Cuenta regresiva acelerada para no caer en default

Pese a que se trata de una de sus dos principales prioridades (la otra es reactivar y desindexar la economía para evitar que jubilaciones, salarios, tarifas y precios se ajusten por la alta inflación de 2019), quizás haya sido un exceso de optimismo que el presidente Alberto Fernández estimase que el 31 de marzo próximo podría lograr una rápida reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera heredada de la gestión de Mauricio Macri.

Si bien la negociación con los acreedores privados resultará menos compleja que en el pasado debido a los contratos con nuevas cláusulas de acción colectiva, muchos especialistas dudan de que ese objetivo se complete en apenas dos meses. Sobre todo porque, en paralelo, el Gobierno deberá obtener el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI) a un programa macroeconómico consistente y plurianual hasta fin de 2023, que aún no está disponible.

La cuenta regresiva de este proceso para no caer en default fue puesta en marcha por el ministro Martín Guzmán al enviar al Congreso el proyecto de ley para la "restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa" (un tecnicismo referido al cronograma de vencimientos a más largo plazo sin riesgo de cesación de pagos), que será tratado -y seguramente aprobado- la semana entrante en Diputados. En rigor se trata de un respaldo político formal, ya que la delegación de facultades con ese fin en el Poder Ejecutivo está incluida en uno de los títulos de la ley ómnibus de emergencia sancionada a fin de diciembre y otros aspectos (prórroga de jurisdicción extranjera e inmunidad soberana) formaron parte de negociaciones anteriores. La principal novedad es el tope de 0,1% para comisiones, que los especialistas consideran razonable teniendo en cuenta que la deuda bajo legislación extranjera a reestructurar oscilaría entre US$30.000 y US$50.000 millones, sin incluir al FMI con otros US$44.000 millones.

En este marco, el ministro no solo aprovechó la conferencia de prensa para reiterar la voluntad de pago, supeditada a que la economía crezca y genere capacidad productiva y dólares, para lo cual necesita aliviar la carga de la deuda. También negó que la Nación vaya a facilitar un salvataje al gobierno bonaerense, como una forma de apoyar la postergación del vencimiento por US$250 millones -sin quita de capital y con pago de intereses- del bono provincial BP21 desde el 26 de enero hasta el 1° de mayo.

El traspié sufrido por esta experiencia piloto en miniatura ensayada por el gobernador Axel Kicillof, al no conseguir la adhesión del 75% de los tenedores de ese bono y verse obligado a extender el plazo hasta el 5 de febrero, agrega un factor de incertidumbre que podría enturbiar la posterior negociación a nivel nacional. Solo entonces se sabrá si los acreedores se inclinan por la opción conservadora de esperar tres meses para cobrar (asumiendo que ese vencimiento no será reprogramado) o si, después de esa fecha límite, apelarían a la cláusula de default cruzado que los habilita a reclamar judicialmente la aceleración del pago de otros títulos provinciales. Por ahora los pronósticos oficiales y privados están divididos.

Mientras tanto, dos comités de acreedores minoritarios dejaron abiertos otros tantos interrogantes: cuál es el plan económico del gobierno bonaerense para pagar en mayo lo que no puede en enero y el eventual incentivo que podría ofrecer por la espera. Las respuestas posibles serían preservar las escasas reservas netas del Banco Central (que, según la consultora Quantum, ascendían a US$8500 millones a comienzos de enero) y la renuencia del Palacio de Hacienda a sentar un precedente para otras provincias endeudadas.

Por su lado, la Fundación Capital estima que el Tesoro nacional tendría caja suficiente para afrontar los vencimientos en moneda extranjera hasta principios de mayo, incluyendo a acreedores privados y organismos internacionales, tras la postergación hasta agosto del pago de letras en dólares en manos de inversores privados (que totalizaban US$4400 millones en el primer semestre y probablemente formen parte de la reestructuración).

El mismo informe asigna además una alta probabilidad a que, en caso de que las provincias no logren acuerdos con sus acreedores, el Tesoro termine afrontando esas obligaciones (que hasta mayo suman US$930 millones por capital e intereses, de los cuales 530 millones corresponden a la PBA), debido al alto costo que supondría un default subnacional para la negociación en marcha.

Guzmán no estará el martes en Diputados cuando se trate la ley de sostenibilidad, porque ese día disertará en un almuerzo del Council of Americas en Nueva York. Allí reiterará su postura de que otro default sería tan costoso para la Argentina como para sus acreedores, aunque difícilmente muestre alguna carta de negociación. Ocho días después hará lo propio en un seminario sobre economía, solidaridad e inclusión organizado por el Vaticano, donde se entrevistará con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

En el cierre de ese encuentro hablarán dos premios Nobel: Jeffrey Sachs y Joseph Stiglitz, su profesor en Columbia, que en Davos sacudió a los mercados cuando sostuvo que la reestructuración argentina requerirá no solo mayores plazos, sino "recortes importantes" de capital o intereses y que los acreedores debían haber evaluado el riesgo al prestar a tasas altas antes de interrumpir el flujo de crédito en abril de 2018. Tras estas declaraciones, el riesgo país volvió a superar los 2000 puntos y el dólar contado con liquidación tocó los $83,50.

Aunque habló a título personal, Stiglitz no hizo más que describir una realidad ya asumida por los especialistas: el gobierno argentino descartó una salida "a la uruguaya" (extender solo los plazos, sin quitas), porque impide mantener una relación deuda/PBI sostenible en el tiempo. Para la consultora LCG, sería preferible un "haircut" (de 30%) en el valor nominal de los títulos, más que en el cupón de intereses, para mejorar la solvencia a futuro y el rendimiento posterior de los bonos que se ofrezcan en canje.

No obstante, casi todos los analistas coinciden en que, paralelamente, el Gobierno deberá lograr el respaldo del FMI a un programa de política fiscal, monetaria y cambiaria consistente para el período 2020/2023. De lo contrario, no será posible negociar con los acreedores privados ni tampoco extender los plazos para reembolsar la deuda con el organismo (US$44.000 millones), concentrados entre 2021 y 2023 y que no admiten quitas por su carácter de acreedor privilegiado.

Solo en apariencia aquí se presenta el dilema del huevo y la gallina. Aunque Guzmán negó que ese programa pudiera estar disponible hasta que se renegocie la deuda, los acreedores reclamarán la auditoría del Fondo por más que haya fallado en tantas proyecciones sobre la Argentina. Hasta el momento, el shock tributario-redistributivo de diciembre (con suba de impuestos y reemplazo de la movilidad jubilatoria por aumentos de suma fija) hace prever un déficit primario (sin intereses de la deuda) similar al de 2019. Pero los años siguientes son una incógnita, al igual que las perspectivas de crecimiento si no hubiera incentivos para la inversión y la creación de empleo privado.

El prontuario del país tampoco ayuda: en los últimos 40 años se declaró tres veces en default (incluyendo el bochornoso diciembre de 2001) y ocho en 70 años. Además, incumplió en 50 años 26 acuerdos con el FMI. Para los mercados externos es como un adicto que siempre promete no reincidir, pero no logra cumplir.

Esto explica el viaje diplomático de Alberto Fernández a Jerusalén y luego a Italia, Francia y España tras reunirse con el papa Francisco. Esos tres países integran el directorio del Fondo, aunque sin el poder de decisión y veto de Estados Unidos ni la actual influencia de Donald Trump.

nestorscibona@gmail.com

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