La tecnología avanza más rápido que el Estado

En medio de la escasez de propuestas concretas que caracteriza a la campaña electoral, la mayor osadía que se permiten algunos dirigentes políticos -en rigor, más del oficialismo que de la oposición-, es advertir genéricamente que hay que prepararse para los empleos del futuro ante el vertiginoso avance de los cambios tecnológicos. Pero dejan de lado dos cuestiones importantes: que muchos de esos empleos ya pertenecen al presente y que la Argentina cuenta con una legislación laboral obsoleta, próxima a cumplir medio siglo sin mayores reformas.

Una prueba es la amplia investigación incluida en el libro Economía de plataformas y empleo ¿Cómo es trabajar para una app en Argentina?, de reciente aparición. Sus autores, Javier Madariaga (Cippec), César Buenadicha y Erika Molina (BID Lab) y Christoph Ernst (OIT), analizan la disrupción laboral que significa en el país el incipiente fenómeno de las plataformas digitales (o apps) que vinculan a usuarios con proveedores de servicios y revelan que en 2018 ya empleaban -a través de distintas modalidades- a 160.000 personas, un número equivalente al 1% de la población ocupada.

Los casos estudiados abarcan a cuatro plataformas con casa matriz en la Argentina, más otras siete de capitales extranjeros que se sumaron a partir de 2016, sobre un total de casi 40 con presencia física o virtual en el país. Ellas son Mercado Libre (e-commerce, con operaciones en 12 países latinoamericanos y Portugal); Zolvers (contratación de empleadas domésticas y cuidadores de ancianos); Workana (trabajo free lance remoto en diseño gráfico y web, traductores y marketing); Nubelo (del mismo rubro virtual, adquirida en 2016 por la australiana Freelancer); Iguanafix (reparaciones hogareñas y de automotores); Airbnb (alquiler temporario de departamentos); Glovo (mensajería y cadetería); Cabify y Uber (transporte de pasajeros).

El trabajo explica que las plataformas digitales, con sus heterogéneas modalidades "atípicas" de empleo (definidas por la OIT como trabajo temporal, a tiempo parcial, multipartito y de cuentapropismo económicamente dependiente), pueden ayudar a las personas a insertarse en el mundo laboral (como ocurre con los recientes inmigrantes venezolanos) o a complementar ingresos. También, por sus menores costos y mayor escala, tornan viables intercambios económicos de baja rentabilidad y dan lugar al fenómeno de "gig-economy" o "economía de la changa". El esquema triangular de relaciones entre la plataforma tecnológica, el usuario-proveedor y el usuario-consumidor transforma el contrato de trabajo tradicional, mientras que las funciones de organización y supervisión se realizan a través de algoritmos que toman decisiones sobre la base de la reputación de unos y otros.

Como contracara, los avances tecnológicos en muchas actividades ponen al descubierto enormes vacíos legales, por la sencilla razón de que eran imprevisibles hace pocos años, las nuevas regulaciones marchan a paso mucho más lento y no siempre en la dirección correcta. Nada es ilegal si no hay una ley que lo especifique.

El caso más emblemático fue el conflictivo desembarco de Uber. A tres años de que el servicio fuera declarado ilegal en la CABA (y diera lugar a la justicia por mano propia de los taxistas "caza Uber"), hoy presenta la paradoja de la autorización lograda en Mendoza como "transporte privado por plataformas electrónicas", mientras avanzan proyectos legislativos similares en las provincias de Buenos Aires y Misiones. También es esponsor de la selección argentina de futbol y difunde publicidad televisiva. Javier Madariaga (economista e investigador asociado del Programa de Ciudades del Cippec), precisa que la plataforma no para de crecer, ya que cuenta con más de 35.000 conductores y más de 2,5 millones de usuarios. "En contraste, Cabify, una plataforma muy similar a Uber -añade-, opera desde hace tiempo sin tensión con las autoridades, ya que se adaptó a la reglamentación vigente para remises". Paralelamente, cita el caso de San Pablo, la ciudad con mayor penetración de Uber en la región, con 500.000 conductores; allí, un decreto municipal de 2016 reguló la plataforma en busca de generar incentivos para aumentar la oferta de transporte privado en lugares donde el transporte público es deficitario, además de estipular el cobro de un canon similar al previsto en el proyecto de ley mendocino.

Esto no significa que todas las oportunidades de empleo en las app sean envidiables. El libro de Cippec-BID Lab-OIT incluye Encuestas a Trabajadores de Plataformas (ETP 18) con resultados dispares. Para el 61,3% de los trabajadores consultados, la tarea hecha es su principal fuente de ingresos, aunque más de la mitad (51,8%) percibe ingresos de otras ocupaciones. Un 22% no vivía en la Argentina hace cinco años. El 54% del total realiza aportes previsionales (el 87% de ellos, a través del monotributo), con el porcentaje más alto en Zolvers (90%), que promueve la formalización de las empleadas por parte de sus clientes y los más bajos en Glovo (1,7%) y Uber (2,3%). Un 42% tiene aportes a la obra social (en el 86% de los casos, vía monotributo). En cuanto a las horas trabajadas por semana, el promedio se ubica en 32,5, con extremos en Airbnb (11,5) y Rappi (58,1). Un 62% se declara satisfecho con su plataforma, aunque mucho más en Zolvers (92,5%) que en Rappi (22,7%).

A futuro, el mayor problema es el encuadramiento laboral. Madariaga advierte que la Ley de Contrato de Trabajo de los años 70, solo regula la relación de dependencia como única modalidad contractual y excluye a los trabajadores independientes del derecho laboral. Más cerca en el tiempo, España y otros países crearon la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, sin resultados satisfactorios. Por eso, el especialista desaconseja ese camino y propone que la LCT debería promover un piso de derechos y beneficios para asalariados, no asalariados, típicos o atípicos. También simplificar y facilitar la formalización de los trabajadores, reconocer su reputación digital como capital privado y portable, e incorporarlos en categorías específicas a las estadísticas oficiales.

Otra prueba de que los avances tecnológicos generan vacíos legales se advierte en sectores muy regulados, como la industria tabacalera. Por caso, Philip Morris Internacional (PMI) invirtió US$6500 millones en el desarrollo de productos libres de humo y menos dañinos que el cigarrillo convencional, como el IQOS lanzado en 2014. No es un cigarrillo electrónico que vaporiza líquidos químicos, sino un dispositivo que calienta tabaco (en unidades denominadas heets, que contienen nicotina) por debajo de 350°, sin generar combustión, humo, ni ceniza y es recargable como un teléfono celular. Actualmente se comercializa en 48 países (entre ellos Japón, Rusia y 14 de Europa), donde 7,3 millones de usuarios modificaron el hábito del cigarrillo. A tal punto que PMI, paradójicamente, acaba de lanzar una campaña con el eslogan "es tiempo de no fumar". Hace dos meses la FDA autorizó la venta del IQOS en los Estados Unidos por considerarlo apropiado para la protección de la salud pública. En esos países, además, la carga tributaria de los heets pasó a ser inferior a la del cigarrillo. Cuando en algún momento llegue comercialmente a la Argentina, donde está formalmente prohibida la venta de e-cigars, esta nueva tecnología requeriría una categoría específica dentro de la Ley del Tabaco.

También en la Argentina, los bancos se quejan por la competencia desleal de las fintech, en buena medida por la asimetría de la regulaciones del Banco Central y los periódicos conflictos con el gremio, aunque muchas entidades van migrando progresivamente hacia la banca digital. Y la moda de los monopatines eléctricos sirvió no solo para reglamentar su uso, sino también para legalizar las motos con motor eléctrico, que circulan desde hace tiempo en la CABA y otras ciudades, pero no podían ser patentadas por carecer de categorización legal. Aquí y en buena parte del mundo, la velocidad de los cambios tecnológicos es supersónica y las regulaciones estatales van al trote.

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