del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Si bien la nota del relator, el peruano Diego García-Sayán, tiene por objeto pedirle datos a la Argentina y emitir luego un informe, en la consulta que envió a la Cancillería el relator expresó sus "preocupaciones". Y dijo: "Considero que las informaciones recibidas [por los denunciantes] son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata".

Considero que las informaciones recibidas [por los denunciantes] son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata

La Argentina debe responder antes del 1º de enero. La idea del gobierno de Macri es contestar entre esta semana y la próxima. De ninguna manera el oficialismo quiere dejar la Casa Rosada sin haber entregado su descargo.

García-Sayán le pidió al Gobierno "la atención urgente" ante la información recibida sobre "la presunta existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial" supuestamente ejecutado "por parte del Poder Ejecutivo", según escribió el relator.

Aunque el asunto entró por la Cancillería, lo está trabajando el Ministerio de Justicia, que opera como coordinador de las distintas áreas involucradas y mandó a pedir datos al Consejo de la Magistratura y a la Procuración.

El pedido es un documento poco serio, impulsado por abogados defensores de personas investigadas y condenadas por hechos de corrupción

En el Gobierno adelantan que la respuesta será fuerte. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo ayer a LA NACION que el pedido de García-Sayán es un documento "poco serio", "impulsado por abogados defensores de personas investigadas y condenadas por hechos de corrupción" y que "desconoce el sistema judicial y constitucional" argentino. "Será oportunamente respondido por el Estado, como siempre se hace ante todas las solicitudes, aunque sean infundadas o tengan objetivos diversos de los que debieran", afirmó Garavano.

La referencia a los casos de corrupción se debe a que uno de los organismos que presentaron denuncias ante la ONU fue Iniciativa Justicia, una asociación que lideran, entre otros abogados, Alberto Beraldi, defensor de la expresidenta Cristina Kirchner; Maximiliano Rusconi, defensor del exministro Julio De Vido, y Graciana Peñafort, defensora del exvicepresidente Amado Boudou y del exsubsecretario de Coordinación y Control de Planificación Roberto Baratta, hombre clave en el caso de los cuadernos de las coimas porque Oscar Centeno, el autor de los cuadernos, era su chofer.

Las acusaciones

El pedido de informes de García-Sayán da cuenta de las acusaciones recibidas. Una de las principales tiene que ver con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el organismo que controla y selecciona a los jueces. El relator afirma que, de acuerdo con la información recibida, desde la incorporación del diputado Pablo Tonelli, el oficialismo reunió una mayoría en el Consejo que "utilizaría" para "perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses". También, para "trasladar magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante sin respetar los requisitos establecidos en la legislación".

El informe hace mención de algunos casos, como el de Juan Manuel Culotta, que fue nombrado subrogante en el Juzgado Electoral de La Plata; Carlos Mahiques, trasladado a la Cámara de Casación, y Leopoldo Bruglia, trasladado a la Cámara Federal. También cita las denuncias de "hostigamiento" a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, que finalmente renunció a su cargo, y las designaciones -en un primer momento, por decreto- de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Sostiene además que, "según la información recibida", los magistrados que fallaron en contra del aumento de tarifas de servicios públicos esenciales habrían sido "víctimas de ataques, intimidaciones públicas y pedidos de enjuiciamiento".

El relator informó que la respuesta del Gobierno se hará pública en el sitio web oficial "en un plazo de 60 días". Después, García-Sayán presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.