Las razones detrás de un trámite más veloz

La causa de los cuadernos de la corrupción se convirtió en el principal expediente que dejó a la luz un sistema de recaudación ilegal que explica el financiamiento de la política, el enriquecimiento de los funcionarios y el modo en que se perpetúa un esquema de negocios ilegales entre los empresarios y el Estado.

Esta maniobra se probó como para llegar a la instancia del juicio oral tras una instrucción judicial que duró un año y un mes, y que estuvo a cargo del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli . Antes hubo cuatro meses de investigación periodística a cargo de un equipo de LA NACION, que puso el asunto en manos de la Justicia .

Esta rapidez en poder llevar a juicio un asunto tan complejo y revelador encuentra su explicación en tres pilares: la decisión del juez y del fiscal de llevar adelante la causa sin que entre en los meandros judiciales donde los expedientes se pierden en laberintos del olvido; la existencia de un registro detallado de los pagos, que es una prueba material y concreta, y la aplicación de la ley del arrepentido, que permitió las confesiones de los empresarios sobre los pagos ilegales y los aportes de los funcionarios a la Justicia que explicaron el mecanismo de recaudación.

Finalmente la prueba se trató de una mutua corroboración entre los registros de los cuadernos de Oscar Centeno y las declaraciones de los empresarios que reafirmaban lo que el chofer había volcado por escrito.

Le ley del arrepentido, que se venía usando en casos de narcotráfico y que en las causas de corrupción debutó con la declaración de Leonardo Fariña en las causas de la obra pública, o de Alejandro Vandenbroele en el caso Ciccone, se trasladó al caso de los cuadernos. El sistema político crujió y el poder económico permanente quedó expuesto en evidencia como nunca. No pudo frenar lo irreversible, a lo sumo se abocó a tareas de control de daños.

El Gobierno, que se vio favorecido por ver a sus adversarios políticos del kirchnerismo tras las rejas, terminó salpicado por el mismo fango cuando Bonadio pidió indagar al padre del presidente Mauricio Macri por su complicidad en la trama de sobornos, o cuando procesó al primo del Presidente por pagar coimas para asegurarse la continuidad de contratos de su constructora.

Cuando la causa se encaminaba sin desvíos hacia la corroboración de cada hecho y sumaba cuerpo tras cuerpo, el kirchnerismo encontró en una denuncia de espionaje sobre Stornelli el camino para cuestionar el modo en que construyó su investigación.

En el juzgado de Dolores los presos del kirchnerismo se presentaron como víctimas de operaciones donde acusaron a Stornelli de presionar a empresarios con información de inteligencia para obligarlos a arrepentirse. En ese caso Stornelli se negó a ir a Dolores tras desoír cinco citaciones a indagatoria porque entiende que detrás de ese caso se monta una operación para dinamitar la causa de los cuadernos. Ahora que elevará el caso a juicio, su faena terminará.

Aun cuando ganó al menos 60 días hábiles tras el nuevo sumario que le inició la Procuración, pesa sobre el fiscal un pedido de juicio político que tarde o temprano deberá resolverse.

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