Mesa de Diálogo sin víctimas: cómo construir la impunidad
En la provincia de Buenos Aires se liberarían presos por falta de espacio en las cárceles, sin escuchar a las familias que sufrieron en carne propia la violencia
PARA LA NACION
Si hubo un tema en el cual convergieron diversos sectores de la sociedad, fue el asesinato "a patadas" de Fernando Báez Sosa. Para la querella, los jóvenes participantes son coautores del crimen. Y las voces reclaman justicia. Traducido al sentido común, que los culpables paguen por la muerte de un inocente.
Invito a realizar un experimento mental. Supongamos, por un instante, que estamos en el año 2025, los imputados fueron juzgados, declarados culpables y cumplieron parte de la pena... pero por falta de plazas en las cárceles, los jueces firman su liberación. ¿Acaso la sociedad aprobaría esa medida? La respuesta es obvia. Sin embargo, hoy en la provincia de Buenos Aires se analiza la posibilidad de beneficiar a miles de condenados. Examinemos esta respuesta en sus dimensiones ideológica, empírica, jurídica y ética.
En la dimensión ideológica, la Mesa de Diálogo Interinstitucional, creada ad hoc, está integrada por los tres poderes del Estado, por expertos en temas penitenciarios y por organismos de derechos humanos. Entre otros, asistieron los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo público creado en 1999, consagrado a recordar la dictadura y a promover los derechos humanos en democracia. Y también el CELS, fundado en 1979 bajo el lema "Memoria, verdad y justicia". Y también asistió el inefable Pérez Esquivel, quien tras ganar el Premio Nobel en 1980, lo amortiza día a día en cuanta causa pueda revalidar sus lauros.
Estos organismos que sesgaron, y devaluaron, los derechos humanos gozan del mismo poder que detentaron cuarenta años atrás. Pese a que son organizaciones politizadas vintage, fueron convocadas para dirimir la excarcelación de presos por delito común. Pero la sorpresa no termina allí: los presos mismos fueron convocados para que decidieran su propia situación carcelaria.
Retomemos el experimento mental con una analogía: si en el futuro, en esa hipotética Mesa de Diálogo participaran los acusados del homicidio, la familia de Fernando sería una convidada de piedra. O ni eso. Y por esa patológica obstinación con el pasado, el destino de los violentos sería decidido por organizaciones e individuos que lucraron con la etapa más trágica que vivió la Argentina. Hoy como ayer, sigue vigente la falacia de que el problema es la solución, en este caso, el prejuicio de que los mismos presos pueden participar de sus libertades por una "crisis humanitaria".
En su dimensión empírica, según un informe de la Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, la infraestructura carcelaria aloja a 48.827 reclusos, cuando la capacidad del sistema es de apenas 25.000. Sin embargo, los datos indican que el porcentaje de hechos denunciados no guardan proporción alguna con los ingresos al Sistema Penitenciario Bonaerense: mientras que en 2014, fueron denunciados 93.241 delitos, ingresaron 13.604, en cambio, en 2018, fueron denunciados 79.983 hechos delictivos e ingresaron 19.920 presos -la cuarta parte-, sin contar la cifra negra del delito. Durante el período 2014-2018, apenas el 16% de los autores de los hechos denunciados fueron a prisión. Es notorio entonces que, si bien hay sobrepoblación carcelaria, paradójicamente también hay infrapoblación carcelaria. Si hay demasiados presos, hay muchos más delitos impunes.
Aun dejando de lado estos guarismos, el abordaje de la problemática es de tipo arquitectónico: no hay lugar para tantos presos. Falazmente, de una premisa (no hay lugar para tantos presos), se infiere una conclusión que no se sigue (deben ser enviados a sus casas). ¿O acaso, en una lógica cuestionable, la cantidad de internos debe determinarse por la cantidad de plazas penitenciarias? ¿No será más bien que el número de plazas debe ser el suficiente para alojar a los reos que violaron la ley? Así como del hecho de que no hay plazas suficientes en las escuelas para albergar a los alumnos se deduce que deben construirse más escuelas, o del hecho de que no hay camas suficientes en los hospitales se deduce que deben construirse nuevos nosocomios, análogamente del hecho de que no hay lugar en las cárceles, se infiere que deben construirse nuevas cárceles. Porque el problema no es que hay muchos presos, sino que hay pocas plazas en las cárceles. De más está decir que se aspira a resolver un problema extrajurídico (las plazas disponibles) con una respuesta ideológica con efectos jurídicos.
En su dimensión jurídica, precisamente, es notorio que cuando apela a la excusa de que "no hay lugar" para los presos, el tan desacreditado Poder Judicial se gana otro galardón: liberar presos antes de que se cumpla la pena borrar con una mano lo que se escribió con la otra. No solo eso. A menudo los mismos jueces reconocen que el reo debe ser liberado una vez extinguida la pena, incluso a sabiendas de que volverá a delinquir. Porque la ley así lo ordena. Pero lo inverso no se cuestiona: un preso que no cumplió el plazo de la pena puede ser liberado por una medida discrecional del juez (discreción que no lo habilita para prorrogar el plazo de la pena si ya se venció). Por añadidura, cuando otorgan un beneficio, los jueces recitan el mantra de los tratados internacionales que avalan su decisión. Pero olvidan que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos promueve la construcción de cárceles como solución a la sobrepoblación carcelaria.
Por último, desde una dimensión ética, en el marco de nuestro experimento mental (a punto de ser hecho realidad), la liberación de los asesinos de Fernando por falta de espacio acarrearía una revictimización de la familia. Suena ridículo. Y lo es. Porque la serie de medidas que se están tomando con el fin de desarmar a las fuerzas de seguridad, entre otras señales, muestran el desconocimiento de una realidad irrefutable: según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la tasa de homicidios bajó el 27% durante 2018, período durante el cual estaban vigentes las medidas hoy derogadas.
Desde la organización de víctimas de homicidio y de femicidio Usina de Justicia, solicitamos participar de la Mesa de Diálogo Interinstitucional. Un par de semanas atrás, solicitamos una audiencia con la ministra de Seguridad de la Nación y otra audiencia con la ministra de Justicia de Nación, pero todavía no obtuvimos respuesta alguna. Nuestros reclamos son legítimos, validados por la ley 27.372, cuyo eje es la protección de las víctimas de delitos comunes. Ante esta clara ampliación de derechos, no ser escuchadas implica un retroceso en materia política, jurídica y ética.
Y a propósito de la ética: las víctimas y la sociedad reclaman justicia. La venganza es otra cosa. Es aquello que se promueve cuando el Estado no aplica el monopolio de la fuerza para poder convivir en una comunidad organizada. Cuando se privilegian intereses ideológicos espurios en lugar de atender al dolor de quienes perdieron lo más importante que se puede perder en el tiempo -precario, incierto- de toda vida humana.
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