Coronavirus: se discute si será capitalista o socialista el plan de salida
PARA LA NACION
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Son cada vez más evidentes las dificultades en la Argentina para flexibilizar la cuarentena. Parece inexorable ingresar en un retroceso en las próximas horas en la lucha contra el coronavirus que significará nuevos confinamientos, mayores trabas a la circulación de personas y mercaderías, y un nuevo golpe de gracia para la actividad económica. Mala noticia para las empresas, para los comercios y para las familias que viven del sector privado.
A las presiones políticas de las autoridades de la provincia de Buenos Aires que temen pagar el costo político de un agravamiento humanitario si no se frena la aceleración de los contagios, se sumó en las últimas horas el alerta amarillo del establishment sanitario del país; los responsables de la administración de los centros de salud, no solo del Estado, sino también las obras sociales sindicales y en particular los regímenes de medicina prepaga. Todos avisaron que al ritmo de 2000 o 2500 contagios por día en el AMBA, se agotan las camas de terapia intensiva y los respiradores.
No está claro si la situación es en verdad tan dramática. Todos se cubren de futuras responsabilidades. La opinión pública se pregunta, con toda razón, si no fueron suficientes 100 días de cuarentena para preparar el sistema y tratar de aislar a los infectados con testeos masivos, como hace todo el mundo para frenar la velocidad de los contagios.
Como quiera que sea, ningún político quiere arriesgarse, más si quienes administran los hospitales y sanatorios avisan que pronto podrían estar con el agua al cuello. Así las cosas, las cuarentenas van a seguir y se van a profundizar, al menos durante el invierno.
Pésima noticia para la economía que no tiene chance de recuperar en este escenario, más bien va a seguir en caída libre. Se han comenzado a blanquear pronósticos dramáticos de los economistas más creíbles. Todo indica que la Argentina podría caer entre 12% y 14% este año, el doble de lo que van a caer EE.UU. o Alemania. Probablemente el triple de lo que caigan Chile, Brasil o Paraguay. En todos los barrios de la ciudad y el conurbano la gente observa con perplejidad y tremenda tristeza cómo van cerrando, uno a uno, los negocios de toda la vida.
Los recientes números oficiales del primer trimestre mostraron que la economía venía ya en picada antes de la pesadilla del coronavirus, que lógicamente dio el golpe de knock-out. Hasta las fábricas esenciales que producen alimentos o productos básicos están en riesgo, las obligan a trabajar a pérdida por los controles de precios.
La caída de ventas y rentabilidad venía golpeando a las empresas de consumo masivo ya en los últimos dos años de la administración Macri, pero los primeros pasos de Alberto Fernández no hicieron más que profundizar la desconfianza.
El modelo económico y finalmente las medidas que implementó el equipo de Alberto fue el mismo que impulsó Cristina en el final de su mandato, incluso más agravado, con mayor cepo y mayor estatismo que el original. Se colocó al país al borde del default y las cuarentenas extremas como única respuesta del Gobierno a la pandemia terminaron de fundir a gran parte de la economía privada.
El valor de los activos en la Argentina se desplomó, mientras que las deudas para las empresas, los comercios y las familias no para de crecer. La quiebra del sector privado es generalizada. Por eso alarma tanto la iniciativa del cristinismo para quedarse con Vicentin.
Se torna decisivo para el futuro saber si el Gobierno va a respetar la independencia de la Justicia en los futuros y múltiples concursos de acreedores que se abrirán en el país por el desastre de la pandemia y las cuarentenas extremas.
En el fondo, si se vulnera en forma tan grosera el derecho de propiedad, lo que se está discutiendo es si la recuperación del país será con capitalismo e inversión privada, como ocurrió después de las híper de Alfonsín y Menem a fin de los 80s, o el proceso posterior al estallido de la Convertibilidad en 2001-2002; o si el plan de Cristina y su legado, en el marco del nuevo contrato social que se anuncia, es en definitiva una reforma más profunda, donde se condicione la propiedad privada a un supuesto bien común que administra el Estado como planificador y regulador de la vida de todos. Para ello no se puede avanzar por decreto ni a los empujones contra los jueces. Se debe proponer una reforma constitucional.
Prácticamente todas las iniciativas económicas que se discuten hoy en la Argentina tienen el sello estatista del Instituto Patria. Inspiradas en dirigentes de izquierda de gran honestidad intelectual como Carlos Heller o Claudio Lozano, entre otros, que toda la vida propusieron un Estado regulador, expropiando empresas, y que han logrado convencer a sectores del peronismo que la única opción de la Argentina, más ahora con los efectos devastadores de la pandemia, es ir a un estatismo extremo con intervención en las empresas para garantizar la actividad y el empleo.
No es casual que haya sido otra vez la Argentina productiva y del interior profundo, y también la Argentina urbana de la clase media la que se puso de pie para recordarle al Gobierno y al país que la mayoría de los argentinos no votó por Alberto Fernández para que estatice empresas y persiga la inversión privada. Por algún motivo Cristina decidió que el candidato no fuera ella, tampoco Sergio Massa fue convocado para promover el socialismo del siglo XXI en la Argentina.
La solución del caso Vicentin excede los detalles de un mero concurso preventivo de un grupo económico al que le ha ido mal. Significa una señal determinante sobre el futuro de la Argentina y cómo habrá de levantarse el país tras lo que será seguramente la crisis más devastadora de su historia. Si la idea es resurgir con el esfuerzo y la inversión privada como se construyó este país cuando llegaron los inmigrantes; o se trata de igualar para abajo, espantar inversores y profundizar desde el Estado la pobreza estructural. Todo regado con asistencialismo y empleo público para todos, todas y todes.
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