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Cuáles son las seis alertas que amenazan el medio ambiente argentino


Por Nora Bär

Fotos de Rodrigo Néspolo, Anibal Greco, Fabian Marelli, Ricardo Pristupluk y Gentileza Programa Marino, Fundación Vida Silvestre Argentina y Pascua-Lama, Reuters

La gestión de los residuos urbanos, la degradación de los suelos por erosión hídrica y monocultivo, la deforestación del bosque chaqueño, la minería de alta montaña y el descarte de la pesca en el Mar Argentino

Los anuncios se suceden sin cesar y cada noticia supera a la otra: por su desmanejo del medio ambiente, se podría decir de la humanidad lo mismo que la leyenda cuenta sobre Atila, rey de los hunos: que por donde pasaba no volvía a crecer el pasto.
El país no está exento de esta encrucijada que se verifica en todo el globo. Su actividad económica depende fuertemente de los recursos naturales, del mismo modo que la calidad de vida de sus habitantes, pero la tierra, el agua, los bosques y los mares ya exhiben la huella de la sobreexplotación. En este escenario, especialistas consultados por LA NACION destacaron seis puntos álgidos: la gestión de los residuos urbanos, la degradación de los suelos, la deforestación, la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, la minería de alta montaña, especialmente en la provincia de San Juan, y el descarte de la pesca en el Mar Argentino.

A juicio de Manuel Jaramillo, director de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), hay dos preocupaciones fundamentales: la conversión de los ambientes naturales, y la producción y consumo de energía.

“Un estudio que realizamos en 2017 sobre la salud de los ecosistemas terrestres pone en evidencia una fuerte tendencia a la disminución de estos servicios –afirma –. Percibimos la presión sobre nuestros recursos a través de los cambios en inundaciones, sequías, olas de calor, desplazamiento de poblaciones, la contaminación del aire y el agua. Estos síntomas no afectarán únicamente a las generaciones futuras; las proyecciones muestran que, a medida que pase el tiempo, van a empeorar.”

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), coincide y agrega que, aunque la conciencia ambiental crece en el mundo, especialmente entre los jóvenes, al mismo tiempo las crisis económicas profundizan el modelo existente para producir divisas. “Los temas ambientales maduran en el largo plazo y lo que manda son las ganancias de las empresas –dice Nápoli–. Para avanzar en un caso como el del Riachuelo, hay que hacer un juicio en la Corte Suprema”.

Según el magíster en derecho ambiental graduado en la Universidad del País Vasco, España, los daños de la minería a cielo abierto no son “para los trabajadores y la gente que vive en las capitales, sino para los que viven cerca. Pero es difícil avanzar con el cumplimiento de la regulación porque el Estado es el principal socio de estos emprendimientos, no un actor independiente en la operación, está involucrado en el proceso”.

El Riachuelo representa, para Antonio Brailovsky, docente de la UBA y la Universidad de Belgrano, y ex defensor adjunto de la CABA, la cuenca en peor situación del mundo. “Combina dos cosas: un río altamente contaminado, pero que además afecta a una cantidad muy grande de gente –afirma–. Las normas de vertidos industriales son iguales que antes de la sentencia de la Corte; se sigue tirando lo mismo que hace 12 a 15 años”.

El especialista advierte que en la zona seca del país, todo el Oeste, “vamos hacia la emergencia hídrica. San Juan lleva tres años de sequía continuada. Necesitamos una contabilidad ‘maniática’ del agua, saber cuántos centímetros cúbicos hay en cada lugar y cómo los vamos a usar. Tiene que haber una previsión que estime con precisión cuánta agua le estamos dando a los cultivos, a las ciudades y al fracking. Hay que sincerar que necesitamos racionar el agua. Mendoza lo hizo hace un siglo con respecto a los cultivos. Ahora hay que pensarlo todo de nuevo”.

Por su parte, el secretario Sergio Bergman prefirió no hablar sobre materias pendientes, sino destacar los logros de su gestión. “Transformamos una Argentina que no tenía política ambiental en una que sí la tiene, aunque haya temas pendientes”, opinó.

Entre los avances, destacó que haber “vuelto al mundo” le exige al país cumplir standards ambientales internacionales y con una agenda de desarrollo sostenible y reportar anualmente los avances en las Naciones Unidas. Además, considera positivo haber creado el gabinete nacional de cambio climático; haber planteado planes de mitigación; haber promovido el desarrollo de energías renovables, lo que impulsó más de 175 planes y proyectos de energía solar, eólica y biomasa; haber promovido la plataforma forestal 2030; disminuír paulatinamente el uso de fósiles y promover la movilidad eléctrica; adaptación a las nuevas formas de producción que tiene el campo; promover la agricultura de precisión o digitalizada para el gran debate sobre el uso de fitosanitarios, entre otros.

Según la Facultad de Agronomía de la UBA, “En el ranking de países de la región, la Argentina, con un 2,3% de su territorio dentro de áreas protegidas, está en la tercera peor posición, sólo por encima de Guyana y de Uruguay. Los países que encabezan la lista son Chile, con 18,3%, Venezuela, con un 15,2%, Colombia, con 11,8%, y Brasil, con 5,6%”.

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Riachuelo
A más de 10 años del fallo de la Corte, casi sin avances en la cuenca más contaminada del mundo

La cuenca abarca 2.240 km2 en los que viven alrededor de 3.500.000 personas y hay unas 12.700 industrias. La contaminación de este rio de 64 km de largo, “es uno de los temas de mayor relevancia socioambiental del país”, destaca FARN en su informe ambiental 2019. Aunque se pueden mencionar algunos avances, como la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) para impulsar el plan de saneamiento, y las tareas de remoción y limpieza de más de 1400 toneladas de residuos sólidos del espejo de agua y de los márgenes, que en el caso de la CABA permiten ampliar los sistemas de recolección de residuos, y el progreso de obras de infraestructura clocal, el plan integral de saneamiento “cuenta con un bajo nivel de implementación”. No mejoraron las condiciones de las aguas superficiales del río ni la calidad del aire en la cuenca baja del Riachuelo. “No existe una política eficiente para controlar las descargas de las industrias. Las normativas que rigen no son adecuadas para el Riachuelo, ya que permite tirar todo lo que deseen las empresas si lo diluyen en agua”, afirma Antonio Brailovsky.

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Residuos urbanos
Buenos Aires, entre la saturación de rellenos, la ley de “basura cero”y la incineración

Se calcula que, en promedio, cada argentino produce un kilo de basura por día. Recogerlo y trasladarlo hacia los sitios de deposición solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires exige más de 2500 camiones cargados de 18.000 toneladas diarias de desechos que se vierten en los rellenos sanitarios . Solo el 13% de esa cifra se procesa o se recicla para su reutilización. Pero las autoridades de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) , compañía creada por los estados de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, ya advirtieron que en cinco años la capacidad de esos espacios quedará colmada. Este año las autoridades rehabilitaron la incineración, que había sido prohhibida hace más de una década, una tecnología fuertemente cuestionada por su costo y porque compite con la economía circular. Los especialistas destacan que el problema es que la basura viene determinada no por el consumidor, sino por el productor. Si hay materiales que pueden servir, ¿para qué gastar tanto en quemarlos? Los especialistas también reclaman una ley de residuos peligrosos.

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Deforestación
El Gran Chaco, uno de las once zonas en mayor peligro por la pérdida de superficie

Según datos oficiales, entre 1990 y 2017, el país perdió 7,7 millones de hectáreas de bosques una superficie igual a Bélgica y Holanda sumadas. La del Gran Chaco es una de las zonas que más padeció este proceso. Según Greenpeace, cuatro provincias concentran el 80% de los desmontes: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. Y el 36,3% de la superficie deforestada correspondió a bosques nativos. Estudios de la Fundación Vida Silvestre y el INTA calcularon que, si nada cambia, en 2028 habrá perdido una superficie equivalente a 200 veces la ciudad de Buenos Aires. Como contracara, otro estudio recientemente presentado por la FVSA muestra que si la Ley de Bosques se cumpliera en forma estricta, para 2028 se podrían evitar deforestaciones por 1,81 millones de hectáreas. Y si hicieran acuerdos públicos y privados de no deforestación, sería posible mantener un crecimiento de 2,3 millones dehectáreas de la superficie agrícola, y de 1,7 millones de hectáreas de superficie ganadera. “Nuestra economía está dejando una hipoteca ambiental para el futuro”, afirma Andrés Nápoli, de FARN.

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Minería a cielo abierto
Veladero-Pascua Lama, un caso paradigmático que revela
sus peligros

Se practica en la Cordillera de los Andes. Consiste en remover una gran cantidad de roca para extraer recursos no renovables. Pero más que los grandes volúmenes de tierra que se remueven, los especialistas subrayan que el problema que presenta es que se utilizan enormes cantidades de agua y cianuro en gran escala. y generalmente cerca de los glaciares. Las minas de Veladero y Pascua Lama fueron un caso testigo de la falta de regulación. A pesar de cuatro derrames en los que vertieron más de un millón de litros de solución cianurada en varios rios de la región.“La Argentina es el único país de América latina que no tiene ley de impacto ambiental, se rige por las normativas de las provincias o sectoriales –afirma Nápoli, de FARN–. La Ley General de Ambiente tiene dos principios al respecto, pero que no los cumple nadie”. “Hay continuas fallas en los sistemas de control y fiscalización –coincide Jaramillo, de la FVSA–. No hay minería sustentable, pero sí puede haber una responsable, con mejores prácticas y que reinvierta parte de los beneficios económicos en proteger los recursos naturales”. Desde el gobierno de la provincia de San Juan, donde quedan las minas de Veladero y Pascua Lama, se defienden de las acusaciones: “Sergio Uñac fue el único gobernador que le puso los puntos a la minería. En la provincia hay minería responsable, con absolutamente todos los controles necesarios”, dice un vocero.

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Erosión de los suelos
Afecta en especial a la pampa húmeda por anegamientos y monocultivo

Según la FAO, las pérdidas económicas del país debidas a la erosión hídrica (que producen la lluvia y los anegamientos cuando no hay cubierta vegetal) ascienden a 700 millones de dólares por año. El informe ambiental 2017 de la Secretaria de Ambiente de la Nación, calcula que la superficie sometida a este proceso supera las 100 millones de hectáreas y cada año se suman 2 millones más. Esto equivaldría a un tercio del territorio nacional. “Hay varios lugares del país que evidencian erosión de los suelos por distintas razones –explica Fernando Salvagiotti, investigador del INTA–. Además de la que se produce por inundaciones (sur de Santa Fé y Córdoba), y la erosión eólica (en La Pampa, San Luis), también se registra ese proceso por exceso de monocultivo. Un ejemplo es lo que se da en la cuenca del rio Carcarañá”. El INTA estima que en los últimos 30 años la degradación hídrica en todo el país se incrementó en250.000 hectáreaspor año. “Los fitosanitarios también tienen un impacto –afirma Brailovsky–. Somos el país del mundo donde más se usan, 16 litros por ha y por año”

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Mar Argentino
El “descarte” pone en riesgo a la merluza, las exportaciones y el empleo

En el Mar Argentino, como las poblaciones de merluza y langostino comparten el espacio, con frecuencia las redes recogen ambas especies al mismo tiempo. Pero como predomina la motivación de maximizar los beneficios económicos en el corto plazo, lo que tiene más valor (el langostino) se guarda y lo que tiene menos valor, se descarta. Esto hizo que en 2017. los barcos de pesca vaciaran de sus bodegas 111.928 toneladas de merluza (muerta), una cantidad equivalente a casi el 40% de la captura máxima permisible. “El descarte es un uso irracional de nuestro patrimonio natural, que tiene impacto sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas marinos”, explica el biólogo Guillermo Cañete que produjo un informe detallado del tema para la FVSA. El Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (Inidep) destaca que en los últimos años el descarte fue creciendo, aunque hay métodos de discriminar la captura para que eso no suceda. Aunque la ley de pesca lo prohíbe, no existe un marco legal que trate el tema ni medidas concretas para mitigarlo, afirma Cañete en su informe.

Esta nota integra Covering Climate Now, una iniciativa global de más de 250 medios para fortalecer la cobertura sobre la crisis climática

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