Un ajuste para muchos jubilados que provocará reclamos judiciales

El Gobierno concretó y le puso números, finalmente, al ya anunciado ajuste a los bolsillos de muchos jubilados y pensionados. La medida conocida ayer provocará, tal como se preveía, que millones de pasivos cobren el mes próximo sus haberes con una suba nominal inferior al 11,6%, el nivel que habría correspondido de no estar suspendida la fórmula de movilidad aprobada por ley, en medio de protestas sociales, a fines de 2017.

Los aumentos según ese cálculo legal fueron suspendidos por 180 días desde fines de 2019 por la ley de emergencia que aprobó el Congreso a pedido del Poder Ejecutivo. Y ahora que se conocen los números, se prevé que comenzarán los reclamos judiciales por parte de quienes se vean afectados, una situación que los funcionarios no desconocen.

El porcentaje efectivo de variación de los ingresos dependerá de cuánto se cobre hoy y los nuevos valores regirán por tres meses. El hecho de aplicar un 2,3% más un monto fijo de $1500 determina que las subas serán de entre 3,75% y 12,96%. En el caso del haber mínimo, el ingreso mensual pasará de $14.067,93 a $15.891. El haber máximo, en tanto, pasará de $103.064,23 a $106.934,71, lo que significa un alza de solo 3,75%.

De haberse respetado la movilidad de ley, el haber mínimo sería de $15.694 y el máximo, de $114.978,45. Así, con lo ahora decidido en forma discrecional por el Poder Ejecutivo, en el primer caso se cobrarán $197 más y, en el segundo, se perderán $8043,74, ambos por mes.

En el medio de esos dos casos, habrá diferentes porcentajes efectivos de suba. Por ejemplo, quien cobra $20.000 percibirá $21.960, un 9,8% más que este mes. En comparación con lo que le habría correspondido por el cálculo dispuesto en la ley 27.426, son $352 menos cada mes. Y quien hasta ahora cobra un haber de $50.000, tendrá en marzo uno de $52.650, lo que representa un 5,3% más, pero a la vez $3130 menos respecto del monto que habría resultado de mantenerse la fórmula de ley.

Lo decidido por el presidente Alberto Fernández y anunciado por el director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, no solo determina que estos jubilados y pensionados cobrarán menos que lo previsto, sino que, además, seguirán perdiendo poder adquisitivo. En 2019 los haberes tuvieron una recomposición total de 51,1%. Por la inflación del período, la caída del poder de compra fue de 2%. En 2018 la pérdida había sido más fuerte todavía: de 13%.

Desde que defendió en el Congreso el entonces proyecto de ley de emergencia, el Gobierno hizo explícita la intención de achatar la pirámide de ingresos. La situación solo afectará a los pasivos del régimen general que gestiona la Anses, porque los sistemas especiales, que van desde los de docentes y científicos hasta los del Poder Judicial, quedaron exceptuados de la suspensión de la movilidad. Esa decisión contradice el sentido de "solidaridad" que se pretendió darle a la ley 27.541.

¿Cómo se llegó a la pirámide actual de jubilaciones? Si bien hay quienes se retiraron cuando regían otras normativas, hoy el haber inicial para los asalariados se determina estimando, en primer lugar, el promedio de las últimas 120 remuneraciones percibidas (con valores actualizados); de ese promedio se calcula el 1,5% y el resultado se multiplica por el número de años aportados. Así, para alguien con 30 años de aportes, esta prestación será equivalente al 45% del valor promedio de los últimos 120 sueldos. A ese monto se le adiciona otro, de suma fija, que hasta 2019 se actualizaba por la fórmula de movilidad y que este mes es de $6646,22. Alguien con un salario promedio de $50.000 que aportó 30 años, tendrá un haber de $29.146: el 58,3% de su ingreso promedio de los últimos años. La fórmula prevé topes, al igual que hay un sueldo máximo para el cálculo de los aportes.

Mientras que parte de los haberes está definido según el nivel salarial, hay otros (muchos de los que están en la base de la pirámide) que responden generalmente a quienes contribuyeron como autónomos o monotributistas y a quienes adhirieron a moratorias, por no tener los aportes exigido por la ley.