Ironía electoral. Nadie habla de reformas piantavotos en la campaña

Quizás en algún momento del futuro próximo haya que rebautizar el término instituciones en la Argentina, para desvincularlo de la abstracta definición de la Real Academia Española ("cada una de las organizaciones de un Estado, nación o sociedad") y vincular su progresivo deterioro con los problemas que cotidianamente padece la gente de carne y hueso.

En todos los campos abundan las evidencias de esta realidad. Si el país resulta poco confiable para propios y extraños, es porque sus instituciones también lo son después de haber sido desvirtuadas y debilitadas por sucesivos gobiernos a lo largo de décadas, ya sea con el apoyo o la pasividad de buena parte de la sociedad. La gran excepción fue el mayoritario consenso social logrado por el "Nunca más" a las dictaduras militares y la violencia política tras un altísimo costo. Habría que buscar consensos similares en áreas críticas como inflación; tolerancia a la corrupción; narcotráfico; desigualdad ante la ley o deterioro de la calidad educativa, como bases para aproximarse a un país normal.

A casi 30 años de las hiperinflaciones de 1989 y 1990 (la primera fue el "Rodrigazo" en 1975) y tras el costoso parche que significó el fallido régimen de convertibilidad en los ?90, aún no se ha logrado un acuerdo político consistente para bajar la inflación de manera sustentable. Esta anormalidad es mucho más visible en el mundo del siglo XXI, donde 160 países mantienen tasas de un dígito anual. En lo que va del siglo, la Argentina convivió con una inflación crónica de dos dígitos que pulverizó el valor de la moneda, desalentó inversiones productivas y achicó la torta a repartir entre más habitantes, a tal punto que el PBI per cápita es igual que en 2011. Todo esto agravó el problema estructural más dramático: la pobreza también pasó a ser crónica, vino creciendo en los últimos 35 años y hoy afecta a más del 30% de los habitantes -entre ellos, a casi 50% de los más jóvenes-, con su secuela de exclusión para más de una generación y sin certezas de que se pueda revertir la actual movilidad social descendente.

El funcionamiento de la Justicia es otro contrapeso para generar confianza. La impunidad se refleja tanto en causas de corrupción contra expresidentes o funcionarios que suelen demorar más de 20 años o prescriben sin sentencia firme, como en los excesos garantistas que permiten a mafias o delincuentes aprovechar la "puerta giratoria" para reincidir. Mientras tanto, la cobertura de juzgados vacantes avanza tan lentamente como en el Congreso la ley de extinción de dominio para imputados por corrupción o narcotráfico.

Aunque los problemas institucionales y estructurales adquieren mayor visibilidad en los años electorales, el discurso de los candidatos o dirigentes políticos no suele ir más allá de los diagnósticos, frases efectistas o expresiones de deseos para resolverlos.

La actual campaña no es la excepción. Casi ningún candidato a Presidente habla de reformas pendientes, cuya lista es infinita. O, si lo hace, en el mejor de los casos anticipa el título y no su contenido. La razón es que cualquier reforma implica costos políticos o económicos inmediatos a cuenta de beneficios inciertos a más largo plazo y, por lo tanto, es considerada "piantavotos".

Esta táctica, al igual que las promesas incumplibles, tampoco ayuda a generar confianza. Crea la típica sensación de que se buscan resultados diferentes sin dejar de hacer siempre lo mismo como ocurrió tantas veces. La diferencia es que la actual fragmentación del electorado en tres tercios hace suponer que el futuro Presidente -oficialista u opositor- no contará con mayoría propia en el Congreso y que los acuerdos políticos serán necesarios para la gobernabilidad.

Más por necesidad recíproca que por convicción, Mauricio Macri negoció en 2016 con gobernadores y bloques del peronismo no kirchnerista el fin del default de la deuda y luego la sanción de varias leyes y pactos para transferir fondos a federales a las provincias, que incluyeron aportes para cubrir el déficit de 13 cajas jubilatorias que pagan haberes más altos que la Anses. A fin del año anterior, con la misma necesidad. logró la aprobación del presupuesto nacional con déficit primario cero para este año y acceder al auxilio financiero récord del FMI. No obstante, la mayoría de los gobernadores desdobló ahora la elección para "blindar" a sus provincias y cubrirse de la incertidumbre electoral a nivel nacional. Cada uno defiende su "quintita".

Con la inflación existe una falsa unanimidad: todos los sectores están de acuerdo en bajarla mientras el costo le toque a otro. En la dirigencia política, a su vez, ni siquiera hay coincidencias sobre las causas de fondo.

Entre quienes se rasgan las vestiduras por el aumento de la pobreza, el kirchnerismo y la izquierda exaltan el fenomenal aumento del gasto público de 20 puntos de PBI desde 2005 a través de subsidios, moratorias previsionales, planes sociales y empleo público, que hoy hacen que unos 20 millones de personas cobren algún tipo de asignación del Estado en todos sus niveles. Pero dejan de lado que este desborde de gastos no alcanzó a ser financiado por la asfixiante suba y proliferación de impuestos (casi un centenar) a nivel nacional, provincial y municipal, que son solventados por unos 8 millones de contribuyentes. En la era K fueron cubiertos con emisión monetaria e inflación reprimida. En la gestión de Cambiemos, con endeudamiento y sinceramiento de la inflación, hasta que la crisis cambiaria de 2018 obligó a Macri a recurrir a la receta ortodoxa del Fondo de emisión cero y déficit (primario) cero. Y ahora a achicar daños en el margen mediante acuerdos de congelamiento de precios y tarifas, la inmovilización de la banda cambiaria del BCRA y módicos anabólicos para el consumo, a fin de llegar con menores apremios a las elecciones.

Este es el camino más largo y costoso para estabilizar la economía. Nadie recuerda que Grecia y Portugal tardaron más de diez años en salir de sus crisis y bajar significativamente su tasa de riesgo país. Otro tanto ocurrió con Chile a fines de los '90.

Los tropiezos en el manejo de la política económica, al igual que su minoría en el Congreso, atenuaron el ímpetu reformista de Cambiemos. Sólo ahora logró avanzar con la ley para bancarizar y transparentar los aportes empresarios a los partidos políticos (con el rechazo de Cristina Kirchner, quizás por su hábito de financiarse con bolsos de dólares en efectivo), luego de fracasar con sus proyectos de lista única y boleta electrónica. También intenta reflotar el blanqueo laboral para trabajadores en negro (35% del total), con el apoyo de la CGT para sumar afiliados y el contrapeso de elevados costos no salariales que complican su adhesión por parte de los empleadores. En este terreno sigue pendiente la reforma para promover prácticas laborales de estudiantes en las empresas y la actualización de los obsoletos convenios laborales de 1975, previos a la era digital, para adaptarlos a los empleos del siglo XXI, que son resistidos por dirigentes sindicales vitalicios. Y aunque hubo un avance con la nueva ley de riesgos de trabajo para unificar indemnizaciones y reducir las primas de seguro (adhirieron 15 provincias), todavía falta crear los cuerpos médicos forenses en todos esos distritos, mientras se demora inexplicablemente la adhesión de Santa Fe, que concentra 20% del total de juicios.

En su reciente cena anual, el Cippec lanzó META (Metas Estratégicas para Transformar la Argentina) un espacio plural y colectivo con grupos de trabajo multisectoriales para debatir cómo reducir la pobreza; invertir en el cuidado de la primera infancia; exportar para crecer; transformar la educación secundaria para reducir la deserción; promover la energía sustentable, la profesionalización de la función pública y, en todos los casos, medir sus resultados. Su directora ejecutiva, Julia Pomares, explicó que no se buscan consensos, sino "disensos informados" para avanzar como en los andariveles de una pileta y alcanzar esas metas. Tal vez este mecanismo, poco explorado en los últimos 15 años, sirva para reducir la grieta política y reconstruir confianza entre los distintos actores sociales.

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