Coronavirus: un triunfo provisional de la moderación y la cooperación

Nadie sabe aún si la cuarentena masiva será tan exitosa como se desea para aplanar la curva de contagios del nuevo coronavirus, pero sí hay consenso en que era el camino más aconsejable para tratar de evitar una escalada incontrolable.

En cambio, lo que sí ya se puede constatar es que la pandemia ha logrado achatar de manera drástica la curva de la polarización política nacional. Un triunfo parcial y provisional de la moderación. Pero elocuente.

Hasta hace menos de dos semanas, los sectores más mesurados, a ambos lados de la grieta, apostaban, con no pocas resistencias internas, a que el equipo de Alberto Fernández saliera airoso de la principal amenaza que por entonces se visualizaba: la crisis de la deuda pública. La mayoría de los observadores coincidía en que un fracaso en las negociaciones, junto con una profundización del desastre económico, solo beneficiaría a los sectores más radicalizados, encarnados por el cristinismo extremo y el macrismo duro.

Las fotos conjuntas de los últimos días de gobernantes que hace nada recelaban hasta de sus sombras se han traducido en planificaciones en común y en la adopción y aplicación cotidiana de políticas públicas coordinadas entre gobiernos de distinta jerarquía, magnitud y pertenencia partidaria.

No es que feroces competidores de antaño han sido contagiados de un insospechado espíritu altruista. Se trata de algo más sencillo, que las ciencias sociales vienen estudiando desde hace años: los incentivos existentes para adoptar uno u otro comportamiento.

La pandemia del Covid-19 solo ha dejado hasta ahora, en su acelerado desplazamiento por el globo terráqueo, un resultado contundente: no hay ganadores, solo derrotados, y muchos, mortalmente. Advertencia e interpelación para cualquier jefe de un Poder Ejecutivo de cualquier nivel, al que todos miran y de cuyas acciones dependen su salud y su vida.

En este contexto, solo aparecen a la vista incentivos para cooperar. Por el contrario, los refractarios a la colaboración tienden a sufrir la condena social. Mucho más si las cosas llegaran a salir peor de lo que se pretende y se espera. Nadie puede descartarlo y no resultará fácil deslindar responsabilidades.

En una sociedad como la Argentina, caracterizada por la anomia y el individualismo, cuando una mayoría acepta, excepcionalmente, someterse a una norma, el que salta el alambrado se expone al repudio. Más aún cuando sobran gestos de ciudadanos comunes abnegados. Peor todavía si el que se corta solo es uno de los que mandan. Siempre más visibles. Simple.

Los relatos de los funcionarios nacionales, porteños y de la provincia de Buenos Aires que desde hace cuatro días hablan entre sí con más frecuencia que con sus familiares son elocuentes en su coincidencia.

Todos elogian la disposición de los demás a la cooperación y a la coordinación, así como es difícil escuchar críticas sobre las actitudes ajenas. Mucho más cuando se escucha a quienes han compartido horas arriba del helicóptero presidencial para monitorear el cumplimiento del aislamiento social en los corredores públicos porteños y bonaerenses.

La mayor amenaza

Si el virus no sabe de fronteras y no hay jurisdicciones a salvo, en el área metropolitana toda amenaza se potencia. La mayor densidad poblacional del país, la magnitud de las carencias y la acumulación de las demandas insatisfechas, especialmente en el conurbano bonaerense, no dejan a ningún gobernante ni gobierno a salvo de un desastre. La opulencia porteña, siempre relativa, nunca será suficiente ante una crisis sanitaria. Algo más del 35 por ciento de la demanda de asistencia en los hospitales de la ciudad proviene de la provincia. En tiempos normales.

Los testimonios concuerdan en que Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof son conscientes y están actuando en consecuencia con su vulnerabilidad. Ellos prefieren llamarlo responsabilidad. Los riesgos no se limitan a las acotadas prestaciones que podrían ofrecer sus sistemas de salud públicos, aunque lejos estén de parecerse en calidad y cantidad. La provincia siempre está al borde del colapso. Y nunca le sobran recursos. Ahora mucho menos. Un problema que desde hace 30 años solo se profundiza, aunque todos quieran acotarlo al tiempo de su predecesor.

Las últimas horas, en las que el aislamiento social ha llegado a mostrar un acatamiento que en las principales vías de circulación superó el 90 por ciento, la preocupación de los funcionarios nacionales, porteños y bonaerenses ha escalado en torno de otras cuestiones.

Sin embargo, el éxito parcial no invita a nadie a relajarse. El fin del largo feriado es una preocupación de las autoridades. Por eso, Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, menearon la posibilidad de decretar el estado de sitio. Hoy es más una amenaza para evitar la tentación de violar la cuarentena que una medida probable. Pero no hay que descartarla.

El Presidente ha constatado que la población valora su ejercicio de la autoridad (no compartida) y la asunción de la responsabilidad. Lo admiten sus colaboradores más estrechos, que se ocupan de subrayar la combinación de serenidad e hiperkinesis que exhibe el Presidente en esta contingencia, como una expresión de la nueva realidad.

Fuera del control del cumplimiento de la cuarentena, los funcionarios nacionales y metropolitanos reconocen otras urgencias, además de la construcción o adecuación de la infraestructura dedicada a la atención sanitaria. La seguridad, la paz social y la asistencia económica, no solo a los sectores más pobres, obligan a la adopción de medidas urgentes y a la coordinación más aceitada para resultar medianamente eficaces.

La mutación del delito se considera inevitable y ya se han visto algunos casos de creatividad para tratar de delinquir, aunque las calles estén saturadas de agentes de seguridad. Algo similar ocurre con la aparición de algunos intentos aislados de saqueos, que, según los funcionarios, no parecen promovidos por personas carentes de alimentos u otros insumos básicos, pero que se aprovechan de esas necesidades. Prevención, disuasión y asistencia van de la mano. La represión siempre es una respuesta tardía, que nunca alcanza para reparar lo dañado.

También preocupa a los funcionarios de todas las jurisdicciones la situación de los que suelen llamar "los invisibles para el Estado". Son aquellos que no reciben asistencia económica, pero cuya supervivencia pende de un hilo que corta cualquier contingencia. Son cuentapropistas o empleados, generalmente informales (aunque no todos), que se ubican en ese segmento socioeconómico que popularmente se conoce como clase media baja.

La cancelación de casi todas las actividades pone en riesgo la subsistencia de los miles de integrantes de esos sectores. Asistirlos será una tarea mayúscula porque no están dentro de radio demográfico ni geográfico de aquellos a los que el Estado y las organizaciones sociales están preparados para llegar. Tampoco ellos saben de jurisdicciones ni de signos políticos. Se agolpan a uno y otro lado de la General Paz, así como en los alrededores de casi todas las ciudades grandes y medianas del país. Otro reto para un Estado en emergencia.

No debería sorprender, entonces, si no fuera por los antecedentes mediatos e inmediatos, que en estas circunstancias se depusieran diferencias y se aplanaran las curvas de la disputa política, como está ocurriendo. Los moderados, los que tienen conciencia de su rol y su responsabilidad social en tiempos excepcionales, parecen estar imponiéndose. Aunque sea prematura, parcial y provisionalmente.

Los incentivos están de su lado, pero los dirigentes y los personajes públicos no necesariamente son actores racionales a la hora de tomar decisiones. Mucho menos aquellos que confunden el sistema solar con su plexo solar. Nunca faltan ejemplos. Cristina Kirchner o Marcelo Tinelli volvieron a ser consecuentes consigo mismos, aunque no necesariamente con su discurso.

Lucha de clases

Los extremos quedan expuestos al ridículo. Como el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, cuya verborrea suele poner en entredicho la autoridad profesional que se le atribuye. El funcionario creyó encontrar en la pandemia una causa para emprender una extemporánea lucha de clases por Twitter.

Su apología del estado policial y la acusación a las clases altas y "los chetos" (sic) de ser culpables de la llegada del coronavirus se parecen a una caricatura anacrónica de Lavrenti Beria. Aquel jefe policial soviético actuaba a imagen y semejanza de su líder, el tirano José Stalin. Nada parecía estar más lejos que del jefe de Sain, el mesurado Omar Perotti, cuya tolerancia no deja de sorprender.

Los extremos parecen fuera de contexto y encontrarse en retroceso, aunque nunca se rinden ni dejan de estar al acecho. Y la democracia nunca está suficientemente inmunizada. Menos aún en tiempos excepcionales.