La cristinización de Alberto Fernández
LA NACION
En los próximos días, la renegociación de la deuda –esa prolongada telenovela que se parece cada vez más a la cuarentena, de la que nadie sabe cuándo y cómo se saldrá– le brindará a Alberto Fernández una oportunidad para demostrar qué tan "cristinizado" está.
Si, pese a los contratiempos de las últimas horas entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y algunos de los grupos internacionales que representan a los bonistas, el Gobierno exhibe la flexibilidad suficiente para presentar una oferta de canje de deuda mínimamente seductora para la mayoría de los acreedores, el Presidente podrá alejarse de la percepción de subordinación a su vicepresidenta que, en las últimas semanas, ha crecido en la opinión pública.
La decisión de intervenir la empresa cerealera Vicentin y su proyectada expropiación acercaron al primer mandatario a las posiciones más extremas del cristinismo. Provocaron también un lógico sinsabor en empresarios e inversores, que días antes habían visto con agrado el hecho de que el propio Presidente intentase desligarse de un proyecto de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos para que el Estado se quedara con acciones de las empresas a las que está asistiendo en el contexto de la cuarentena forzada. Esas "ideas locas", como las calificó Alberto Fernández, luego del caso Vicentin, por lo visto no le resultarían tan descabelladas.
Pocos funcionarios deben estar tan convencidos como Alberto Fernández sobre la necesidad de evitar el noveno default de la historia argentina. Conoce el jefe del Estado cuáles serían las consecuencias para el país de la confirmación de una cesación de pagos ante la falta de un acuerdo de reestructuración de la deuda. Especialmente para una parte del sector privado argentino que tendrá dificultades para pagar o refinanciar su propia deuda externa.
Sin embargo, durante la entrevista que concedió a Telefe anteanoche, el Presidente pareció ceder ante un argumento que se escucha entre referentes del kirchnerismo. Esa disquisición señala que la situación de la Argentina no cambiará prácticamente nada si el país no refinancia su deuda y no la paga, debido a que ya estaba en un default técnico desde antes de que Fernández llegara a la Casa Rosada.
Una reciente encuesta de la consultora Management & Fit, que relevó a 1020 personas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires entre el 11 y el 15 de este mes, determinó el fuerte peso que tiene Cristina Kirchner en las decisiones gubernamentales, según la particular percepción de la opinión pública.
- De acuerdo con este estudio, dirigido por Mariel Fornoni, frente a la pregunta "¿Quién considera que tiene más peso en la toma de decisiones de la gestión actualmente?", el 42,6% de los consultados citó a Cristina Kirchner; el 39,1%, a Alberto Fernández; el 12,7% mencionó a los dos por igual, y el 5,6% se ubicó entre los que no sabían o no contestaron.
- No menor resulta el dato de que, en el segmento de consultados con más elevado nivel educativo, el porcentaje de quienes sostienen que el mayor peso recae en la actual vicepresidenta de la Nación asciende al 46,3%, en tanto que las menciones al Presidente bajan al 35,5%.
- Solo entre los mayores de 40 años y en el grupo de nivel educativo más bajo, las percepciones favorecen a Alberto Fernández.
La "cristinización" del Gobierno ofrece otros dos indicadores. Uno de ellos es el avance de Cristina Kirchner en el área de Justicia, acrecentado recientemente con la designación de la fundadora de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y del Servicio Penitenciario Federal, al igual que por la creciente influencia que está demostrando la expresidenta en el proyecto de reforma judicial que evalúa el Gobierno.
El otro indicador guarda relación con un estilo que viene cultivando el jefe del Estado, bien propio de Cristina Kirchner, de desautorizar a ciertos profesionales del periodismo que, a través de sus preguntas, pueden incomodarlo.
Hay desde ya una diferencia importante entre un personaje político y otro, desde el momento que el actual Presidente al menos concede entrevistas periodísticas, cosa que casi nunca hizo su antecesora mientras estuvo en la Casa Rosada. Pero el comportamiento de Alberto Fernández ante la periodista de Telefe Cristina Pérez mostró un insólito fastidio ante una pregunta sobre la intervención de Vicentin, que derivó en una injusta descalificación hacia la conductora televisiva.
El primer mandatario, a la hora de pretender justificar la intervención de Vicentin mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, mandó despectivamente a la periodista a "leer la Constitución". Lamentablemente para Alberto Fernández, la Constitución Nacional no faculta al Poder Ejecutivo a intervenir empresas y solo admite que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. También la Constitución dispone que el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, y solo podrá dictar DNU en circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Finalmente, el texto constitucional también le prohíbe al presidente de la Nación ejercer funciones judiciales y arrogarse el conocimiento de causas pendientes.
Basta con leer los artículos 17, 99 inciso 3 y 109 de la Constitución para advertir que Cristina Pérez tenía razón.
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