Los acuerdos secretos que sellaron el Gobierno y Barrionuevo después de las PASO

El reciente apretón de manos entre diferentes funcionarios macristas y Luis Barrionuevo contempló mucho más que un acuerdo electoral subterráneo para que la tropa del legendario sindicalista trabaje en las comunas más adversas de la ciudad de Buenos Aires para la reelección de Horacio Rodríguez Larreta.

A través de diferentes interlocutores se pactaron, además, otras dos cosas importantes. Una fue la aprobación por parte del Ministerio de Producción y Trabajo de la modificación parcial del estatuto de los gastronómicos, una suerte de biblia interna que blinda a Barrionuevo de cualquier atisbo opositor que insinúe desplazarlo. Él ocupa el cargo de secretario general desde 2001, aunque comenzó a tallar con fuerza en el gremio desde 1979, incluso con los militares en el poder.

El segundo acuerdo, quizás el de mayor impacto, se concretó después del triunfo electoral del kirchnerismo en las PASO del 11 de agosto. Se acordó con el Gobierno la extensión del mandato por 150 días de un hombre de Barrionuevo que está al frente de la intervención de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra), que reúne a vigiladores privados, espías, patovicas y policías exonerados.

Rodolfo "Coco" Alonso, el delegado normalizador de la Upsra, llegó hasta allí avalado por el ministro Dante Sica, aunque con la venia del jefe gastronómico y de Enrique "Coti" Nosiglia, el histórico referente radical que aún influye en la gestión macrista.

El atractivo político del gremio de los vigiladores no es la recaudación de la cuota sindical ni la caja de aportes a la obra social. Cuenta con 15.000 afiliados, aunque sus directivos y los funcionarios de la Secretaría de Trabajo reconocen que podría tener muchísimos más. El verdadero interés es la información que recolectan sus afiliados, muchos de ellos diseminados en sitios oscuros y secretos. La cosecha de la mirada indiscreta.

El artículo 3 del estatuto de la Upsra dice que sus representados son aquellos trabajadores que presten servicios de las siguientes tareas: custodios personales, de valores y de pagadores; vigilancia en bancos, casas de crédito y compañías de seguro; vigilancia en remates, hoteles y casas particulares; prevención de accidentes y robos; investigación de conductas prematrimoniales; acumulación de pruebas para procesos judiciales y localización de máquinas y vehículos prendados; vigilancia y control de carga y descarga de mercaderías y control de entrada y salida de personal; investigaciones o asesoramientos en asuntos civiles, comerciales o criminales; localización de deudores morosos; prevención e investigación de robos y hurtos; contraespionaje industrial y vigilancia, y seguridad en instituciones o empresas públicas.

La Upsra está intervenida desde fines de 2016. Por entonces, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no avaló el proceso electoral interno y desbancó de la conducción a Ángel García, un exaliado de Barrionuevo. Ubicó allí a Patricio Lombilla como interventor. García judicializó la disputa, logró un fallo favorable de la Sala IX para regresar al gremio, aunque aún no obtuvo sentencia firme. Triaca también impugnó la maniobra del principal opositor de García, Leónidas Requelme, quien explora ahora un acuerdo con la intervención para quedarse con el mando del sindicato si es que se normaliza la puja interna.

La pulseada por el gremio de vigiladores fue una cuenta más del rosario de irregularidades que empujó a Triaca a dejar el gabinete de Macri. Hace un año, cuando aún oficiaba como ministro, fue denunciado por presunto desvío de fondos, extorsión y cohecho en la Upsra. La causa, bastante inconsistente según fuentes de Comodoro Py, recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.

El denunciante fue Cristian Raúl Felice, un empresario que habría brindado servicios de limpieza y seguridad en la Upsra a través de las firmas Advance AG SRL y Security AG, de las que fue gerente. Involucró en la acusación a Sergio Borsalino, cuñado de Triaca y exasesor de la cartera laboral; Adrián Corti, que integraba el plantel de seguridad del funcionario; Lombilla, el delegado normalizador que había ubicado el Ministerio de Trabajo antes de la llegada de Alonso, y Patricio Castro, un afiliado del gremio de vigiladores que se desempeñó a sueldo en el organismo laboral hasta comienzo de 2018. Felice recurrió a la Justicia al detectar irregularidades en la facturación y en los servicios que debía prestar su empresa. Habría aportado como prueba un video que luego se hizo público en el que aparecen Corti y Castro contando dinero en una oficina. En el Gobierno dicen que podría haber un segundo video más comprometedor y que estaría en manos de Barrionuevo. Son habladurías.

El interés de Moyano

En medio de este berenjenal, Pablo Moyano se involucró también en la pelea por el control de la Upsra como padrino de una lista disidente. El número dos de los camioneros le dio su apoyo a Julio Gutiérrez, un dirigente santacruceño que es el referente del tercer sector en disputa entre García y Requelme.

Con sus rivales impugnados, Gutiérrez avanzó en enero pasado con un proceso electoral que la Secretaría de Trabajo no reconoció a pesar de haber enviado inspectores como fiscalizadores. Gutiérrez, a quien algunos gremialistas y funcionarios identifican con el kirchnerismo, reclama para que lo reconozcan como único secretario general. Activó protestas en contra de Sica y Lucas Fernández Aparicio, el secretario de Trabajo. Y ya recurrió a la Justicia. Cree que se quedará finalmente con el sindicato.

"Es una pelea entre bandas", coincidieron en el Gobierno dos fuentes conocedoras de las maniobras de Barrionuevo y Moyano. Los sindicalistas, en tanto, prefirieron el silencio.

La pelea por el control del gremio, que lleva ya tres años de intervención y peleas internas, será en definitiva un asunto a resolver de la próxima gestión. Barrionuevo logró por ahora que Sica extienda la intervención de Alonso por 150 días a partir del 14 de agosto último. El gastronómico y el macrismo imaginan la Upsra como una trinchera política en caso de un eventual regreso del kirchnerismo.