Mauricio Macri y Alberto Fernández, en alerta por las mutaciones judiciales

La voz de Mauricio Macri resonó en la Casa Rosada con tono admonitorio cuando ayer les dijo a los jueces que es indispensable que defiendan su independencia. O, en otros términos, que no se dejen llevar por los vientos de cambio. Es que en el Gobierno están expectantes ante lo que pueda ocurrir en la Justicia con un eventual triunfo de Alberto Fernández como presidente y Cristina Kirchner como su vice.

A pesar de que hubo fallos recientes en los que se flexibilizaron las prisiones preventivas, se otorgaron excarcelaciones, como la que posiblemente beneficie ahora a Cristóbal López, los funcionarios de la Casa Rosada no ven un realineamiento automático en Comodoro Py 2002. Al contrario, destacan que hubo jueces que siguieron adelante con los casos de corrupción, con procesamientos y elevaciones a juicio.

No solo Claudio Bonadio, que puso camino al juicio oral la causa de los cuadernos de la corrupción con Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, sino otros magistrados que no frenaron sus investigaciones ni dinamitaron los juicios en marcha.

En el Gobierno dicen que, de todos modos, están atentos a lo que pueda suceder y siguen de cerca los movimientos en cada juzgado, en los tribunales, en la Cámara de Casación y en la Corte Suprema de Justicia.

Estos funcionarios que dialogan con Macri creen ver realineamientos en la primera instancia, con terminales en la Corte que pueden convertirse en un nuevo foco de poder en Comodoro Py 2002.

En los tribunales, en cambio, rechazan esta idea. Con la misma expectativa que tiene el equipo de Macri, los jueces están pendientes de quienes serían los nuevos funcionarios de Alberto Fernández.

Más que el nuevo ministro de Justicia, les preocupa quién sería el procurador general de la Nación, cargo que ocupa Eduardo Casal interinamente desde hace años y que Macri no reemplazó.

Si Fernández es presidente y quiere nombrar un procurador, necesitará negociar con Cambiemos, ya que debe contar con los votos de los dos tercios del Senado, mayoría que no tendría ni con su mejor performance. Por lo tanto, se espera un candidato de consenso, se esperanzan en el Gobierno. Con esta idea, rechazan considerar escenarios con postulantes fundamentalistas que vuelvan a erizar la piel de la corporación judicial.

El procurador es el jefe de los fiscales y, si bien dicta instrucciones generales y no particulares, maneja el dictado de la política criminal. Los jueces federales no verían con desagrado que Daniel Rafecas, uno de los suyos y que tiene relación con Alberto Fernández, llegue a ese cargo. Su nombre fue mencionado en las oficinas del candidato peronista.

Entre los jueces hacen cuentas sobres posibles cambios. Mencionan, por ejemplo, que Rodolfo Canicoba Corral, que festeja la victoria de Alberto Fernández con los dedos en V, tiene 74 años y si quiere seguir siendo juez después de los 75 debe conseguir que el eventual nuevo presidente envíe nuevamente su pliego al Senado. El resto no piensa renunciar. El mensaje que reciben los jueces federales de sus interlocutores en el peronismo es de tranquilidad. Les aseguran que no va a haber cambios ni persecución. No obstante, ellos están atentos. No piensan dejar que toquen a ninguno de los que se comprometieron con la investigación de los casos de corrupción que fueron o están siendo juzgados en los tribunales. Por ejemplo, la causa por la obra pública contra Lázaro Báez y en la que Cristina Kirchner está siendo juzgada fue investigada por Julián Ercolini. Sus colegas cierran filas en su defensa y en la de su tarea.

Uno de los jueces de Comodoro Py que encarcelaron a kirchneristas acusados de delitos aseguró que la política pública de perseguir la corrupción que tuvo lugar en estos cuatro años no se detendrá. Y eso que quien habla es alguien a quien el Gobierno mira con desconfianza. Ningún juez se va a poner por delante de los juicios en marcha, según dijo este magistrado.

Alberto Fernández no piensa así. Habló no solo de la libertad de los presos con prisión preventiva (no de los condenados), también dijo que iba a ser necesario revisar algunos fallos. Este juez señaló que la política que se viene no es liberar a los que están y cambiar presos K por presos M, sino que, en todo caso, los juicios van a seguir, los procesos van a seguir, pero sin la presión para que los acusados estén detenidos.

En el Gobierno están alertas y no les creen. Desde la Casa Rosada vislumbran también reacomodamientos también en la Corte Suprema de Justicia. Si bien el juez Carlos Rosenkrantz seguirá en su cargo de presidente y su colegas no buscarán por ahora reemplazarlo antes de que venza su mandato, ya se están dando realineamientos.