Los nexos de José Alperovich con la fiscal y el juez que lo investigan en Tucumán
PARA LA NACION
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– La denuncia penal por violación presentada la semana pasada contra el exgobernador y actual senador nacional del PJ, José Jorge Alperovich, por parte de una sobrina que, además fue colaboradora suya, podría poner a prueba la independencia de la justicia tucumana. Las dudas sobre la posibilidad de que la demanda no prospere en los tribunales locales son abonadas por un hecho tangible: decenas de jueces y fiscales fueron designados por Alperovich durante sus tres mandatos consecutivos como gobernador, entre 2003 y 2015, cuando tuvo a la provincia en un puño y logró moldear un Poder Judicial a medida.
"Una parte del Poder Judicial sigue subordinada a Alperovich, con jueces y fiscales a los que él considera que le deben favores", resumió a LA NACION el abogado Gustavo Morales, quien hoy presentó un escrito en el Congreso para exigir la remoción de Alperovich "por inhabilidad moral".
La sobrina del exgobernador que lo acusó por violación tiene 29 años y es hija de un primo de Alperovich. En paralelo a la causa iniciada en los tribunales tucumanos, la víctima también presentó una denuncia contra su tío segundo ante la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que los abusos habrían ocurrido en ambas jurisdicciones, entre fines de 2017 y mayo de 2019. La estrategia de la defensa de la joven, a cargo del abogado Ricardo Santoro, apunta a reforzar la presentación realizada en la Capital Federal, cuya investigación está a cargo del titular interino de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, Santiago Vismara
En el orden local, la fiscal que tiene a su cargo la investigación de la denuncia por abuso sexual es María del Carmen Reuter, quien fue designada por Alperovich en 2015 como titular de la Fiscalía Penal III de los tribunales de la capital tucumana. En septiembre de 2018, quedó frente de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. Antes de ser nombrada fiscal, Reuter se desempeñó durante varios años como secretaría de la Fiscalía X, a cargo de Guillermo Herrera, quien renunció en 2015 acorralado por múltiples denuncias en su contra por irregularidades en la tramitación de causas, en connivencia con un grupo de abogados con vínculos políticos. Entre los letrados que Herrera habría favorecido con sus dictámenes figuraban Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez, hijos del actual jefe de los fiscales tucumanos, Edmundo Jiménez, quien antes de ser nombrado en el Poder Judicial se desempeñó, durante 11 años, como ministro de Gobierno y Justicia de Alperovich. En ese cargo, Jiménez se transformó en una pieza clave en la ingeniería de colonización del Poder Judicial mediante la designación de jueces y fiscales afines.
Por esos antecedentes, la designación de Reuter fue cuestionada por el Colegio de Abogados de Tucumán, que objetó que haya sido nombrada mientras se tramitaban las pesquisas contra su superior, Herrera, por considerar que podría haber estado implicada, según se desprendía de una pericia realizada por la Corte Suprema. Sin embargo, la mayoría peronista en la Legislatura provincial aprobó sus pliegos por pedido de Alperovich.
En febrero último, Reuter actuó en otra causa de gran trascendencia pública, ya que fue la encargada de investigar el caso de Lucía, la niña de 11 años que fue violada por la pareja de su abuela a la que no se le permitió acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) y que fue obligada a dar a luz por cesárea en un hospital público de Tucumán. Reuter fue quien se encargó de investigar el abuso sexual contra la menor, mientras que los hechos vinculados con el pedido de interrupción del embarazo y la posterior cesárea fueron indagados por su par, Adriana Giannoni. Reuter dispuso que el sospechoso de violar a la niña quede detenido con prisión preventiva y en un trámite expeditivo completó las actuaciones para pedir que la causa sea elevada a juicio oral y público.
El Juez y el antecedente que ya benefició a Alperovich
El juez Facundo Maggio, en cuyo despacho quedó la causa por violación, no fue nombrado por Alperovich, sino por Manzur, en mayo de 2018. Sin embargo, hay vínculos políticos que lo unen con el exgobernador. Maggio es sobrino político de Edmundo Jiménez, el hombre al que Alperovich nombró como jefe de los fiscales luego de contar con sus servicios como ministro de Gobierno durante más de una década.
La designación de Maggio como juez penal tuvo una gran controversia y fue cuestionada por la oposición, que puso en duda su imparcialidad debido a su parentesco con Jiménez.
Además, el magistrado fue resistido por organismos de los Derechos Humanos debido a su pasado como defensor de distintos imputados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Sin embargo, la mayoría peronista en la Legislatura no tuvo en cuenta esas advertencias y aprobó los pliegos de Maggio, por orden de Manzur.
Al frente del Juzgado de Instrucción Penal N°II de la capital tucumana, Maggio dictó este año un polémico fallo en el que sobreseyó a legisladores, exparlamentarios y funcionarios, entre estos Manzur y Alperovich, denunciados en una causa que investigó un presunto uso indebido de millones de pesos del Poder Legislativo provincial. El hecho fue conocido como "el caso de las valijas de la Legislatura" y se originó en 2015 tras una denuncia penal realizada por los abogados Oscar López y Eudoro Aráoz, quienes advirtieron sobre la presunta existencia de delitos relativos al uso de la partida "ayuda sociales a personas", también conocida como "gastos sociales".
La causa se inició por una publicación del diario La Gaceta, en la que se mostró cómo personal de la Legislatura retiraba valijas con dinero en efectivo desde un banco y los trasladaba a la Cámara en un vehículo de uso oficial. Se sospecha que parte de ese dinero fue empleado para financiar la campaña electoral de 2015, cuando Manzur fue elegido gobernador con casi el 54% de los votos.
En julio último, Maggio sobreseyó a los 49 legisladores del período 2011-2015, a los entonces gobernador y vice, Alperovich y Manzur; al ministro de Economía, Jorge Jiménez; al secretario del área, Rolando Steimberg; al entonces secretario de la Cámara, Juan Antonio Ruiz Olivares; y a los funcionarios legislativos Pérez y Piero.
En su fallo, el magistrado tomó como base un dictamen del fiscal Claudio Bonari, que había solicitado el archivo de parte de las actuaciones y el sobreseimiento de todos los denunciados.
Maggio coincidió con el fiscal y justificó el retiro de valijas con millones de pesos de un banco para su traslado a la Legislatura.
"El fiscal advierte que pese a la trascendencia mediática del hecho, dicha conducta no encuadra en tipo penal alguno, por lo que estima, no corresponde que se analice. En definitiva, el fiscal se pronuncia por la no existencia de ningún delito", señaló en su fallo el juez que debe determinar si Alperovich es responsable o no de haber violado a su sobrina.
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