Hay uno que todavía está afuera

Facundo Moyano se lo dijo a sus compañeros del Frente Renovador. Su padre, Hugo, no está conforme con algunas designaciones del Gobierno. Él y parte de los productores agropecuarios son los únicos actores ofuscados de un enorme espectro del establishment que ha decidido creer en la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y que ayer posó para la primera foto del gran acuerdo social.

"Vengo del Ministerio de Producción: ya fui cinco veces desde el 10 de diciembre, más que en toda la era Macri", se entusiasmó anteayer, al cruzarse en la calle con LA NACION, el principal lobista de un grupo industrial. Su voto es positivo. "Sabemos que nos van a reventar a impuestos, pero no hay alternativa: si a Alberto le va mal en los próximos seis meses, esto va a ser un desastre", agregó. Es la apuesta que ha hecho también la cúpula de la CGT. "Es nuestro gobierno", dijo un sindicalista, que aclaró sin embargo que su espaldarazo incluía ciertas reservas. Todos han decidido dejar pasar por ahora algunas objeciones al plan del Gobierno. "¿Por qué un jubilado que gana 50.000 pesos tiene que resignarse a vivir peor que antes?", se preguntó esta semana un referente gremial antes de que este diario le recordara una curiosidad: hace dos años, en simultáneo con las pedradas en la Plaza del Congreso por la reforma previsional que proponía Macri, y mientras el kirchnerismo pedía que se levantara la sesión, Héctor Daer era muy crítico de aquel proyecto. "Vamos a terminar resignando entre un 5 y un 7% del ingreso de los jubilados de acá hacia el futuro", decía. ¿Esta vez es distinto? "Y? no. Pero hay cosas que no son para este momento -se sinceró un colega de Daer-. Es una cuestión de corrección política: no creo que Héctor pueda salir a hablar ahora".

El posicionamiento sindical incluye aceptar incomodidades. Por ejemplo, el disgusto de no haber sido incluidos en la mesa del hambre. En la CGT se preguntan qué pueden saber al respecto las figuras públicas o del espectáculo convocadas por el Presidente o, un asunto más sensible, por qué en lugar de la central de Azopardo se han sentado allí las organizaciones sociales. "Nosotros por lo menos aportamos algo al sistema: atendemos 22 millones de afiliados con las obras sociales", se quejan. He ahí otra perturbación: la ley de emergencia no incluyó a estas prestadoras, y temen que el sistema colapse por la proliferación de reclamos que ellos nuclean en un eufemismo, "la nueva salud", hasta ahora solo atendido mediante órdenes judiciales. La enumeración no solo incluye cirugías, tratamientos hormonales y hasta el protocolo del aborto, sino decisiones tomadas en los últimos tiempos sobre enfermedades que requieren drogas de altísimo costo. Imposible que alguno alce la voz: son susurros por debajo de la línea de la corrección política.

El 12 de agosto, al día siguiente del triunfo de Alberto Fernández en las primarias, y con los macristas todavía en estado de perplejidad, Adolfo Rubinstein, entonces secretario de Salud, firmó la resolución 1452, que obliga a los agentes del sector a cubrir el 100% del tratamiento con nusinersen, considerado uno de los diez medicamentos más caros del planeta y necesario para quienes padecen atrofia muscular espinal, que en la Argentina son unos 260 casos, principalmente chicos. La droga, que solo fabrica el laboratorio norteamericano Biogen con el nombre de Spinraza, es fuente de tironeos en todo el mundo. A la obra social de la Sanidad, por ejemplo, con casi 500.000 afiliados, la atención de 5 o 6 casos le demanda un 20% del presupuesto de todo el mes. "Una buena mala noticia", había sintetizado a principio de año Hugo Juri, médico y rector de la Universidad Nacional de Córdoba, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia obligó a Daspu, la obra social universitaria, a pagar un tratamiento de alrededor de un millón de dólares al año para un afiliado. Juri le pidió entonces al Estado que regulara el precio. "Creo que el fallo de la cámara es justo, pero no es equitativo -dijo-. El paciente necesita la medicación y es ético que Daspu garantice su parte. Pero ¿qué pasará el día que llegue otro paciente que pida lo mismo? No solo no se podrá pagar ese tratamiento: la obra social podrá entrar en cesación de pagos". Dos meses después, Rubinstein firmó con el laboratorio un acuerdo que permitía bajar a 750.000 dólares el tratamiento durante el primer año. Los gremios siguen juzgándolo impagable.

Son inquietudes que aparecen en el horizonte sindical y que se suman a urgencias más clásicas y abarcadoras, como la recomposición de los salarios. La paritaria de Camioneros empieza en febrero: será un buen test del humor de Moyano, molesto hasta ahora por los nombramientos en el Ministerio de Transporte. Algunos no fueron todavía publicados en el Boletín Oficial, pero en los gremios advierten poca predisposición del Frente de Todos a negociar.

Alberto Fernández le había anticipado algo de esto a la CGT cuando, semanas atrás, recordó el modo que tenía el camionero, siempre con pretensiones de máxima y, ante la insinuación de cualquier retaceo, inflexible e implacable. El Gobierno le negó de entrada la designación de Guillermo López del Punta como ministro de Transporte, a quien Moyano quisiera ver ahora al menos al frente de una secretaría relevante. López del Punta se reunió hace algunos días con Sergio Massa, jefe del espacio donde milita el nuevo ministro, Mario Meoni, pero parece improbable que obtenga siquiera su segunda pretensión, que es la secretaría que maneja los subsidios del transporte. Las últimas conversaciones indican que esa dependencia estaría a cargo de dos cordobeses de buena relación con el senador Carlos Caserio: Walter Saieg, que sería el secretario, y Gabriel Bermúdez, subsecretario. Lo que queda es menos apetecible: el área que controlará organismos como la ANAC y el Orsna, o la junta investigadora de accidentes. Meoni está al tanto de esta gama de pretensiones: el lunes recibió a Hugo, otro de los hijos de Moyano.

El resultado de estos tironeos, de los que participan tanto Massa como La Cámpora, a través de Mariano Recalde, determinará el modo en que el líder camionero empezará la relación con la Casa Rosada. En la CGT dicen que no es grave: recuerdan que él no hace paros en soledad y que estará además condicionado por prioridades como la situación de Oca, una empresa de su órbita, y las causas judiciales. Pero es cierto que Moyano nunca ha iniciado tan disgustado una relación con un gobierno, ni siquiera con el de Macri, y que los momentos de alineamiento gremial generalizado representan para él la oportunidad de diferenciarse y reafirmar atribuciones.

Lo más probable es que, como siempre, todo quede supeditado a lo más incierto de la Argentina, los resultados económicos, condicionados a su vez por lo único concreto: el poder sindical funciona aquí con inigualable eficacia. Un caso de éxito.