Fuerte rechazo social y político a la excarcelación masiva de detenidos

A pesar de las limitaciones que impone el aislamiento por la pandemia de coronavirus a la posibilidad de manifestarse, el rechazo social a la liberación de presos se expresaba con fuerza ayer en todo el país a través de las plataformas digitales. Así, el cacerolazo convocado para hoy a las 20hs, en contra de la iniciativa, se pudo escuchar también anoche en algunos puntos de la Ciudad.

A lo largo del día de ayer una petición en Change.org alcanzaba el récord de firmas; se había convocado a dos cacerolazos y se multiplicaban los mensajes en redes sociales de parte de referentes políticos, judiciales, artísticos y sociales.

Miles de personas se muestran en contra de las excarcelaciones que ya se produjeron -salieron 753 presos de las cárceles bonaerenses y más de 200 de las federales-. Pero también las que se planean de ahora en más. La medida, que cuenta con el aval del oficialismo, busca liberar un porcentaje aún no precisado de los detenidos, para evitar los contagios masivos. En el sistema carcelario, la propagación del virus se produciría entre 8 y 10 veces más rápido de lo común, señalan.

Si bien. en gran medida. la convocatoria bajo la consigna: "No a la liberación de los presos", fue estipulada para este jueves a las 20hs, en Facebook, Twitter y WhatsApp también circuló el llamado para realizar cacerolazos ayer.

Mientras que en la plataforma de peticiones online Change.org, una carta digital titulada "No a la salida de presos" alcanzaba el récord de velocidad de firmas, con 328 mil adhesiones en tres días. El promedio, informaron desde la ONG, es de entre 30 y 40 mil.

La última petición que logró un ritmo de apoyo similar pedía la destitución de los jueces de Casación Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, por bajarle la pena a un hombre que había violado a un chico de 6 años. Ambos renunciaron en 2015.

La misiva está dirigida al presidente Alberto Fernández, quien avaló el lunes que se dispongan las excarcelaciones de presos comunes frente a la pandemia. Así como al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Seguridad de la Nación y la Provincia, Sabina Frederic y Sergio Berni; de Justicia, Marcela Losardo; y el juez bonaerense Víctor Violini, quien le otorgó la prisión domiciliaria a un violador.

Desde distintas organizaciones mostraban su rechazo. El Observatorio de Víctimas de Delitos repudió "la política de liberación y búsqueda de impunidad de detenidos por jueces que utilizan la pandemia del Covid-19 como pretexto".

Mientras que el colectivo Actrices Argentinas rechazó ayer, a través de un comunicado publicado en Twitter, la posibilidad de que, en el marco de la pandemia de coronavirus, se le conceda el beneficio de prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por "femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género".

Por su parte, la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, quien fue baleada en 2010 durante una salidera bancaria en La Plata, expresó: "Ni paranoicos ni del Pro, son familiares de víctimas. No elaboren enemigos donde no los hay, donde solo hay un reclamo justo que no acuerda con el buenismo con delincuentes", en referencia a los referentes que se muestran críticos de la medida.

Grietas internas

La medida también causó rechazo al interior de la coalición oficialista. Como informó LA NACION, la discusión en torno a las excarcelaciones o arrestos domiciliarios en medio de la pandemia dejó expuestas dos miradas antagónicas entre garantistas y duros.

Desde el ala legislativa del Frente de Todos (FDT), el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo que los jueces que liberan presos podrían ser sometidos a juicio político si no cumplieron con la obligación de informar previamente a la víctima.

Más enérgico fue el ministro de Seguridad bonaerense, Berni, quien rechazó de plano las excarcelaciones por el virus y cruzó públicamente al exjuez Raúl Zaffaroni, quien defendió la medida. Además, dijo que las pulseras electrónicas -que servirían para controlar a los presos liberados- son "un verso".

En tanto, la oposición reaccionó con duras críticas al Gobierno. El Pro y la UCR denunciaron que las liberaciones de detenidos ponen en riesgo a la sociedad y alertaron sobre "una epidemia de delitos".

Hace dos semanas, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, pidió a la Justicia que otorgue al exsecretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime el arresto domiciliario por las causas en las que el exfuncionario está condenado a una pena unificada de 10 años de prisión y por las que está siendo sometido a juicio oral. Y el Presidente avaló la solicitud pedido.

Días después, 341 presos alojados en seis cárceles bonaerenses realizaron una huelga de hambre para reclamar a la Justicia excarcelaciones, arrestos domiciliarios y libertades asistidas.

Esta semana, Alberto Fernández dijo que avalaba las salidas de presos. Y ante la fuerte reacción en contra de distintos sectores, incluso dentro de su propia fuerza, ayer salió a ratificar el respaldo a la decisión pero aclaró que la responsabilidad reside en los jueces.

El diputado nacional por la Coalición Cívica, Héctor "Toty" Flores, le respondió por Twitter: "Señor Presidente, muchas veces los hechos son más efectivos que las palabras. Si no hubiera convalidado el intento de intromisión en la justicia por parte de su Secretario favor de un corrupto confeso, quizás este hilo no habría sido necesario", dijo.

Como informó LA NACION, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires deberá expedirse a partir de la semana próxima sobre la liberación masiva de presos en este territorio en el marco de la crisis por el coronavirus . La primera semana de mayo llegará a al máximo tribunal provincial un recurso en queja que redacta la Fiscalía de Casación bonaerense, a cargo de Carlos Altube.

Altuve planteó la queja ante la Corte en contra del hábeas corpus colectivo ordenado por el Tribunal de Casación provincial, que dispuso la detención domiciliaria de cientos de presos. La apelación de Altuve ya fue rechazada por la Casación bonaerense.