Las palabras en la era Fernández

Hay momentos y lugares en los que al día se lo llama noche. Fuera del campo de la poesía puede ocurrir por culpa del invierno en Alaska o, quién sabe, debido a un eclipse que le interrumpe a medio planeta la previsible rutina diurna. Nadie dejaría de indicar que esos casos corresponden a situaciones excepcionales. No ocurre lo mismo, pese a su significado originario, con la palabra emergencia, acaso la más travestida del discurso público argentino.

El problema es que a esta voz se la aplicó cuando hubo emergencias, como ahora, y también cuando no las hubo. O cuando ya habían pasado. Tenemos emergencias declaradas de todo tipo, duración y especie, porque gracias a la necesidad de soluciones urgentes se pueden saltear los controles administrativos de la parsimoniosa burocracia. Ese servicio, el de ahorrar deliberaciones y mecanismos de vigilancia institucional, le produjo a la palabra emergencia una erosión semántica lacerante y, en consonancia, un aumento de sus horas extra como eufemismo. De resonancias inquietantes como el ulular de una sirena, la emergencia hecha pieza legal transmutó hacia los superpoderes, la delegación de atribuciones del Congreso al Ejecutivo, el leitmotiv. La Constitución, como es sabido, veda esa delegación y sin embargo ella se cuela gracias al argumento de la excepción, aunque para atrás haya sido costumbre y para adelante vuelva con ganas de perpetuarse.

Como las palabras importan –lo saben los lingüistas pero mejor parecen saberlo los gobiernos- a la recién salida ley de emergencia le pusieron de nombre Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, lo que vendría a ser un eufemismo del eufemismo. Por lo menos para quienes entienden que en esta voluminosa y polifacética ley lo más importante desde el punto de vista institucional no son impuestos ni indexaciones suspendidas sino los poderes delegados. La elocuente palabra superpoderes fastidiaba a Cristina Kirchner cuando las leyes de emergencia anuales de la década ganada se renovaban bajo la sombra de 2001, si bien el país crecía, como se celebraba entonces, a tasas chinas. Ella cuestionaba con su consabido tono magistral a los medios de comunicación que hablaban de superpoderes, pero ahora no lo hizo, tal vez porque estuvo ocupada corrigiéndole títulos malintencionados, según dijo, a Clarín y a LA NACION en el tratamiento de otras noticias(en el caso de LA NACION referida a una cuestión suya personal de la causa que se le sigue por supuesta corrupción en la obra pública cuando se desempeñaba como presidenta, pese a lo cual se hizo carne del tema la Presidencia del Senado mediante un comunicado oficial).

El nombre de la nueva ley no exalta lo excepcional. Consagra la palabra de connotación positiva que ahora encabeza el podio del flamante léxico albertista: solidaridad. Al margen de la discusión sobre la justicia de la distribución de esfuerzos solidarios entre los distintos sectores sociales y productivos –algo que las jubilaciones muestran como en una radiografía- resulta muy significativo observar que este vocablo estelar carece de pasado kirchnerista. El diccionario K tuvo en la letra S la marca Seis, siete ocho, la sintonía fina, la soberanía en sus diversas aplicaciones estatizantes, por supuesto que a la mesiánica soja de otrora, el recurrente soterramiento del Sarmiento, los Sueños compartidos, los superávits gemelos y los mentados superpoderes que no existían según el gobierno matrimonial, pero no hablaba de solidaridad, por lo menos con la intensidad y énfasis de hoy. Se verá con el tiempo si el ajuste que está en marcha (la palabra ajuste, favorita de la protesta callejera, está contraindicada para cualquier gobernante) continúa o no bajo la invocación de la solidaridad, concepto que entrelíneas apunta a clases antes que a personas.

En compensación, el kirchnerismo también tiene un estreno léxicográfico, el neologismo y galicismo lawfare, que anima toda su defensa, la moral, la política y la judicial frente a las causas de corrupción que involucran a sus figuras más prominentes y también a secretarios privados, contadores, financistas y presuntos testaferros en múltiples juzgados y cámaras. Es notable que una sola palabra sea tan rendidora, ya que lawfare también patrocina la inminente reforma judicial. En buen romance, lo que dice el kirchnerismo y que ahora el albertismo está haciendo suyo es que todo, desde los bolsos que trasladaba el remisero Centeno hasta Milagro Sala, desde los dólares embutidos en una caja de seguridad de Florencia Kirchner hasta Lázaro Báez, se explica gracias al lawfare, musa inspiradora, además, de lo que se viene en el Consejo de la Magistratura y en Comodoro Py, y que probablemente pronto convierta en insignificantes los reparos que pudieran tenerse por la falta de frontera entre lo institucional y lo privado en los comunicados de la Presidencia del Senado. Un mismo mal, el lawfare, fue tan potente que hizo creer que había habido una corrupción considerable.

Otra palabra nueva del discurso gubernamental (aquí nueva significa que no había sido frecuentada como concepto político medular) es hambre, lo que induce a sentir que, cualesquiera fueran las mediciones confiables, todo está mucho peor. Hambre, desde luego, ya había (uno de los casos más impactantes, el de Barbarita, había salido de la provincia peronista de Tucumán) pero ahora este drama extremo (y la palabra que lo nombra) fue llevado al centro de la escena, lo que de algún modo hizo que la pobreza y la indigencia tan mentadas por años sean menos ubicuas.

Durante la era kirchnerista existía un puñado de palabras tabú, como alternancia (grieta mediante, nunca se hablaba de que la oposición tenía la posibilidad potencial de gobernar), derrota (en general las elecciones perdidas eran presentadas como triunfos mediante argumentos rebuscados o se las ignoraba) o la expresión conferencia de prensa (porque no existían, pese al reclamo de los periodistas). Más importante aún, llegaron casi a desaparecer del discurso público las palabras corrupción e inflación. Corrupción no volvió del todo con Alberto Fernández (sólo reapareció de manera periférica, no como un problema preocupante, porque mensurarla como amenaza no es tarea fácil para este gobierno), pero inflación sí. Dejó de ser un concepto eludido como lo era en los tiempos de la falsificación de las estadísticas del Indec.

Tampoco hay ahora mayor problema en llamar cepo al cepo cambiario, si bien es cierto que el que está vigente arrancó como reposición durante el gobierno de Macri y significó un crudo testimonio del fracaso de su política económica. Macri no estaba para hacer cuestiones con el sobrenombre de la restricción cambiaria (tampoco los hizo en otros rubros), capaces de reeditar los enojos infructuosos de Ccristina Kirchner, quien en 2012 pedía "cambien ese título mediático" porque "acá no existe cepo cambiario". Explicaba que en Nueva York estaba lleno de turistas argentinos y que el cepo era un instrumento de tortura.

Resplandece ahora, sí, el dólar blue, como se rebautizó al dólar negro durante el kirchnerismo, aunque, hay que ser justos, aquella cultura política cuyo relato fue tan trabajado no apadrinó la alteración cromática. Se cree que en 2011 cambistas clandestinos, que no siempre son cambistas ni del todo clandestinos, para evitar decirle negro por teléfono al verde comenzaron a llamarlo azul en inglés. Al contado con liquidación le decían blue chip.

Como el Gobierno tiene apenas dos semanas de vida es temprano para saber cómo resolverá otras áreas pantanosas del lenguaje público. Otra central –y sobre la que el kirchnerismo fue muy laborioso-, que se verá, es la de la seguridad. A la que muchos argentinos insisten en decirle inseguridad.