Un reclamo absurdo e improcedente

Desde la aparición de las PASO en 2009, los partidos políticos perdieron la libertad de elegir a sus candidatos como quieren, y aquellas se convirtieron en grandes preelecciones o encuestas nacionales de las cuales no surgen gobernantes, sino candidatos y, sobre todo, sensaciones electorales.

La "sensación" que arrojaron las PASO del 11 de agosto es que en octubre habrá un determinado ganador, y de que podría serlo en primera vuelta; pero a pesar de haber generado solo una percepción que puede hacer cambiar el voto a mucha gente en las verdaderas elecciones del 27 de octubre, estas falsas internas han provocado un enorme daño, porque quienes surgen con posibilidades de triunfar no parecen ser bien vistos por esa abstracción denominada "mercado", lo cual está generando un deterioro en la ya maltrecha economía del país.

Como si ello fuera poco, el resultado ha dado lugar a absurdos reclamos de adelantamiento de elecciones, que no solo es innecesario sino además jurídicamente inconsistente. En efecto, realizar las elecciones presidenciales antes del 11 de octubre sería inconstitucional, ya que nuestra Ley Suprema prevé que estas únicamente pueden llevarse a cabo dentro de los 60 días anteriores a la finalización del período presidencial en curso. Por lo tanto un adelantamiento de la elección presidencial solo sería válido en no más de dos semanas, lo cual en nada coadyuvaría a atenuar la crisis que se pretende dominar. Ello, no obstante, si se produjera ese inocuo "adelantamiento", el único que podría decidirlo es el Congreso, porque la Constitución le prohíbe al presidente dictar decretos de necesidad y urgencia en cuestiones electorales; y además debería requerirse que la ley fuera sancionada con un quorum calificado (mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara). De más está decir que esa posibilidad es, por los tiempos que requeriría, institucionalmente nula.

En 2009, se produjo por ley un adelantamiento de cuatro meses de las elecciones previstas para octubre de ese año, pero solo eran comicios legislativos y por ello el cambio de cronograma electoral no tuvo objeciones legales ni constitucionales. Por su parte, quienes reclaman adelantar las elecciones en realidad lo que pretenden es precipitar la entrega del mando. Ese "adelantamiento" no está previsto en la Constitución, que en cambio le encarga al Congreso la designación de un nuevo primer mandatario cuando se produce la muerte, renuncia o destitución del presidente y vicepresidente de la Nación. Por lo tanto, en el contexto actual, para que pueda adelantarse la transmisión del poder del presidente en ejercicio al eventualmente elegido en elecciones generales "adelantadas", deberían presentar sus renuncias Mauricio Macri y Gabriela Michetti, las cuales tendrían que ser aceptadas por la Asamblea Legislativa (el Congreso con sus dos cámaras juntas), que debería poner en funciones al nuevo presidente para que culmine el período iniciado el 10 de diciembre de 2015, e inicie luego el propio para el cual fue elegido (2019-2023).

Semejante movimiento institucional, que conllevaría una crisis más grave que la que se quiere evitar, es francamente absurdo. Es en cambio indispensable dejar que la democracia y las instituciones funcionen con normalidad, para no seguir sumando frustraciones en un país en el que de los 40 presidentes constitucionales que gobernaron desde 1854, solo 15, sin contar al actual, pudieron empezar y terminar sus períodos completos.

Profesor de Derecho Constitucional UBA

Félix Lonigro